El gasto militar fue el principal gasto público en Ecuador de 2007 a 2012

5 de enero de 2013

Ceremonia + de + firma + de + Acuerdos

Según el periódico El Universo, el principal gasto presupuestario de los gobiernos de Rafael Correa desde 2007 a 2010 ha sido el gasto militar, con un monto de más de 6.000 millones de dólares.

De esta enorme cantidad económica, el 84% se destinó a pagar el sueldo de los militares, que sufrieron (es un decir) un alto incremento de sus remuneraciones, y el restante 16% se destinó a inversiones militares.

En 2012 el presupuesto aprobado ha sido de más de 1.600 millones de dólares, cantidad nada desdeñable y que, si comparamos el peor trato dado a otros rubros sociales, permite comprobar cuáles son las prioridades que se marca Correa.

Al margen de innegables logros del gobierno de Correa no parece que la apuesta por la militarización y por el gasto militar sea un ejemplo a elogiar y sí, más bien, una rémora que necesariamente pasará factura al pueblo.

Comprobemos el interés del régimen ecuatoriano con el tacto y mimo con que cuidan a los uniformados: su ministra de defensa ha llamado a los ejércitos a defender el proyecto político del gobierno ante eventuales conspiraciones, identificando con alegorías no exentas de retórica el régimen de Correa con los intereses del pueblo antes silenciado.

No parece, a la luz de diversas movilizaciones realizadas con el apoyo de grandes organizaciones campesinas, indígenas y de lucha por los derechos humanos, que piense lo mismo al menos una parte importante de ese pueblo antes silenciado y ahora postergado porque cuando hay dinero o para cañones o para mantequilla, y se usa para cañones, se queda el pueblo sin mantequilla y amenazado de ser recibido a cañonazos, como ocurre en tantos lugares y ejemplos históricos en cualquier latitud del planeta.


Crowdfunding para que se represente la obra teatral “el ruido de los huesos que crujen”

26 de diciembre de 2012

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Os presentamos una iniciativa de sumo interés para difundir la denuncia del militarismo y de la utilización de niños como soldados.

El grupo teatral ” Almaradas” nos ha pedido la colaboración en la difusión de su propuesta de micro-financiación del proyecto para poderlo representar por todo el estado.

Puedes obtener más datos en la página de crowffunding de Verkami, donde además puedes apoyar este proyecto si lo consideras interesante

Os trascribimos a continuación el proyecto en sí:

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
A Elikia la secuestraron cuando tenía 10 años para convertirla en niña soldado y esclava sexual. Joseph tiene sólo ocho años cuando es conducido a patadas al campamento de Elikia, igual de indefenso, igual de inocente. Elikia y Joseph son los protagonistas de “El Ruido de los Huesos que Crujen” (“Le Bruit des Os qui Craquent”), un viaje salvaje y esperanzado hacia la libertad y la dignidad en nombre de todos los niños. “¿Sabes? Elikia quiere decir Esperanza.” Y llevamos esta obra a escena para que esos niños olvidados tengan rostro, voz, futuro.

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La militarización de la Ayuda Oficial al Desarrollo.

9 de diciembre de 2012

Entrega de ayuda humanitaria a la parroquia Capiro

Fuente: Artículo publicado por Utopía Contagiosa en el periódico semanario Es Hora.

A estas alturas nadie se sorprende de la creciente “remilitarización” que están sufriendo desde aspectos sociales a ecológicos, económicos, tecnológicos, de orden público y hasta la inmigración, la protección civil y tantos otros que anteriormente estaban en el ámbito civil.

Este retroceso en el proceso de “civilización” o “ciudadanía” de nuestra sociedad forma parte de la actual lógica neoliberal de refuerzo de los mecanismos de disciplinamiento social y de las estrategias de dominación y violencia desarrolladas por parte de la élite y aplicadas a escala tanto local como planetaria.

Lo que tal vez la sociedad no conozca todavía es hasta qué punto el militarismo y su concepción de los conflictos y de la organización del mundo ha penetrado hasta los estratos más ajenos a la dimensión militar, como es el caso de la ayuda oficial al desarrollo (AOD), donde aparentemente se buscan estrategias de lucha contra las causas estructurales y culturales de la pobreza y de la desigualdad y se aspira a otro modelo de desarrollo basado en la dignidad de todos los seres humanos, en la promoción de los derechos humanos a escala global y en la solidaridad entre los pueblos.

