Los votantes del PP también son coculpables de la represión a los movimiento sociales

25 de diciembre de 2012

Fuente:  Público.

El gobierno justifica a los agentes infiltrados.  ¿Lo entendéis?

Es para evitar actitudes violentas.  ¿Lo entendéis?

Son medidas de prevención y seguridad para la mayoría de los ciudadanos.  Ahora sí que lo entendéis, ¿verdad?

También sirve para defender el derecho de reunión.  Y de manifestación, claro.  Justo ahora encaja todo, justo ahora sí que lo vemos claro, necesario, justo, nuestro deber y salvación.

Sólo nos queda asumir que somos imbéciles y luego darles las gracias por tanto despego de sus privilegios y tanta preocupación por nuestras necesidades y derechos.

Que los infiltran en las manifestaciones y protestas para ser ellos quienes desencadenen la violencia y así los antidisturbios puedan reprimir a gusto, bueno, argumentarán, será por el bien de los ciudadanos de Wisconsin, claro.

Que nos dejan ciegos de un pelotazo de goma, bueno, será porque así se crean puestos de trabajo en el sector del caucho.

Además, los antidisturbios también son seres humanos y hay que mantener sus puestos de trabajo.

El gobierno y el PP justifican lo injustificable.  Son cínicos e insolidarios.

Pero tienen apoyos.  Millones de personas les votaron.  Ellos también son culpables de este cinismo, de esta insolidaridad, de esta violencia, de la represión.  El gobierno, los banqueros, los corruptos, no están solos en sus actuaciones políticas, muchas personas de bien son corresponsables.  Pero a ellos nadie les mira, nadie les interpela, nadie les pide explicaciones o dimisiones o ser consecuentes, o ser solidarios.  Muchos militantes y votantes del PP son corresponsables pero nadie lo nota.  Ellos están ahí, escondidos, tan tranquilos, calladitos hasta que llega el momento de votar e imponer con sus votos la miseria a los demás (a veces, incluso, a ellos mismos).

A esta realidad tan perversa se le puede llamar violencia cultural.  Nos impide ver nuestros errores porque ni siquiera somos conscientes de que hay que analizar nuestros actos personales.  De ella se aprovechan unos pocos.  Es fácil, desde este clima actual echar la culpa del malestar a los que protestan, ellos nos privan de nuestra tranquilidad, tranquilidad mísera, tranquilidad con cada vez menos derechos.  Pero tranquilidad al fin y al cabo.  Desde la perspectiva de la mayoría no se quiere una paz con derechos, simplemente se quiere que nos dejen en paz.  Sin embargo, esta opción de esconder la cabeza como los avestruces ante un problema no nos lleva más que a su agravamiento continuado.

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Antirepresión

21 de diciembre de 2012

Fuente:  Público.

En unos tiempos de crisis tan honda, con tantos retrocesos en los servicios que presta el estado, también en las libertades que podemos ejercer, con tanto “chorizo” llevándoselo con total impunidad, con unos partidos políticos y unos sindicatos que cada vez oyen más la consigna de que “no nos representan”, la gente protesta.

Hasta ahora la mayor parte de las protestas han sido pacíficas y noviolentas, festivas y solidarias.  La gente que protestaba, todos lo sabemos, tenían razones fundadas para hacerlo.

Ante ello, el poder ha optado por un estrategia diversificada:

  • decir que los que protestan tienen razón, pero que no se puede hacer nada,
  • no hacer nada positivo en ninguna de las justas cuestiones que les están reivindicando.
  • estigmatizar a los indignados y protestones, en algunos medios de comunicación, como gente insolidaria con los consumidores o con otros trabajadores,
  • criminalizar a los indignados mediante códigos penales más duros e imaginativos,
  • limitar aún más las libertades de los que protestan y proteger, aún más a los que reprimen,
  • buscar formas, más o menos legales y nunca legítimas, de boicotear las manifestaciones mediante infiltrados, incluidos agentes del orden, se llega a decir en la noticia que recomendamos que los antidisturbios hacen política.
  • reprimir a los manifestantes a base de palos, bolas de goma, de querellas, multas, etc.

Los que protestan se han indignado aún más.  Y ya son múltiples las protestas cada día, unas convergen con otras, se mezclan, se apoyan, se complementan, …

Tanto la represión como las protestas ocurren en múltiples países.

Las organizaciones están preocupadas porque sus militantes, y ellas mismas, tienen que asumir elevados costos en multas, represión, juicios, etc.  ¿Cómo se puede dar respuesta a esta situación?

1.-  No es momento, ni es posible políticamente echarse atrás:  “Hay pocas conquistas sociales, por no decir ninguna, que se hayan conseguido sin la protesta”.

2.-  Parece que los gobiernos tienen un objetivo claro:  que a su violencia se conteste con violencia.  Ello, piensan, podría llevar a que los movimientos se escindiesen y a que la violenciadel status quo quedase justificada.

3.-  Hay que señalar claramente las responsabilidades de los partidos tradicionales.  Quizá algunos no son responsables de la violencia, pero tampoco están cerrando filas con los represaliados y su postura de apoyo es, en la mayoría de las ocasiones, muy tímida e interesada (poco creíble).

4.-  Es necesario construir alternativas en muchos aspectos de la vida política y “obligar” a los partidos tradicionales a debatir y asumir las propuestas alternativas.

5.-  La coordinación y solidaridad interna son cada vez más necesarias.  Son imprescindibles.  Aguantar la represión solos y/o en pequeños grupos en más difícil que hacerlo de manera masiva y coordinada.


“Salvados” difunde y populariza la desobediencia civil

7 de noviembre de 2012

No queremos añadir más. Un buen programa para explicar la desobediencia civil y sus justificaciones en nuestra sociedad. Hay tantos ejemplos exitosos de desobediencia civil que sobran las palabras.


semana Antimilitarista en Asunción (Parguay). Del 24 al 28 de septiembre de 2012.

4 de octubre de 2012

Fuente: MOC Paraguay.
“Fue un espacio de reflexión y participación en torno a la afirmación de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la solidaridad. Para fortalecer aquellos vínculos y saberes colectivos que resisten a las formas de autoritarismos, imposición y militarización presentes en el país.

