Guerra del agua en África

1 de enero de 2013

Fuente:  El País.

Desde el principio de este blog alertamos sobre las nuevas guerras, aquellas que no son de estado contra estado y que tienen intereses que no son meramente geoestratégicos sino que buscan el control de los recursos naturales más básicos (esto no es nuevo, ya se hacía y hace con el petróleo, por ejemplo).  Ahora le toca el turno al agua en África.  Pobres africanos, van a sufrir, ya sufren, la codicia sin límites de las multinacionales, los fondos de inversión y gobiernos extranjeros.

Multinacionales, fondos de inversión e incluso Gobiernos extranjeros se están quedando con sus aguas a través de la compra o arrendamiento de ingentes extensiones de campos de labor. Hasta ahora se había advertido del riesgo del acaparamiento de tierras, pero estos días le ha llegado el turno al agua dulce.

La fragilidad de este elemento es tal que es el único recurso imprescindible para el ser humano que no está protegido por ningún acuerdo internacional.

Parece ser que los fondos de inversión especulativos de los países ricos ya no sacan tantos rendimientos de especular en inmuebles, armas, o contra los monedas de los países, ahora parece que se han fijado en el agua y han diseñado estrategias para sacarle provecho.  Con ello no nos referimos al desarrollo de regiones para que puedan hacer un uso sostenible del agua en un entorno de economías con desarrollo humano, sino a provecho propio, provecho para los tiburones financieros.

¿Qué nos espera ver en África en los próximos años?  Nuevas formas de violencia estructural que acabará derivando en violencia directa

¿Qué se puede hacer contra todo este desbarajuste económico en el que sólo impera el egoísmo y las políticas a corto plazo?  La primer idea es que poco y menos nosotros, simples mortales alejados de los mercados financieros especulativos.  Sin embargo, si lo pensamos más profundamente es posible hacer algo contra ello:  luchar contra los paraísos fiscales, abogar por la imposición de tasas disuasorias que gravan los movimientos de capital especulativos y desvían lo recaudado a cooperación.  Es decir, podemos unirnos a los movimientos sociales o al 15 M, podemos redoblar nuestro compromiso con ellos, dado que son los únicos que, en el fondo, luchan de manera ética y noviolenta por los derechos de los pobres y los olvidados en estas nuevas guerras como la del agua.

Así, de paso, evitaremos pobreza, migraciones no deseadas y conflictos bélicos en 2013 y años sucesivos.

En el fondo, luchar aquí para que cambie nuestras instituciones políticas, sociales y económicas no es abstraerse u olvidarse del problema africano, sino trabajar en la fuente del problema.  Aquí, en los países ricos es donde están los brokers que van a acabar acaparando el agua africana, con nuestras leyes económicas (españolas y de la unión europea) es con las que se mueven, con las subvenciones y apoyo de nuestros estados.  Aquí, por lo tanto, se genera el problema y por ello aquí, con los movimientos sociales de aquí es donde hay que dar una parte importante de la batalla.


Una manera civil y pacífica de hacer cooperación en zonas en conflicto

31 de diciembre de 2012

Fuente:  Público.

España acaba de aportar 4 millones de € para pagar el salario de 84.000 funcionarios y pensionistas palestinos.  A su vez, la U.E. ha aportado este año 145 millones de € para funcionarios y pensionistas.  84.000 personas que han podido cobrar por su trabajo y, suponemos, con su sueldo han podido comprar sus alimentos, mandar a sus hijos a la escuela, pagar el alquiler, acudir al médico, vestirse, etc.  Todo ello ha supuesto un poco de normalidad en la gravísima vida cotidiana de los palestinos.  Suponemos que, a su vez, otros palestinos se habrán beneficiado de los gastos que hayan hecho funcionarios y pensionistas, por lo cual serán mucho más que esas 84.000 personas los beneficiarios.

Al menos por una vez nos parece que la cooperación en zonas de conflicto no conlleva militarización y violencia.