La cooperación de la Agencia Española de Cooperación Internacional por el Desarrollo (AECID) con el militarismo español.

En el caso español, la penetración del militarismo en la AOD es vergonzosa y, dado que tiene un componente económico que se hace pasar por cooperación cuando en realidad es remilitarización, escandalosa.

Por qué no levantan el dedo de forma más alta y eficaz las ONG que se dedican al desarrollo es algo que causa perplejidad, cuando no preocupación.

Empecemos por decir que la AECID, la agencia española desde donde se canaliza la cooperación al desarrollo de ámbito nacional (hay además mecanismos de cooperación de ámbito autonómico, local, etc.) no sólo colabora de forma asidua con el Ministerio de Defensa, sino que ha institucionalizado un marco de relación mutua mediante los llamados Planes Operativos Anuales (POAs), que definen las acciones conjuntas AECID-Ministerio de Defensa, de AOD. Los POAs vienen celebrándose anualmente desde 2002 y su “fundamento” de partida es un “Convenio Marco de Colaboración” firmado en el año 1996 entre la Dirección General de Política de Defensa (DIGEMPOL) y la AECI, actualmente AECID.

Este tipo de acuerdos permite al ejército ejecutar programas de AOD financiados por AECID y de “interés mutuo” que suelen referirse a cursos impartidos por los ejércitos españoles en materias de “operaciones de paz”, prevención de conflictos, o de “formación prioritariamente en el área de desminado” (cursos que se realizan en las instalaciones militares de Hoyo de Manzanares y que se dan a ejércitos de otros países), aunque suele añadirse la coletilla de que pueden desarrollarse otras actividades de mutuo interés.  Aquí nos preguntamos si no sería mucho más colaborador con el desarrollo la no producción de armas y minas, más que enseñar, luego cómo ha de desminarse.  Es curioso, pero en ambos perversos procesos somos nosotros los que nos lucramos.

Junto con ello, AECID financia otras actuaciones del militarismo patrio, principalmente en intervenciones que éste ha venido realizando en escenarios de conflicto, pero sobre todo, en Afganistán, donde hasta la fecha el papel del ejército español ha sido más que relevante y se han encubierto como AOD infraestructuras de interés táctico militar pero muy remotamente de apoyo al desarrollo real de la población.

En este caso, junto con el abastecimiento de agua, construcción de escuelas y la rehabilitación de carreteras (de un alto valor militar) propiciadas por AECID, se ha hecho pasar por AOD la construcción de una pista de aterrizaje y la creación de un hospital de apoyo a los militares en la zona (que esperemos que una vez se marchen revierta en la población local de forma plena, aunque no está garantizada su sostenibilidad). El Ministerio de Defensa, amén de recibir esta cooperación ha propiciado a los trabajos de la AECID la seguridad militar necesaria.

La AECID, además, ha contribuido a la “cooperación cívico-militar” apoyando la articulación por parte del ejército español de unidades de diálogo con la población civil de los lugares en conflicto donde operan nuestros gloriosos tercios (unidades “CIMIC”), tales como Líbano o Afganistán. Dichas CIMIC son parte de la estrategia militar de implantación y buscan crear lazos con la sociedad civil de la zona para mejorar la imagen del ejército en la población. En este caso, ni siquiera desde el punto de vista teórico es sostenible que la colaboración de AECID con estos grupos responda a los principios de la AOD (por ejemplo la neutralidad, lo humanitario, la imparcialidad, etc.), lo cual no evita el apoyo mutuo entre ésta y Defensa.

La cooperación al desarrollo del Ministerio de Defensa.

Pero si nos resulta sorprendente que parte de la cooperación de AECID vaya destinada a colaboración con el militarismo o a desarrollo de intereses del Ministerio de Defensa, más nos sorprenderá lo que, además, el Ministerio de Defensa consigna en sus cuentas como “cooperación al desarrollo”.  Efectivamente, si revisamos el documento “Seguimiento del PACI 2010”, que recoge el monto total de AOD que las diversas administraciones españolas canalizan, podemos sorprendernos de afirmaciones como que en 2010 Defensa excedió los desembolsos programados inicialmente (en concreto los superó en un 226%) para destinar a AOD de sus presupuestos la cantidad de 25,6 mill. €, cifra por cierto inferior a los 43,7 que destinó en 2009.