El 22 de junio del 2012 la democracia paraguaya sufrió un quiebre, uno de los más duros de los últimos años: el golpe de Estado provocado por el Congreso Nacional, una de las instancias más desacreditadas del país. Junto con este golpe se sucedieron varias situaciones como la aprobación para la entrada de la multinacional extractivita Río Tinto Alcán, el visto bueno para la utilización de las semillas transgénicas, pedidos de reasignaciones presupuestarias para la compra de armas a los militares, la solicitud del documento de la Baja a aquellos que están en edad de cumplir con el SMO como también a las personas trabajadoras, el despido de más de 2 mil personas por ideologías políticas diferentes, casos de nepotismo, la Tv Pública censurada y hechos que permiten escenarios para justificar militarizar el país. Por eso decimos que regresó el autoritarismo, la imposición y la militarización.¿Por qué una semana antimilitarista?Esta Semana llamó a hacer frente a la naturalización del abuso y la dominación, ampliar y unir voces para denunciar la violencia contra los derechos humanos. La usurpación cometida en junio pasado por el grupo de poder parlamentario, demostró de qué manera se privilegió intereses personales y partidarios, se pisoteó y avasalló la decisión soberana del pueblo y se reafirmó la actitud autoritaria y militarizada.La desobediencia civil es una alternativa cuando urge mostrar públicamente la injusticia de la ley”

Puedes acceder a un album fotográfico del evento en Facebook, en la ruta siguiente


La desobediencia civil, el SAT y el 15M

9 de septiembre de 2012

Hiri+gerrilaren+dantzaFuente: Artículo publicado por Utopia Contagiosa en el periódico Es Hora del 7 de septiembre de 2012.

Hace unos días el Sindicato Andaluz de Trabajadores/as (SAT) promovió una acción directa consistente en entrar en varios supermercados, llenar unos carritos de productos alimenticios y salir del supermercado sin pagarlos,  para  entregarlos a varios comedores sociales o a ONG´s.  La acción reivindicaba el rescate a las personas, y no a los bancos, según el comunicado de 8 de agosto del SAT1,   y el propio sindicato la ha denominado “expropiación solidaria de alimentos de primera necesidad”.

Anteriormente, el SAT había desarrollado otra acción directa noviolenta en su línea de desobediencia civil, que no tuvo tanto eco mediático pero que demuestra su actuación coherente: ocuparon la finca militar de Las Turquillas2, en Osuna, Sevilla, denunciando que sus 1.200 hectáreas carecen de uso productivo en manos de los militares y reivindicando que la finca pase a manos de cooperativistas andaluces. Poco después ocupó una fina de una prima del rey en Hornachuelos, Córdoba3.

Desde entonces, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en los partidos políticos y sindicatos, ha arreciado el debate sobre las acciones directas noviolentas y la desobediencia civil.  Incluso este debate y estas actuaciones han trascendido internacionalmente y el Guardian británico citaba a Gordillo, para enfurecimiento de nuestra derecha furibunda, como uno de los cinco ejemplos de desobediencia civil para recordar4.

Las respuestas oficiales y bienpensantes no se han hecho esperar: se trata, dicen, de un robo inadmisible y debe caer sobre los activistas todo el peso de la ley. Rechazo generalizado y predecible de los portavoces de los partidos políticos del régimen (lo que incluye en este caso también un moderado rechazo “a las formas” y no al fondo, del propio jefe de IU en Andalucía), opinantes y comentaristas variopintos de los medios de comunicación en boga (lo que incluye a los comentaristas de La Razón y otros especímenes de derechas ahora con mando en plaza en Radio Nacional y Televisión Española), sindicatos de los que frecuentan al Rey y hasta los principales portavoces del gremio de las grandes superficies y del Banco de Alimentos andaluz.

Incluso el Ministro del Interior, auxiliado por el intrigante Ministro de Justicia, ha ordenado la detención de los participantes de dicha acción del supermercado (de las otras no sabemos que hayan dicho nada), incluído  el Alcalde de Marinaleda y diputado autonómico andaluz, Sánchez Gordillo, que se ha caracterizado en su dilatada vida pública por el uso de la acción directa noviolenta para conseguir reivindicaciones relacionadas con los derechos humanos y las conquistas sociales como se demuestra en el artículo “La economía según Sánchez Gordillo”5

Por el lado contrario, también se han dado variadas alabanzas a la acción, ya sea ensalzando el coraje de plantar cara a la actual situación y de salirse de nuestro encorsetado modelo de participación, ya recordándonos el refrán exculpatorio de que quien roba a un ladrón cien años de perdón, e incluso recordándonos a Robin Hood o a nuestro Curro Jiménez, o haciendo llamamientos a las barricadas y al uso de la violencia en respuesta a la violencia estructural del sistema.

A nosotros, que reivindicamos la legitimidad de la acción directa noviolenta como herramienta política legítima y eficaz frente a la injusticia, lo cierto es que los argumentos que hemos leído hasta ahora, a favor o en contra de los hechos del día 8 de agosto, no nos acaban de convencer y nos parecen demasiado pasionales y poco razonados y explicados. Preferimos analizarlos desde la propia perspectiva de la noviolencia. Veamos:

A continuación queremos abordar el maremagnum de ideas y de sentimientos que a mucha gente les ha supuesto este cúmulo de acciones (que se suman a las del 15 M y a los bloqueos contra los desahucios, etc.) desde las dos perspectivas opuestas que se concitan:

  1. desde el poder y el status quo.
  2. desde la sociedad que sufre y se activa.

1.-  El debate desde el poder y el status quo.

1.1.-  Los intereses (que se pretenden ocultar) del poder.

En el argumentario formalista y leguleyo del poder, que una acción sea contra la ley implica su descalificación absoluta, la de sus actores y la de las propias ideas que la sustentan, salvo que la acción la ejerza el bando propio (ley del embudo político, muy al uso del cinismo político vigente). Por eso, bajo la acusación simplista de ilegalidad se esconde la anatemización de cualquier aspiración a preguntarse por el actual estado de cosas y, mucho más, de intentar cambiarlo.

El anatema hacia todo lo que sea desobedecer al sistema evita el análisis y el diálogo y sirve a los intereses (consustanciales al poder) de ningunear a todo el mundo.  Esta posición no es, por lo tanto, imparcial, sino muy parcial e interesada:  los poderosos defienden (con uñas y dientes disfrazados de legalidad vigente) sus egoístas intereses y privilegios y los problemas que ellos mismos provocan, pretenden eludirlos bajo una capa de silencio y mantenerlos como un conflicto “latente” o irreal. Sólo cuando saltan a la agenda mediática (provocando el escándalo) se ven obligados a abordar este conflicto.

Ahora bien, que una ley, o un conjunto de ellas, sea legal no quiere decir ni que sea la mejor, ni que sea justa, ni que sea legítima por el solo hecho de haber sido votada por el cauce legal. Hay una legitimidad “de ejercicio” que consiste en si sirve al bien común o no y en qué grado es justa o injusta y para quién o para qué intereses porque a todos no se puede contentar.

En nuestro caso, el poder pretende que se olvide o que pase desapercibido el verdadero trasunto de la cuestión:  las políticas neoliberales y las leyes que se aplican y perjudican a la sociedad, favoreciendo claramente a los poderosos económicos (banqueros, ricos, empresarios, especuladores, …).  