Al contrario, nos parece que esta es una forma correcta de combatir la violencia estructural que supone la actuación de Israel bloqueando las tasas y aranceles que recauda en su nombre y estaría obligada a transferirla en virtud de los Acuerdos de Oslo (1993).  Israel tomó esta decisión por los sucesivos intentos palestinos de ser admitido como miembro de la ONU.  Aunque ellos alegan que la retención durará unos tres meses hasta que cubra una deuda de la ANP con la compañía eléctrica israelí por valor de unos 700 millones de shékels (unos 141 millones de euros).

Pensamos que esta es una forma más correcta, efectiva y ética de cooperación internacional, sobre todo si lo comparamos con el despilfarro de nuestra misión de paz en zona de guerra (sic del ministro Morenés) en la que en 2011 nos gastamos 450’2 millones de € y en el primer cuatrimestre de 2012 167’9 millones de € para no conseguir apenas resultados que puedan mejorar la calidad de vida del pueblo afgano.


Madrid: Presentación del libro Política noviolenta y lucha social en Ecologistas en Acción

19 de noviembre de 2012

Madrid: Presentación del libro Política noviolenta y lucha social | Ecologistas en Acción.

El día 20 de noviembre de 2012

A las 19,30

En la calle Marqués de Leganés 12,  de Madrid.

Os esperamos


Un Diputdo de ERC le pide al Ministro de Defensa un reparto de “activos” para cuando se separen de España

19 de noviembre de 2012

Catalonia+is+not+Spain

Fuente: ABC

Comencemos por extractar la noticia del ABC advirtiendo que tal vez, no lo descartamos, sea algo tendenciosa, dada la ranciedad del nacionalismo de dicho medio.

Según el ABC un diputado de ERC, Alfredo Bosch, ha exigido al ministro de defensa español que “prepare un «reparto de activos» para cuando «se produzca la independencia» de Cataluña” avisando que éste no podrá consistir en «tanques obsoletos».

Ha pedido a Morenés que prepare ese momento porque: «Y cuando se hable del reparto de activos seguramente no querremos hablar de tanques obsoletos o de otro equipamiento militar que consideramos que son pasivos»

Digamos a continuación que tal vez la opinión de Don Alfredo es una opinión muy particular y ni engloba la de ERC y, tal vez, tampoco la de todo el independentismo catalán. No en vano, las críticas de ERC en la Comisión de Defensa del Congreso suelen ser de las más dignas y valientes y desde luego no van por esos derroteros.

Pero nos resulta chocante que una independencia que se busca con metodologías noviolentas de lucha, aspire a continuación a fortificarse con un ejército y con sus armamentos. ¿Será que la independencia no se puede defender como se conquiste?, ¿Será que el corsé militarista que nos hace creer en la necesidad de los ejércitos obnubila las mentes hasta tal extremo?, ¿Será que los nacionalismos, del signo que sean, generan tan buenas coartadas para el militarismo para colarse de rondón en cualquier escenario?, ¿Será que no se puede ser antimilitarista y nacionalista?

¿Y qué opinaran los antimilitaristas y pacifistas catalanes de este reparto de armas que se propone? ¿No sería más oportuno reivindicar comunidades capaces de tansarmarse y evolucionar hacia una defensa desmilitarizada de lo que realmente interesa defender a la gente?

Mucho nos gustaría unir esfuerzos no para que se repartan el material militar entre españoles y catalanes, sino para desterrarlo de uno y otro lado y, si nos apuran, de cualquier lado.

Imaginamos que el sueño de autodeterminación de tanta gente o de una comunidad política que quiere conquistarse por los votos y no por las armas no querrá sepultarse en las tapias de un cuartel, con material obsoleto o de primera generación, y mucho menos para integrarse en la estructura militar occidental, porque para ese viaje tal vez no se necesiten alforjas.

Nosotros pediríamos, en cambio, que se preparen no tanto para transferir material militar como para reconvertir las insolidarias estructuras militares y las industrias que lo favorecen a fines socialmente útiles y necesarios para que las personas y los pueblos puedan vivir su historia con más justicia y con menos violencia y dominación.