Tenemos que alertar al lector que, por cierto, estos rubros no salen de los programas previstos en los presupuestos generales del Estado, o al menos no de forma transparente, sino del abusivo mecanismo de Defensa de otorgarse créditos extrapresupuestarios o con cargo al fondo de contingencia.

¿Dónde han ido estos dineros? En su totalidad a la llamada “AOD bilateral” y, por países, el 57,14% a Afganistán (donde mantener las CIMIC cuesta unos 60.000 € diarios durante el tiempo en que se han desarrollado), a Líbano el 35,7%, a Haití el 4,15, a Bosnia-Herzegovina el 1,7, a Mauritania el 0,26%, a Colombia el 0´5% y a Perú el 0,25. Si miramos para qué, nos sorprendería ver la distancia entre la idea de AOD y el uso para infraestructuras y objetivos militares a que se ha destinado esta ayuda.

Juzguen ustedes si están de acuerdo con militarizar, también, la cooperación al desarrollo.


Europa y las guerras de Africa.

27 de noviembre de 2012

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Fuente:  Diario Siglo XXI

Cuando leemos noticias sobre África y sus múltiples guerras y conflictos armados, la primera impresión que tenemos es que todo lo que pasa es ajeno a nosotros y un verdadero jaleo.

Los actores son ajenos:  gente lejana y poco civilizada, mafias, estados corruptos, … Todos los estereotipos son pocos.

Sorprende conocer que Europa ha vendido entre 2002 a 2010 más de 5.000 millones de euros en armas a África. África es un buen cliente y mantiene una cuota de mercado para las armas europeas del 7%.

La fuente de la que hemos tomado estos datos cita a su vez al Centro de Estudios para la Paz del Instituto Catalán Internacional.  Quien quiera ver ese informe, que ha elaborado E. Melero, puede pincharlo aquí.  Añadimos que es espectacular y muy de elogiar.

Si sorprende esta implicación europea, sorprende más la distribución por países.  Les hacemos un acertijo: Miren estos, comprueben las políticas europeas del presente y hagan previsiones de dónde habrá en breve nuevas guerras.

Si nos referimos a la participación española en esa venta de armas, la cuestión también es espeluznante. España ha exportado 402 millones de euros en armas a Africa.

¿Se acuerdan de la retórica del Plan África para ayudar a África? Pues toma plan África.

¿Se acuerdan de la retórica de que Marruecos nos va a invadir a la primera de cambio?  Pues miren por donde les hemos suministrado armas por valor de 191,8 millones de euros. ¿Para invadirnos, para consolidar un régimen autocrático, para reprimir a los saharauis? Cada uno que elija lo que prefiera.

¿Es el cinismo sobre el que se sustenta esta industria de la muerte lo peor de la situación?

Probablemente no.  Lo peor es la comodidad, la arrogancia y la ignorancia con la que todos nosotros estamos manteniendo nuestro “nivel de vida” gracias a la inmoral producción de guerras y violencia en los otros pueblos de la tierra, entre ellos los de África.

Consentir esta situación nos hace tan canallas como a los que venden las armas en nuestro nombre.


“Salvados” difunde y populariza la desobediencia civil

7 de noviembre de 2012

No queremos añadir más. Un buen programa para explicar la desobediencia civil y sus justificaciones en nuestra sociedad. Hay tantos ejemplos exitosos de desobediencia civil que sobran las palabras.


¿Qué hay que defender? ¿Son los derechos humanos un referente de la nueva idea de seguridad humana?

3 de noviembre de 2012

Jugar+por+jugar

publicado por utopía contagiosa en la revista es hora

Si preguntamos a nuestros convecinos qué es lo que debe defenderse en nuestra sociedad, es muy probable que el catálogo de preferencias de la gente (trabajo, libertad, vida digna, igualdad, justicia social, solidaridad, educación, etc.) se parezca mucho a los dd. hh. y a la idea de Seguridad Humana y muy poco al catálogo de “bienes” que los ejércitos dicen defender.  La idea de Seguridad Humana, alejada de la seguridad militar y, en gran medida, cercana al ideal de los dd. hh., empieza a conformar parte de las agendas de bienes “agredidos” y que hay que defender y está llamada a servir de base en la tarea por otra sociedad posible y contra la estrecha forma oficial de ver la seguridad y la defensa.