El poder pretende trasladar el focoen exclusiva en los jornaleros, en la supuesta violencia o ilegalidad de su acción, en la transgresión de las normas.  La estrategia del poder es algo así como mirar para otro lado (los jornaleros y sus actuaciones) para evitar que se mire a sus responsabilidades, incumplimientos e injusticias.  Si lo consiguen su victoria será doble:  por un lado la gente se olvidará de que ellos son los causantes de la violencia estructural que genera la situación, por otro, conseguirán culpabilizar a los que se mueven de manera noviolenta para culpabilizarles de todo.

El supuesto pacto constitucional (que nunca existió en la medida que nos quieren hacer creer) predica que el fundamento de las leyes y de la acción política son la dignidad y la igualdad de las personas, los derechos humanos, la justicia y el pluralismo y no otras razones.  Pero la ley la han hecho los de arriba para defender sus privilegios y les han blindado haciendo que el sistema de participación existente no permita los cambios que permitirían acercarnos a estos ideales. Es la violencia del cauce burocrático-institucional y formal establecido la que impone la noviolencia y la acción noviolenta como único medio coherente de cambiar las cosas.

El gobierno y sus partidarios pretenden eludir un conflicto real y que genera injusticia a millones de españoles, bajo la apariencia de que con el cumplimiento de la ley y el acatamiento del poder es suficiente, y la acción directa lo que busca es que  ese conflicto oculto y latente se haga visible y salte a las agendas mediáticas, políticas y sociales, desvelando que donde aparentemente no pasaba nada, sí que pasa y provocando un cambio de relaciones de fuerza e,  incluso, una dinámica en la que se pueden abrir nuevos escenarios de lucha social.

Por eso es comprensible que el poder reaccione bruscamente intentando apagar la llama del conflicto así encendida y amenazando con respuestas penales a quienes quieran llevar adelante actuaciones similares.

El verdadero vencedor de este pulso político será el que consiga que su enfoque sea aceptado por la mayoría de la sociedad y los medios de comunicación:  o el acto ilícito que reivindica el poder, o la violencia estructural subyacente que reivindican los jornaleros, los participantes en el 15 M, etc.

1.2.-  ¿Un delito u otra cosa?

En primer lugar no nos parece que los hechos puedan ser descritos, sin más, como un simple delito y, mucho menos, que tras de este argumento se intente silenciar y deslegitimar lo ocurrido, o eludir el asunto sobre el que la acción ha querido llamar la atención: la crisis y el rescate de las personas perjudicadas por las insolidarias medidas políticas impuestas por “los mercados” y sus cómplices políticos y privilegiados.

Menos aún que la invocación de delito se haga con la rotundidad similar a lo que pueden considerarse delitos graves, de alarma social y grave perjuicio a la sociedad, como puede ser un asesinato, un robo o estafar a miles de personas con la adquisición de “preferentes” de los bancos quebrados, pongamos por caso. Algunos ya han dicho que hay delitos y delitos y, desde luego, si estamos ante un delito, no podemos zanjar el asunto demonizando a los activistas y eludiendo su reivindicación.

En el presente caso, en el supuesto de estar ante un delito, lo cierto es que no estaríamos técnicamente ante un robo (que es de lo que se han aprestado a acusar al SAT el gobierno y sus auxiliares vocacionales), pues no ha habido ni violencia contra las personas ni fuerza contra las cosas (los rasgos que definen al robo) y la cuantía económica de lo que contenían los carritos, al parecer, es inferior a la que se considera incluso delito de hurto, con lo que, a lo sumo,estaríamos probablemente ante una mera “falta” que ni justifica las detenciones de los activistas, ni ninguna de las arbitrarias medidas policiales llevadas a cabo.

Pero, siguiendo nuestra argumentación, ocurre que un delito es un acto contrario a una ley que, en general, tiene algunas características diferentes a las del presente supuesto:

  • Persigue un objetivo egoísta, personal, de lucro.
  • Lesiona un bien jurídico esencial para la comunidad.
  • No pretende satisfacer un derecho propio ni ajeno.
  • El delincuente pretende quedar impune, pasar desapercibido, no ser sorprendido en su acción
  • No conlleva una actuación por convicciones
  • No se fundamenta en convicciones político-morales, no apela a los valores compartidos, no reivindica nada, ni aspira a cambiar nada
  • Su resultado querido es, sencillamente, aprovecharse ilícitamente de la acción realizada.
  • No es noviolento en su metodología, desarrollo y pretensión.

Sin embargo, el acto del SAT, siendo ilícito (es decir, contrario a una norma jurídica):

Persigue un objetivo altruista

  • Produce una lesión de un bien jurídico que en lo concreto es menor
  • Busca satisfacer un interés colectivo, comunitario
  • Los activistas actúan con absoluta publicidad, haciendo de su acto un acto comunicacional con el propósito de apelar a la sociedad
  • Además los activistas asumen personal y directamente el riesgo y las consecuencias de su actuación ilegal
  • Actúan militantemente y por convicciones político-morales
  • Aspira a un resultado: cambiar en este caso las reglas de juego injustas que condenan a la miseria a la mayoría de la sociedad y rescatan a los bancos, políticos y corruptos que nos han llevado a la actual crisis.
  • Su actuación es noviolenta en la concepción de la acción y el rechazo al uso de la noviolencia.

Mientras un particular que cometiera un delito o una falta de hurto (en este caso sería lo aplicable con nuestro código penal en mano y no un robo como pretende manipuladoramente el ministro del interior) intenta aprovechar en secreto su acción, los activistas aquí lo que han hecho es aprovechar el efecto publicitario de la ilicitud de su acción para reivindicar otro modo de repartir los costes de la crisis. El propósito es distinto.

De todo ello se desprende que aunque estamos ante una acción ilegal no estamos en principio ante el mismo tipo de ilícitos que constituyen los delitos o la consideración de los delitos usual.  Estamos ante una acción con otra naturaleza y ante una actuación que persigue otros ánimos que ha hecho uso de la infracción de una norma penal para conseguir indirectamente cuestionar una situación estructural injusta y reparable pero que la maquinaria estatal ha blindado para que no cambie y nos ha metido en la cabeza que no se puede cambiar.

1.3.-  Las exigencias del poder hacia los jornaleros y la complacencia con sus propias debilidades.

Es curioso el cinismo del poder que una y otra vez exige a los jornaleros o los activistas del 15 M una coherencia al 100 % y una noviolencia al 100 %.  Si no es así, y molestan en la plaza de Sol o producen un daño a los militares o a unas grandes multinacionales, les condenan categóricamente y les descalifican en lo absoluto.  Ya nada de lo que puedan proponer o hacer es válido.