¿Qué hay que defender? ¿Son los derechos humanos un referente de la nueva idea de seguridad humana?

3 de noviembre de 2012

Jugar+por+jugar

publicado por utopía contagiosa en la revista es hora

Si preguntamos a nuestros convecinos qué es lo que debe defenderse en nuestra sociedad, es muy probable que el catálogo de preferencias de la gente (trabajo, libertad, vida digna, igualdad, justicia social, solidaridad, educación, etc.) se parezca mucho a los dd. hh. y a la idea de Seguridad Humana y muy poco al catálogo de “bienes” que los ejércitos dicen defender.  La idea de Seguridad Humana, alejada de la seguridad militar y, en gran medida, cercana al ideal de los dd. hh., empieza a conformar parte de las agendas de bienes “agredidos” y que hay que defender y está llamada a servir de base en la tarea por otra sociedad posible y contra la estrecha forma oficial de ver la seguridad y la defensa.

Ello es más evidente cuando sabemos que el gasto militar mundial supera con creces el 1,7 billones de $, los cuales podrían ser aplicados con mucho mayor beneficio a paliar los déficits mundiales y a practicar derechos negados a la inmensa mayoría de la población del planeta y a la sostenibilidad de la vida en el mismo.

Ahora bien, debemos preguntarnos acerca de qué alcance de la idea de derechos humanos es el asumible para una opción “por la paz” y qué compromisos conlleva esta idea en orden a hacerlos viables como objeto de una defensa desde la paz.

1.-  ¿Qué son los derechos humanos?

Los dd. hh. se han convertido, al menos en occidente, en un lugar de refugio ideal de las aspiraciones de justicia y en un referente ético al que apelar como límite del poder sobre nuestras vidas. Ello es fruto de una evolución histórica y hoy constituye unl referente al que debe parecerse la legislación y la práctica política que aspire a un mínimo de legitimidad ética..

Puesto que los dd. hh. aparecen como el fundamento del orden legal vigente en el mundo occidental, nuestros políticos, de derechas o de izquierdas, los suelen invocar para justificar sus opciones, decisiones y propuestas, unas veces para aclarar que hay un exceso de libertinaje (léase la rancia versión actual del Ministro de Interior y de la Delegada de Gobierno de Madrid pretendiendo condicionar y limitar los de libertad de expresión y de reunión; o la apuesta del Ministro Gallardón de ilegalizar determinadas expresiones hasta ahora entendidas como alcance de derechos fundamentales), para limitarlos y reclamar disciplinamiento social y ajustes económicos, o para exigir cambios.

Aún cuando existe un consenso mínimo sobre el valor de dd. hh., de que tenemos unos derechos inviolables vengan o no reconocidos en una ley positiva, no lo hay en relación ni a su alcance ni en cuanto a sus contenidos básicos, y donde unos sitúan el punto de llegada otros sitúan el punto de inicio.

Aunque la gente ha oído hablar de los dd. hh., lo cierto es que casi nadie conoce el catálogo concreto de éstos# y, mucho menos, su verdadera extensión, ni el modo de protegerlos.  Pero hay otro rasgo más que los convierte en algo impreciso y urgido de constantes cambios, pues los dd. hh. ni son invariables o inamovibles, ni puede entenderse que satisfacen de forma plena la aspiraciones de derecho y de justicia de culturas menos individualistas que la nuestra.  Que los dd. hh. no son algo inamovible, fijados de una vez por todas para toda la historia, lo demuestra el que su “reconocimiento” ha sido difícil y gradual y ha ido respondiendo a las exigencias de los tiempos históricos y a diversas luchas.

2.-  Derechos humanos de primera, segunda y tercera generación.

Los derechos de primera generación son los “derechos civiles y políticos”. Son fruto de la evolución histórica de Occidente y están vinculados al ideal “burgués” de persona,  entendida como un ciudadano (principalmente varón, con autosuficiencia económica y capacidad de autodeterminarse). En el catálogo de derechos de primera generación se encuentran los llamados derechos individuales (a la vida y a no sufrir tratos degradantes, libertad personal, ideológica, religiosa y de conciencia, seguridad frente a la arbitrariedad, propiedad privada, libre circulación, libertad de expresión, reunión y asociación, derecho de sufragio, derecho a un juicio justo, etc.).