Ello es más evidente cuando sabemos que el gasto militar mundial supera con creces el 1,7 billones de $, los cuales podrían ser aplicados con mucho mayor beneficio a paliar los déficits mundiales y a practicar derechos negados a la inmensa mayoría de la población del planeta y a la sostenibilidad de la vida en el mismo.

Ahora bien, debemos preguntarnos acerca de qué alcance de la idea de derechos humanos es el asumible para una opción “por la paz” y qué compromisos conlleva esta idea en orden a hacerlos viables como objeto de una defensa desde la paz.

1.-  ¿Qué son los derechos humanos?

Los dd. hh. se han convertido, al menos en occidente, en un lugar de refugio ideal de las aspiraciones de justicia y en un referente ético al que apelar como límite del poder sobre nuestras vidas. Ello es fruto de una evolución histórica y hoy constituye unl referente al que debe parecerse la legislación y la práctica política que aspire a un mínimo de legitimidad ética..

Puesto que los dd. hh. aparecen como el fundamento del orden legal vigente en el mundo occidental, nuestros políticos, de derechas o de izquierdas, los suelen invocar para justificar sus opciones, decisiones y propuestas, unas veces para aclarar que hay un exceso de libertinaje (léase la rancia versión actual del Ministro de Interior y de la Delegada de Gobierno de Madrid pretendiendo condicionar y limitar los de libertad de expresión y de reunión; o la apuesta del Ministro Gallardón de ilegalizar determinadas expresiones hasta ahora entendidas como alcance de derechos fundamentales), para limitarlos y reclamar disciplinamiento social y ajustes económicos, o para exigir cambios.

Aún cuando existe un consenso mínimo sobre el valor de dd. hh., de que tenemos unos derechos inviolables vengan o no reconocidos en una ley positiva, no lo hay en relación ni a su alcance ni en cuanto a sus contenidos básicos, y donde unos sitúan el punto de llegada otros sitúan el punto de inicio.

Aunque la gente ha oído hablar de los dd. hh., lo cierto es que casi nadie conoce el catálogo concreto de éstos# y, mucho menos, su verdadera extensión, ni el modo de protegerlos.  Pero hay otro rasgo más que los convierte en algo impreciso y urgido de constantes cambios, pues los dd. hh. ni son invariables o inamovibles, ni puede entenderse que satisfacen de forma plena la aspiraciones de derecho y de justicia de culturas menos individualistas que la nuestra.  Que los dd. hh. no son algo inamovible, fijados de una vez por todas para toda la historia, lo demuestra el que su “reconocimiento” ha sido difícil y gradual y ha ido respondiendo a las exigencias de los tiempos históricos y a diversas luchas.

2.-  Derechos humanos de primera, segunda y tercera generación.

Los derechos de primera generación son los “derechos civiles y políticos”. Son fruto de la evolución histórica de Occidente y están vinculados al ideal “burgués” de persona,  entendida como un ciudadano (principalmente varón, con autosuficiencia económica y capacidad de autodeterminarse). En el catálogo de derechos de primera generación se encuentran los llamados derechos individuales (a la vida y a no sufrir tratos degradantes, libertad personal, ideológica, religiosa y de conciencia, seguridad frente a la arbitrariedad, propiedad privada, libre circulación, libertad de expresión, reunión y asociación, derecho de sufragio, derecho a un juicio justo, etc.).

La plasmación que se suele tomar de referencia de estos derechos es la “Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano”  aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente de la Francia el 26-8-1789, aunque existen otros textos donde se reflejan, como la bill of rigths aprobada en Inglaterra en 1689, o la declaración de derechos de la independencia de los EEUU.

Los dd. hh. de segunda generación responden a otro momento histórico y a otras exigencias éticas. Los conocemos como derechos “sociales, económicos y culturales”.  Están vinculados a las luchas sociales del siglo XIX y XX en Europa y a la conquista de unos mínimos de bienestar e igualdad para garantizar sociedades más justas. Fueron introducidos gracias a la influencia del pensamiento de izquierdas y a las organizaciones de obreros y sociales y a sus conquistas.  Sin estas continuas luchas hoy estos derechos no estarían ni siquiera reconocidos.