A los activistas noviolentos se les exige noviolencia al 100 %, olvidando que las acciones noviolenta se desarrollan en una sociedad que es esencialmente conflictiva y en gran parte violenta, por lo tanto, la noviolencia total no existe.  Siempre habrá alguien que reclame que le han violentado sus intereses o sus ideas.  La humanidad nos desarrollamos en sociedades que siempre son conflictivas, siempre están en lucha y las diversas posiciones sociales, políticas o económicas se enfrentan.   No se puede comparar la violencia estructural que ejerce el sistema en todos los ámbitos con la ejercida por los activistas.  Tampoco se puede obligar que el sistema ejerce su violencia desde una postura de superioridad y fuerza, sin embargo, los activistas actúan desde una posición de inferioridad, desde el desamparo participativo en el que nos encontramos ya que se ven abocados por el propio sistema que les corta las vías para plantear sus reivindicaciones y que sean oídas y aprobadas con la actual democracia representativa y delegadora y con unos tribunales de justicias lentos y que juzgan con leyes impuestas por las elites.

Se pone, cínicamente, el grito en el cielo porque se han dañado los derechos de un tercero y la acción ya no es directa, en puridad, los derechos de un automovilista cuando se cortó una calle, o de un quiosquero en Sol, o de una cajera en Mercadona, o de la propia Mercadona.  Hay que respetarles, son sagrados.  Las protestas les deberían tener en cuenta y sólo se debería protestar cuando nadie sale perjudicado, nos dicen.  Entonces no se debería protestar nunca.  Realmente eso es lo que quieren, con el razonamiento anterior no buscan más que su propio interés.  Sin embargo, ¿qué ocurre con todas las personas forzadas al hambre, a la falta de medicinas, a pagar hipotecas que les impiden sobrevivir, a los engañados por los bancos, a sobrevivir con casi nada, a la exclusión, en definitiva?, ¿dónde quedan sus derechos?, ¿no es posible luchar por ellos ni que ellos luchen por lograr justicia?

No nos equivoquemos, no nos dejemos engañar, el poder pretende, con sus exigencias de coherencia total hacia nosotros, llevarnos a la inacción.  Buscan enredarnos en discusiones vanas para inactivarnos.

Es cierto que la coherencia medios/fines debe ser uno de los principales referentes de nuestra actuación, pero ello no puede llevaros a un purismo absoluto. Quien quiere cambiar el mundo debe mancharse los pies de barro, quiera o no quiera.

Sin embargo, los poderosos son muy permisivos con sus propias incoherencias: ¿dónde están los castigos a los banqueros que han hundido bancos, dónde el control a los especuladores que una y otra vez nos imponen sus intereses egoístas ante el bien común de países enteros, dónde el control de la corrupción política a nivel estatal, de comunidades o local, dónde las promesas de cambios en la ley electoral que hagan que la democracia deje de ser delegadora para ser participativa, dónde el reparto progresivo de las cargas sociales, …?

La estrategia del poder es clara, busca anatemizar a los que critican y, sobre todo, a aquellos que se atreven a actuar contra el sistema injusto.  Su objetivo es conseguir que la obediencia ciega sea el paradigma cultural que nos constriña a sólo pretender cambios a las inquietantes injusticias que vivimos día a día por medio de las votaciones cada cuatro años y la delegación permanente.

Alguna gente, descontenta, harta, aboga por las acciones violentas.  Y el sistema y los poderosos lo esperan como agua de mayo porque entonces todo sería meridianamente claro:  no se puede admitir la violencia en las calles, hay que reprimir.  Y lo harían con legitimidad legal e incluso con la que otorga una buena parte de la sociedad.  La violencia de los activistas sería la llave que dejaría paso libre a más recortes legales y de libertades.

2.-  Desde la sociedad que sufre y se activa.

2.1.-  ¿Dónde ponen el foco los desobedientes?

¿Alguien puede pensar que lo que pretendían los activistas era quedarse para uso propio los productos del supermercado, o que querían hacer daño en los negocios a los quiosqueros de la Puerta del Sol, o que querían que ciertas personas no llegasen a sus lugares de destino cuando se interrumpió la circulación en una calle o carretera?  No, ¿verdad?  Todos tenemos claro que los activistas desobedientes no pretenden aquello de lo que cínicamente el poder les acusa. Sin embargo, el poder busca, por todos los medios, desplazar a la discusión de estas cuestiones sin sentido el debate.

Entonces, ¿qué es lo que pretendían los activistas desobedientes?

Hemos querido dejar claro que la postura de los desobedientes es políticamente complicada porque la legalidad no ofrece ninguna opción de oposición a eso que llamamos realidad y que, sin embargo, los activistas se sienten legitimados para oponerse a esa legalidad y a esa realidad proponiendo debates y medidas políticas, económicas y/o sociales que les parecen imprescindibles:  en el caso del 15 M se proponía una lucha contra la corrupción, se pedía la reforma del sistema electoral, se aludía a la gente para convertir la democracia delegadora en participativa, etc;  en el caso de los jornaleros reclamaban la atención social a los cientos de miles de personas que se encuentra, por los recortes del gobierno, en exclusión social y con muy pocas posibilidades de futuro en cuanto a empleo y calidad de vida, reclaman que algo hay que hacer a su favor y que hemos de dejarnos de hacer cosas en su contra.  ¿Es esto incorrecto?  No.  ¿Es necesario?  Sí.

Los desobedientes ponen el foco en el meollo del conflicto latente que supone una salida injusta de la crisis, que reparte desigual y arbitrariamente beneficios y costes entre unas clases pudientes y unas élites cada vez más enriquecidas y beneficiadas por las políticas de ajuste de corte neoliberal en marcha, y una inmensa mayoría de la sociedad cada vez más perjudicada en sus derechos, necesidades básicas y expectativas de futuro.

No se trata de un desigual reparto fruto de la casualidad o la fatalidad, sino, y ese es el meollo del asunto, de un desigual reparto fruto de políticas certeramente aplicadas para provocar desregulación, precarización, desmontaje de servicios básicos y de lo que hemos conocido como estado de bienestar, empobrecimiento de amplias capas sociales y, en definitiva, violencia (sobre todo estructural y cultural) y dominación: una agresión contra la propia seguridad humana.

Los activistas desobedientes han pretendido, como en otras ocasiones:

  • visibilizar un conflicto latente y ocultado por los poderosos, que pretenden que el actual reparto de cargas es lo normal y que la sociedad está conforme con las políticas que ellos mismos aplican “en nuestro nombre” pero sin nuestro beneplácito. Un conflicto que enfrenta a unos pocos cada vez más  poderosos y una mayoría cada vez más desprotegida y sometida y que ya pasa, en muchos casos, por situaciones de vulnerabilidad y de hambre.
  • Apelar a la sociedad para que pidan mayor justicia a los poderes o, en caso de que sigan sin atender estas reclamaciones, para que se activen y apoyen a aquellos que tan mal lo están pasando.
  • Usar de la acción directa y su potencial mediático y simbólico como medio para mostrar las contradicciones del sistema que se dice justo, reivindicar otra salida y mostrar un camino de cambio que apunta a los culpables de la situación y a la alternativa de la solución que supone cambiar dominación y violencia por cooperación y justicia.

Cuando los desobedientes realizan su acción conocen la ilegalidad de la misma y la utilizan pra su reivindicación. Pero, por encima de ella, apelan a valores socialmente compartidos y obviados en la actual receta neoliberal, como son la seguridad humana, la respuesta solidaria y redistributiva frente a la vulnerabilidad y la precariedad, la justicia social y los derechos tomados en serio, las promesas de dignidad, justicia, igualdad, libertad, derechos humanos y efectivo pluralismo que constituyen el núcleo de justificaciones de nuestro peculiar sistema político y legal, y que, según la Constitución que blanden como un catecismo los de arriba, obliga a los poderes públicos a remover todos los obstáculos para que se hagan efectivos.

También deberíamos fijarnos en otras características de la acción de los desobedientes, que en nuestra opinión potencian las cualidades positivas para la sociedad de la acción directa y de la desobediencia civil:

  • Contenidos globalizados,
  • compromiso personal coherente,
  • objetivos revolucionarios o transformadores,
  • metodología participativa e inclusiva,
  • organización asamblearia
  • y desarrollo en movimientos de base.

Incluso más, parece que la acción desarrollada ha buscado y cuidado los aspectos pedagógicos y de diálogo con la sociedad, apelando a sus valores y aspiraciones, y ofreciendo un horizonte de aspiraciones y reivindicaciones indudablemente necesarios. También ha buscado mostrar una cierta ejemplaridad (servir de ejemplo) y eficacia para la transformación (de hecho uno de los centros comerciales ha aceptado entregar semanalmente productos gratis a los comedores sociales de varios municipios y para paliar la situación).  Y también, se han cuidado los aspectos de cohesión grupal y de cuidado interno del grupo, tan importantes como los objetivos políticos a conseguir con la acción.

2.2.-  La llama de la acción directa y el cambio del modelo de participación

Es posible que la acción directa emprendida sea incompleta e imperfecta, pero tal vez su mayor potencialidad es que, a la vez, abre la vía a un ejercicio del propio poder y a la participación política diferente y desenmascara el rígido modelo actual basado en el cauce institucional de unas instituciones ocupadas principalmente por una élite política poliárquica y blindadas por mecanismos poco imparciales al efectivo pluralismo y a los intereses de las mayorías.

Por supuesto que llevándose la comida de los comercios no vamos a conseguir cambiar la situación y que los cambios tienen que ver más con cambios estructurales profundos y distintos. Por supuesto que el contendiente no es Mercadona o cualquier otro centro comercial, sino los intereses creados de ese híbrido financiero-político-social-burocrático neocapitalista y de su programa de ajustes duros.

Pero la acción desarrollada pretende aportar un contenido simbólico de escenificación de otra metodología de lucha y de confrontación directa entre opulencia y carencia injusta.

Ello permite abrir el debate en los movimientos sociales y en la sociedad sobre las metodologías de lucha a desarrollar y, desde nuestro punto de vista reclama mayor debate, mayor coordinación y pluralidad de actuaciones tanto de lucha como de alternativas al modelo actual.

Tal vez se acerca la oportunidad de elaborar colectivamente una verdadera campaña de desobediencia civil que englobe acciones directas noviolentas, acciones formativas y pedagógicas, y otras luchas sociales.

2.3.-  La elección entre la acción violenta y la noviolenta.

En párrafos anteriores defendíamos que es imposible una acción directa noviolenta que sea al 100 % pura, que no contenga ni un miligramo de violencia.  Pero nos es sumamente agradable y habla muy bien de la coherencia y de la honradez de los principios de los desobedientes que optan por la acción directa noviolenta y que renuncian a la violencia como arma de acción política.

También es lógica esta opción porque ya se ha visto en muchas ocasiones que la opción por la violencia lo único que logra es dar más argumentos a la represión y a las políticas de recorte de las libertades.

Es de resaltar la coherencia y la honda implicación que está logrando la sociedad española en su lucha por las libertades y contra los recortes:  se ha optado por la acción aunque signifique desobediencia y se ha optado por la noviolencia.  Ambas son señales de que la sociedad española está logrando una mayoría de edad política muy interesante y esperanzadora.

2.4.-  ¿Con quién nos solidarizamos en el debate surgida con la expropiación-robo de alimentos básicos a varios supermercados para cederlos a comedores sociales?

Se están dando en dicho debate algunas de las claves para entender fenómenos como la desobediencia civil que supuso la objeción-insumisión hace años o lo que supuso tomar la plaza de Sol por el 15 M.  Por un lado está lo legal y por otro lo político:

  • En lo legal hay muchos que opinan que las leyes hay que respetarlas y punto.  Que sin leyes esto sería la jungla.  Que el que elige salir de la ley ha de atenerse a las consecuencias y la sociedad ha de penarle sin trabas de conciencia.
  • En lo político otros oponen que las reglas pueden ser justas o injustas y que toda ley es mejorable y se ha de adaptar continuamente a la evolución de los tiempos y de las sociedades.  Oponen que si una ley es injusta es legítimo desobedecerla, sobre todo si se hace de manera pública, sin esconderse, con motivaciones transformadoras, si no se saca partido personal de la acción.
  • En lo legal muchos opinan que sólo se puede cambiar la ley desde los mecanismos establecidos:  las votaciones democráticas para elegir a nuestros representantes.  Luego, durante cuatro años hay que confiar en ellos y exigirles, por las vías legales, por supuesto, que cumplan lo que nos han prometido.
  • En los político otros piensan que este modelo democrático “delegado” y borocratizado es imperfecto e injusto.  Porque la democracia es delegativa y una vez en la poltrona los elegidos se olvidan de que están al servicio de los electores y se creen los reyes de la montaña.  Porque el sistema electoral es injusto y privilegia a unos y perjudica a otros.  Porque las vías legales para hacer cumplir a los políticos con sus programas, no olvidemos que Rajoy ha incumplido reiteradamente el suyo, simplemente, no existen y, por lo tanto, la ciudadanía se encuentra indefensa ante los políticos.
  • En lo legal muchos opinan que el sistema económico es el mejor de los posibles y que la economía de mercado es sólo un dechado de virtudes, pero que los españoles no la sabemos hacer bien.
  • En lo político otros oponen que la economía de mercado beneficia a los de siempre y perjudica a los mismos una y otra vez (por ejemplo, si un diputado cobra 1.823 € al mes por mantenimiento y manutención, ese debería ser el salario mínimo).  Argumentan que estamos pagando la crisis los que no la hemos provocado (clases media y baja) y que los que la han provocado, no sólo no están pagando con recortes sino que, además, se están lucrando.  ¿Dónde están esas prometidas reformas de los mercados especulativos, de la tributación para que realmente sea progresiva, contra los paraísos bursátiles?  De ellas no ha habido nada y ahora nuestros políticos ni siquiera las mentan.
  • En lo legal alegan los centros comerciales que hay que proteger el derecho a la propiedad.  Se entiende que a su propiedad.
  • En lo político los expropiadores reclaman a estas empresas y a todas las demás que tengan, sobre todo en estos tiempos de crisis galopante, una clara e importante política de responsabilidad social corporativa.