Entre ellos encontramos los derechos a la seguridad y previsión social, al trabajo, a la sindicación, a la vivienda, a la salud y la asistencia médica, a un nivel de vida digno, al consumo responsable, a la maternidad, los vinculados a los derechos de la infancia, de la familia, los de educación, etc.

Los derechos económicos, sociales y culturales se encuentran codificados, junto con los de primera generación en la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” de Naciones Unidas#, de 1948, y en el “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” de 16-12-1966.

La principal diferencia entre los de primera y segunda generación se refiere al grado de efectividad y de garantías jurídicas. Los primeros tienen un sentido más fuerte, su violación o incumplimiento implican el derecho a un juez que de manera inmediata los reponga, en los segundos tal circunstancia no existe de forma tan clara y sólo hay mecanismos de “reparación” si una ley “desarrolla” su contenido.  Así, es muy fácil que, por ejemplo, si soy víctima de una detención ilegal o arbitraria en occidente pueda acudir a un juez que de inmediato me pondrá en libertad, pero si no tengo trabajo o vivienda, no puedo acudir a nadie para que haga valer mi derecho, al igual que ocurre si soy extranjero respecto a determinadas prestaciones sociales y sanitarias.

Se permite esto porque se aplica un criterio que se llama “factibilidad” que, en palabra del Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales (el órgano de la ONU encargado su supervisión) consiste en que deben implementarse en la medida en que los estados y pueblos tengan medios para hacerlo.

De ello podemos sacar una aleccionadora conclusión: no sólo son derechos protegidos a medias y a regañadientes en nuestras legislaciones (y sólo en la medida en que las elites necesitaron hacer ciertas concesiones para garantizarse la quietud -ellos lo llaman paz- social y la asunción de unas reglas de juego por parte de toda la sociedad en beneficio de unos pocos), sino que ahora, precisamente, están en franco retroceso de la mano de la ideología neoliberal que predica la restauración de una situación social y política anterior al surgimiento de las propuestas de estado de bienestar en Europa y de los correlatos del new deal en Estados Unidos, con el derrumbe de todo lo que huela a derechos sociales y a intervención pública para sostenerlos. Por eso los derechos de segunda generación tienen aún una amplia agenda de lucha social para constituirse en algo más que un referente vaporoso.

Los “derechos de tercera generación”, que son reconocidos de forma muy difusa y fragmentada o, directamente, no están reconocidos, tienen que ver con los monumentales cambios tanto de conciencia en el planeta, como los provocados por la intervención nefasta de los hombres sobre los recursos, con el predominio de la guerra y la amenaza de ésta en las relaciones internacionales, con la falta de gobernanza mundial global y la existencia de un modelo económico insostenible e injusto y con la globalización.

En el amplio catálogo de reivindicaciones de dd. hh. de tercera generación se encuentran algunos reconocidos por tratados dispersos como el derecho a la autodeterminación, a la independencia económica y política, a la identidad, al acceso justo a las tecnologías, a los beneficios de la ciencia, el derecho a la alimentación vinculado al grave problema de hambre e injusticia en el mundo, al mantenimiento de un patrimonio cultural humano, los derechos vinculados a la sostenibilidad y la ecología, el derecho a un orden internacional justo o el derecho a la paz.

Llama la atención, respecto a esta tercera ola de derechos, la distancia entre lo proclamado y lo cumplido y el papel obstruccionista que los Estados juegan en su desarrollo, hasta el punto de que ni existen organismos con suficiente capacidad para imponerlos frente a las actuaciones de los Estados, ni se encuentran Estados que verdaderamente los promocionen.  Puede decirse que, en materia de estos derechos, los estados y las élites dominantes son, precisamente, los verdaderos enemigos para su aplicación.