Y ahora todos tenemos la palabra.  ¿Dónde se ha de situar el debate?  ¿Qué ha de primar, lo legal o lo político?

Por otro lado, cuando se opta por la desobediencia civil es, también, porque el Estado y la sociedad no ofrecen vías políticas para mostrar desacuerdos a una parte de la sociedad.  Pensamos que, entonces, la sociedad y la legalidad existente también son concausas de las actitudes desobedientes y que se les debe condenar en la misma medida.  Así fue con la insumisión, el Estado, los políticos del momento, no dejaron a los jóvenes más opción que desobedecer y a ella se aferró la juventud y con ella hizo política.  Ciertamente muchos fueron juzgados y condenados. Muchos cumplieron prisión, pero el movimiento buscó fuerzas y motivación en esos encarcelamientos y siguió en la lucha con ánimos y coherencia redoblada.  Lo mismo ha ocurrido y ocurre con todas las manifestaciones del 15 M.

Si encarcelan a los que han robado-expropiado comida, lo más seguro es que haya más que sigan la misma senda y roben más comida porque saben que es necesaria para mucha gente que ya no tiene nada de donde tirar ni ninguna ayuda estatal para subsistir.  ¿Preferimos el modelo de suicidios de Grecia?  Ahora la gente nos vemos obligados a posicionarnos personal y socialmente.  Muchos lo harán en charlas familiares, en debates de bar;  pero otros irán un poco más allá y darán algún paso en una u otra línea.
Si queréis leer un poco más sobre las características de la acción directa noviolenta y sobre la desobediencia civil, podéis consultar:  Manual de Acción Directa Noviolenta6.

2.5.-  ¿E I.U.?

Pues parece que la mayor parte de sus dirigentes han optado por situarse en la parte legal del debate.  

Pocos han entendido el verdadero y profundo trasfondo de las acciones del 15 M y de los jornaleros del SAT. Sus declaraciones así lo demuestran.  Pero no es sólo lo que han dicho lo que nos preocupa, sino que también, y mucho más, nos preocupa su forma de vivir y de hacer política:  en el fondo, muchos de los dirigentes se implican en el punto de vista legal y no en el légítimo y político.  

Nos parece un craso error porque es en la parte política donde se pueden lograr las transformaciones sociales que anhelan sus bases.  

Pero, ya se sabe, la poltrona apoltrona mucho y parece que a la mayoría de los diputados y dirigentes de I.U. les cuesta mucho entender y hacer suyas las ideas desobedientes y activistas  prefieren condenar las formas y aprobar el fondo de los debates.


¿Qué pasa con los objetores paraguayos?

5 de septiembre de 2012

Fuente: La Nación

Nos cuesta un enorme esfuerzo conocer la situación actual de la lucha de los objetores antimilitaristas en Paraguay, a pesar de ser ésta una de las más llamativas de América Latina.

Si estamos bien enterados del enredo, la cosa está como sigue:

La Constitución paraguaya, de después de la caída del dictador Stroessner, articuló la viabilidad de la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, una de las estructuras de socialización y adoctrinamiento más férreas y arraigadas con que cuenta el militarismo paraguayo.

Dada la negativa de sucesivos gobiernos a permitir esta objeción, los objetores paraguayos, principalmente articulados en torno al SERPAJ paraguayo y al Movimiento de Objeción de Conciencia  paraguayo, articularon campañas para el reconocimiento de la objeción como vía alternativa (no complementaria) al servicio militar obligatorio y para que el número de objetores dispuestos a negarse a servir al militarismo creciera.

Tras muchos tiras y aflojas, al final el depuesto Presidente Lugo firmó una ley bastante favorable a los intereses militares para permitir determinada objeción de conciencia, pero privándola de su carácter político alternativo y sometida a restricciones y discriminaciones groseras.

Lo objetores no se arredraron y siguieron en sus trece, es decir, negándose al militarismo y al servicio militar obligatorio e, incluso, formulando un recurso que cuestionaba ante la Corte Suprema la constitucionalidad de la norma.

Esto ha supuesto que, en mucho tiempo, en años, el número de jóvenes que se niegan a ir al ejército crezca mucho. De hecho muchos jóvenes, en este limbo legal, no sirven al ejército e integran una bolsa cada vez más creciente de gente a la espera de respuesta de la corte suprema sobre la ley de objeción.

Si la Corte declara la iegalidad de esta ley y la discriminación de la prestacion sustitutoria al servicio militar, el número de objetores crecerá, la deslegitimación del anacrónico servicio militar será más que evidente y las posibilidades de que los objetores “embolsados” lleven adelante su amenaza de desacatar cualquier ley que no convierta el servicio militar en voluntario serán más que evidentes.

Pero la Corte no se pronuncia, se toma su tiempo (más ahora, tras el derrocamiento  antidemocrático del presidente Lugo), y esto impacienta a los militares paraguayos, que siguen considerando ofensivo que unos jóvenes desafien sus aguerridas imposiciones.

Por eso el que hasta hace pocos días ha sido el encargado del reclutamiento de jóvenes para el servicio militar paraguayo, General Migdonio Godoy, cumpliendo muy seguramente órdenes de la ministra del ramo (por cierto, del partido del ex general golpista Lino Oviedo, verdadero instigador del golpe dado a Lugo) ordenó que se aplicaran sin contemplaciones las reglas disuasorias de la ley del servicio militar (ley 569/75) que imponía a las emprsas la obligación de que los jóvenes a los que contraten cunten con un certificdo militar de haber realizado el servicio militar (“baja”), al cual ahora, por una decisión de hace unos años por parte de la judicatura paraguaya, también podrá asimilarse el certificado de haber sido reconocido objetor de conciencia.

Con este anuncio de Don Migdonio se pretendía amedrentar a los jóvenes y acabar con su desafiante desacato de pasar del ejército.

Pero al parecer la respuesta no ha sido la esperada: cientos de jóvenes han empezado a pedir que les expidan en papel de ser objetores, con lo que no hacen la mili ni, de momento y hasta que se resuelva la cuestión de la ley de objeción, la prestación militarizada.

De modo que la ministra, en este juego de tirar la piedra y esconder la mano, ha destituído al bueno del General Godoy y ha anunciado que se suspende la aplicación de la ley del servicio militar.

Se ve que la respuesta social es muy honda, tanto como para intimidar al militarismo rampante y al oviedismo golpista.

Por eso desde aquí nuestra  solidaridad y apoyo a los objetores paraguayos y a los grupos que los apoyan, aunque sea tan dificil contar con información suficiente de éstos.


Peces Barba y la lucha por la paz

1 de agosto de 2012

El + Mundo + de + la + pol% C3% ADtica + lamenta + el + fallecimiento + de + + Peces BarbaComo todo el mundo conoce ha muerto Gragorio Peces-Barba.