3.-  La seguridad humana y la lucha por los derechos humanos

Si volvemos sobre la idea de que en realidad de lo que necesita defenderse la humanidad es de las agresiones constantes (y tantas veces consentidas, cuando no promovidas por los poderes) a las que nos vemos sometidos de forma directa tanto en nuestro propio desarrollo de personas y de pueblos, como en los derechos básicos de índole personal y colectivo y comunitario que concretan las mejores aspiraciones de nuestras sociedades, y en lo que se refiere a los peligros de índole ambiental que amenazan con deteriorar los ecosistemas y nuestra pervivencia, la concepción de dd. hh., entendida con amplitud, forma parte evidente de lo que merece ser defendido.

Esta idea debe sustituir gradualmente a la idea de defensa tradicional basada en ejércitos e imposición violenta. Es más: la propia idea de defensa militar aparece desde los dd. hh. y la seguridad humana como uno de los principales sustentos de la violencia estructural y cultural que rige el mundo y como uno de los aparatos generadores de las peores lacras, las guerras, que lastran el desarrollo humano.

Desde esta óptica, la lucha por la paz es también la lucha por tomarnos en serio los dd. hh., porque una paz sin derechos eficaces es, en realidad, una paz ficticia, una imposición de la violencia estructural y de la guerra. Dicho de otro modo, su paz es nuestra guerra.

Ahora bien, dado el carácter dinámico y evolutivo de los dd. hh., la lucha por la paz no es sólo la lucha por el reconocimiento y respeto de los derechos ya codificados, ni se conforma con un grado de desarrollo cicatero y petrificado, sino que es exigencia de políticas que los llenen de contenido y los mejoren con la aportación de los derechos de tercera generación, pues en ellos se juega de manera más decisiva la paz entendida como justicia y la propia pervivencia o colapso social. Los dd. hh. de tercera generación, no sólo abarcan en sí mismos a los demás sino que los perfeccionan y revolucionan hacia un cambio de modelos sociales.

4.-  El supremo recurso de la rebelión.

El régimen de derecho efectivo y respetuoso con los dd. hh. no existe y, si miramos el panorama internacional, no parece que los poderosos estén dispuestos a dejarlo existir.  No existe, en realidad, un derecho a la vivienda, ni a la educación, ni a la igualdad, ni a la participación en condiciones de pluralismo e igualdad, ni a la seguridad jurídica, ni tantos otros de los proclamados como de primera o segunda generación. Es más, en muchos de estos supuestos ni siquiera hay mecanismos eficaces de protección ante los que reclamarlos.  Y si no hay garantías ni lugar donde ejercerlos o ante el que reclamarlos, ¿qué nos queda?

En ausencia o ante la negativa de los derechos, nos queda la lucha y la desobediencia como recurso “de garantía” para que un día se reconozcan.

El propio preámbulo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma que es esencial que los dd. hh. sean protegidos por un régimen de derecho, “a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.


Un sindicato policial acusa de calumnias a diputados de IU

7 de octubre de 2012

25s

fuente: Püblico

Según el artículo 504.2 del Código Penal, cometen delito de calumnias “los que injuriaren o amenazaren gravemente a los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad”.

De este modo se da a entender que el antimilitarimo es cuasidelictivo para la visión penal de nuestro militarismo.

Pero al margen de lo absurdo del tipo penal, la noticia que salta a la opinión pública es que un sindicato de policías acusa a los diputados Cayo Lara, José Luis Centella y Alberto Garzón de calumnias a la policía por criticar las brutales y desmedidas cargas policiales del 25S en Madrid.

Parece un contrasntido que la policía que se excedió y “justificó” su exceso en que aparentemente la gente quería perturbar y agredir a los diputados y ellos (los polis) estaban allá para protegerlos, quiera ahora enchironar a tres de ellos (los diputados) por decir que la policía se pasó, es decir, por ejercer “con libertad” su crítica diputadil y desvelar que eso de que la policía estaba para defederlos a ellos es un mero argumento.

Imaginamos que los diputados tendrán algún tipo de protección contra la agresión a su papel por parte de este sindicato policiaco y que harán valer sus medios de defensa frente a este, pero bien harían en comenzar a comprender de qué lado de la democracia está esta policía por si acaso.

Por otra parte, no nos explicamos cómo este tipo de sindicatos puede salir a la calle con otros sindicatos más normales reivindicando sus derechos y, mucho menos, cómo estos otros lo permiten. A lo mejor acaban acusándolos también de subversivos.


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