Los medios oficiales se han encargado de glosar y enaltecer su figura como uno de los políticos que han mostrado cierta bonhomía, muy alejada del uso pasional y sectario en la mayoría de nuestra casta política, y que ha contribuido a la instauración de un sistema político basado en un mínimo ético común (palabra muy querida por Peces-Barba y por H.L.A.  Hart, que la acuñó y a quien tanto aprecio mostró el primero), en el núcleo duro de los derechos humanos y en la tolerancia. Así aparece el elogio a su papel como “padre” de la Constitución y como humanista que ha luchado por la instauración de la democracia.

No podemos dejar de reconocer su innegable contribución a difundir en la España post-franquista el discurso de los derechos humanos. También fue de importancia su esfuerzo por traer a nuestra reflexión jurídica el pensamiento del positivismo jurídico, en sustitución a la justificación “iusnaturalista” previa y marcada de tintes dogmático-católicos y de cierto sesgo reaccionario. No es menos importante su divulgación de la figura y del pensamiento de su amigo Norberto Bobbio (quien, por cierto, mostró gran sensibilidad por las vías noviolentas y antimilitaristas para conseguir la paz entendida como paz estructural y no como mera ausencia de conflictos y derecho humanitario).

Ahora bien, sin negar todo esto, queremos repasar su posicionamiento y su actitud hacia el pacifismo y sus estrategias de lucha, pues Peces Barba jugó un papel de cierto protagonismo que muestra, como pasa con cada persona en esta vida, luces y sombras.

Peces Barba, al respecto, y en la lucha por la paz, ejemplifica muy bien el paso dado desde un primer PSOE comprometido con la causa de la paz y las propuestas del pacifismo (al igual que con el ecologismo y su lucha antinuclear, etc.), hacia otro PSOE que basculó hacia el compromiso por los ejércitos y las propuestas mantenedoras del status quo del militarismo. Incomprensiblemente, en este cambio, Peces Barba mostró una particular desconfianza no exenta de prejuicios hacia los pacifistas, objetores e insumisos, a los que en alguna ocasión tildó con el poco ocurrente sanbenito de antisistemas e insolidarios.

Veamos la evolución:

En lo que respecta a la lucha pacifista de los años 80, dos eran los grandes argumentos que vertebraban la acción del pacifismo español:

1) El rechazo a la OTAN y las bases militares americanas y

2) La lucha antimilitarista contra el servicio militar y la enseñanza de (malos) valores que era el ejército.

En ambos el PSOE ha cambiado mucho desde ese momento en que el Secretario General del PSOE, Felipe González Márquez, en la oposición, remitía una carta al MOC (Movimiento de Objeción de Conciencia) en la que ensalzaba el compromiso por la paz de esta organización pacifista y felicitaba sus luchas contra la OTAN y la conscripción, hasta aquel otro en que el ya presidente de Gobierno Felipe González , entregado a la lógica dominante, manipulaba a la opinión pública para que aceptara la permanencia en la OTAN, la alianza militar privilegiada con Estados Unidos y la permanencia de sus bases militares en España, y mandaba aprobar una ley de objeción de conciencia que llevó a la cárcel a miles de antimilitaristas.

Pero ¿Qué hizo Peces Barba en este período? Fue un diputado discreto, sin opinión ni protagonismo directo en el cambio de rumbo? ¿Tal vez como lo fue ZP, diputado anónimo, disciplinado y desconocido, en la votación a favor de la criminalización de los insumisos?

1) Lo que antes decían:

a) 1980: Proyecto de ley de objeción de conciencia de UCD

El el año 1981, y con motivo del proyecto de ley de objeción de conciencia elaborado por el gobierno de UCD, con Suárez de presidente y el General Gutiérrez Mellado de Ministro de Defensa, el diputado Peces Barba elabora un documento que saldrá a la luz como “cuaderno parlamntario número 8”, editado por el PSOE, en el cual rebate el proyecto de ley de objeción de conciencia de UCD porque viola los derechos fundamentales. En este documento, Peces Barba afirma, entre otras cosas, que la objeción de conciencia no es una mera exención de la obligación del servicio militar, sino la emanación de un derecho fundamental de libertad ideológica, amparado por ello en el artículo 16 de la Constitución, y que por ello no puede darse una interpretación restrictiva de este derecho.

En consonancia con la inmensa mayoría de organizaciones democráticas europeas y con la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el profesor y diputado Peces-Barba, voz autorizada donde las haya, reconocía el carácter de parte esencial del contenido del derecho de libertad ideológica que era la objeción de conciencia al servicio militar.

b) 1981, Incorporación de España a la OTAN

Y en cuanto a la OTAN ¿cómo se posicionaba Don Gregorio?

Por aquel entonces, el  viceportavoz del grupo socialista en el Congreso, Gregorio Peces Barba, intervino en varias sesiones plenarias y de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados para remarcar por diversos argumentos el rechazo del PSOE a la entrada de España en la OTAN, afirmando sin tapujos la apuesta pacifista del PSOE de antes de llegar al poder.

Incluso escribió en El País el 16 de octubre de 1981 (y en otros medios también) que ” hay que oponerse radicalmente a las tesis de los defensores de la entrada en la OTAN”.

Con ello se posicionaba, junto con otros ilustres socialistas (Solana, luego secretario general de la OTAN, Felipe Gonález, que de facto consolidó dicha pertenencia al militarismo OTAN, Narcís Serra, mas adelante ministro de defensa e impulsor de la plena integración española en la estructura militar de la OTAN, Mújica, mas tarde en negociaciones aún no aclaradas con el general Armada, protagonista del intento de golpe de estado de Tejero, y un largo etcétera) en sintonía con el entonces amplio e  influyente movimiento pacifista español.

Dicha posición, por su claridad, ejemplifica muy bien la vuelta de calcetín del PSOE de antes del golpe militar hacia el militarismo posterior a este desgraciado acontecimiento y a la asunción del poder después de las elecciones de 1982.

2) El tránsito y la decepción

Tras la entrada en el gobierno de los ministros socialistas, son muchas las normas que se cambian y muchas las esperanzas de democracia real que quedan aparcadas por el camino.

Como todo período, goza de luces y sombras y no somos nosotros los adecuados para glosarlo ni este es el espacio para ello. Centrémonos en lo que concierne al pacifismo.

a) Peces, protagonista activo de la ley represiva de objeción de conciencia.

En los primeros dos años del gobierno de González, se tramita en el Parlamento  la ley de Objeción de Conciencia, con la que se quería dar respuesta al fenómeno de rechazo al servicio militar cada vez más creciente.

En dicha ley se reducía la objeción de conciencia desde su anterior consideración como un derecho humano, un derecho que emanaba del derecho fundamental de libertad ideológica o de conciencia, a una mera exención de l obligación general de hacer la mili, impuesta a todos los varones.

La importancia del rango legal de la objeción no era una era disquisición irrelevante, porque si se trataba de un derecho humano nada justificaba el modo restrictivo y discriminatorio en que se regulaba, ni su supeditación a una mera obligación de realizar un servicio militar que no era derecho alguno, sino una mera imposición que aparecía como una mordaza impuesta por el militarismo y sin otra justificación que el puro interés militar.

Sin embargo, de tratarse de una mera exención, se estaba elevando el rango de la prestación militar a un deber esencial y casi a un derecho, el cual en determinadas ocasiones y pagando la correspondiente penalidad podía ser excusado por razones o escrúpulos de conciencia.

El propio Movimiento de Objeción de Conciencia y el movimiento pacifista español habían mostrado su rechazo a esta norma y anunciado la desobediencia noviolenta a sus mandatos, en el caso de que se aplicara finalmente.

En la tramitación de la ley, Peces Barba, presidente del Congreso de los Diputados y ex-defensor del carácter de derecho fundamental de la objeción de conciencia, vio en seguida el problema del rango legal de la objeción de conciencia y recomendó a la ponencia que elaboraba la ley que desglosara ésta en dos leyes:

  • Una de carácter ordinario que regulara la exención (no el derecho) de objeción, que estableciera el proceso de declaración de objeción y el tribunal que admitiera o rechazara su declaración, que prohibiera la objeción de conciencia una vez iniciada la prestación militar, e impusiera la realización de una prestación sustitutoria del servicio militar de carácter disuasorio (mayor duración que aquel, etc.);
  • Una ley orgánica que básicamente estableciera el acceso al recurso de amparo de los objetores (algo que no podía impedirse porque el propio texto constitucional lo garantizaba para los objetores al servicio militar) y que articulara el régimen penal para aquellos (penas de 2 años, 4 meses y un día a 6 años de prisión).

El papel de Don Gregorio, por ello, fue más que relevante en la degradación legislativa a mera exención penalizada y duramente castigada de un derecho humano reconocido como tal por la propia Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y por el propio Peces Barba cuando escribió, en la oposición, el Cuaderno Parlamentario  número 8, de 1981.

b) del “OTAN, de entrada no” a la entrada hasta la cocina en la OTAN

No hemos encontrado posicionamientos explícitos en hemeroteca de Peces Barba a favor de la plena integración en la OTAN en ese período de cambio de chaqueta del PSOE desde su rechazo “de entrada” a la OTAN a su entrada por la escuadra en la OTAN y sus estructuras.

Tampoco hemos visto posiciones suyas sobre la firma por parte de Felipe González de los acuerdos bilaterales de cooperación militar con Estados Unidos, con sus significativa cláusulas secretas y vergonzantes.

Sin embargo, al final de la legislatura, y antes de la convocatoria del referéndum, la prensa se hizo eco de la argucia mandada realizar por Peces Barba en el Congreso haciendo borrar de un acta de sesiones tres palabras “mágicas” de Felipe González en las que se comprometía  a celebrar el referendum que, más adelante, se resistía a convocar y sólo convocó presionado por el movimiento pacifista y social y una vez que tuvo seguro que podía volcar la opinión contraria a la OTAN de la mayoría social.

No es especialmente relevante la argucia de Peces Barba, pues el referéndum se llevó adelante, no con la limpieza que algunos tratadistas del gusto de Peces Barba exigen para una deliberación profunda y un ejercicio imparcial, pero referéndum hubo y ratificó el cambio de chaqueta del PSOE.

3) El rector Peces Barba y la insumisión

Más adelante, la política hacia los objetores de conciencia llevada a cabo por el PSOE en aplicación de la ley de objeción de conciencia trajo como consecuencia la desobediencia civil de tintes antimilitaristas conocida como insumisión y la consiguiente respuesta represiva del PSOE, obligando a la aplicación de una ley que llevo a miles de jóvenes a cumplir condena por negarse a colaborar con el ejército.

Peces calló ante la escalada de jóvenes encarcelados. Tal vez no era su tema. Mientras, otros prestigiosos profesores, escandalizados tal vez por el absurdo de encarcelar a los pacifistas, trazaban líneas y reflexionaban tanto sobre la legitimidad de la desobediencia civil, como sobre a perversión del castigo a los insumisos. Peces, en este debate, guardó silencio.

Pero su silencio tuvo un límite y se rompió precisamente el día en que el juez de Madrid Calvo Cabello (hoy magistrado del Tribunal Supremo) dicto una sentencia valiente y que contemplaba una interpretación de la ley desde parámetros distintos a los que Peces entendía como canónicos, y absolvió al primer (no sería el único) desobediente.

Entoces Peces reaccionó con estrépito en diversos medios y acusó al juez de prevaricar, de haberse vuelto insumiso, de haber aplicado su conciencia y no la ley, de ser infiel a su mandato de juez y a la soberanía popular y un sinfín de argumentos pro-poder y de anatemas a quienes pensaban diferente.

Peces era un hombre de frases lapidarias y muchas veces intempestivas e inoportunas y aquí hizo gala de esta cualidad para maldecir a los objetores e insumisos y a sus luchas, a los que aparentemente no llegó a comprender.

No sólo esto: compiló diversos trabajos y libros en el mismo sentido, elaborados por el elenco de profesores de igual pensamiento legalista, pero sin permiso para los que pensaban distinto, que por cierto eran bastantes y bien armados de argumentos solventes.

La opinión de Peces pecaba de una exageración evidente y advertía que si todos hicieran uso de la conciencia por encima de la ley esto sería un caos. Evidentemente extraer esta conclusión de la lucha noviolenta de los desobedientes antimilitaristas frente al servicio militar es pecar de una excesiva generalización, pues si algo caracteriza a nuestra sociedad no es su exceso de coherencia y de conciencia, sino su sumisión inconsciente a los intereses de unos pocos (y eso sí que os ha traído el regalo del caos actual a pesar del exceso de leyes y reglamentaciones).

Peces Barba no confiaba en la capacidad de la noviolencia para construir una política novedosa.

A diferencia de su amigo Bobbio no dio la importancia debida al derecho a la paz y a las vías para construirla.

Consideró que el estado de derecho sometido a reglas procedimentales más o menos imparciales era ya garantía de paz (al menos de la paz posible) y de todo cuanto podíamos aspirar a realizar y, en los últimos tiempo, y en coherencia con sus visiones formalistas e instaladas del derecho, mostró su disconformidad con las movilizaciones del 15 M y sus propuestas de empoderamiento social, a las que califico de antisitema e incongruentes (igual que antes hizo con los pacifistas).

En todo caso, Peces Barba fue un hombre de contrastes y, en lo que se refiere al pacifismo, un claro ejemplo de la transformación hacia postulados realistas y promilitaristas que ha padecido el PSOE hasta convertirse en el partido que más gasto militar ha traído a España y en uno de los baluartes principales del minicomplejo militar-ideológico-industrial español del que ahora necesitamos desembarazarnos.


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