La plasmación que se suele tomar de referencia de estos derechos es la “Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano”  aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente de la Francia el 26-8-1789, aunque existen otros textos donde se reflejan, como la bill of rigths aprobada en Inglaterra en 1689, o la declaración de derechos de la independencia de los EEUU.

Los dd. hh. de segunda generación responden a otro momento histórico y a otras exigencias éticas. Los conocemos como derechos “sociales, económicos y culturales”.  Están vinculados a las luchas sociales del siglo XIX y XX en Europa y a la conquista de unos mínimos de bienestar e igualdad para garantizar sociedades más justas. Fueron introducidos gracias a la influencia del pensamiento de izquierdas y a las organizaciones de obreros y sociales y a sus conquistas.  Sin estas continuas luchas hoy estos derechos no estarían ni siquiera reconocidos.

Entre ellos encontramos los derechos a la seguridad y previsión social, al trabajo, a la sindicación, a la vivienda, a la salud y la asistencia médica, a un nivel de vida digno, al consumo responsable, a la maternidad, los vinculados a los derechos de la infancia, de la familia, los de educación, etc.

Los derechos económicos, sociales y culturales se encuentran codificados, junto con los de primera generación en la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” de Naciones Unidas#, de 1948, y en el “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” de 16-12-1966.

La principal diferencia entre los de primera y segunda generación se refiere al grado de efectividad y de garantías jurídicas. Los primeros tienen un sentido más fuerte, su violación o incumplimiento implican el derecho a un juez que de manera inmediata los reponga, en los segundos tal circunstancia no existe de forma tan clara y sólo hay mecanismos de “reparación” si una ley “desarrolla” su contenido.  Así, es muy fácil que, por ejemplo, si soy víctima de una detención ilegal o arbitraria en occidente pueda acudir a un juez que de inmediato me pondrá en libertad, pero si no tengo trabajo o vivienda, no puedo acudir a nadie para que haga valer mi derecho, al igual que ocurre si soy extranjero respecto a determinadas prestaciones sociales y sanitarias.

Se permite esto porque se aplica un criterio que se llama “factibilidad” que, en palabra del Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales (el órgano de la ONU encargado su supervisión) consiste en que deben implementarse en la medida en que los estados y pueblos tengan medios para hacerlo.

De ello podemos sacar una aleccionadora conclusión: no sólo son derechos protegidos a medias y a regañadientes en nuestras legislaciones (y sólo en la medida en que las elites necesitaron hacer ciertas concesiones para garantizarse la quietud -ellos lo llaman paz- social y la asunción de unas reglas de juego por parte de toda la sociedad en beneficio de unos pocos), sino que ahora, precisamente, están en franco retroceso de la mano de la ideología neoliberal que predica la restauración de una situación social y política anterior al surgimiento de las propuestas de estado de bienestar en Europa y de los correlatos del new deal en Estados Unidos, con el derrumbe de todo lo que huela a derechos sociales y a intervención pública para sostenerlos. Por eso los derechos de segunda generación tienen aún una amplia agenda de lucha social para constituirse en algo más que un referente vaporoso.

Los “derechos de tercera generación”, que son reconocidos de forma muy difusa y fragmentada o, directamente, no están reconocidos, tienen que ver con los monumentales cambios tanto de conciencia en el planeta, como los provocados por la intervención nefasta de los hombres sobre los recursos, con el predominio de la guerra y la amenaza de ésta en las relaciones internacionales, con la falta de gobernanza mundial global y la existencia de un modelo económico insostenible e injusto y con la globalización.

En el amplio catálogo de reivindicaciones de dd. hh. de tercera generación se encuentran algunos reconocidos por tratados dispersos como el derecho a la autodeterminación, a la independencia económica y política, a la identidad, al acceso justo a las tecnologías, a los beneficios de la ciencia, el derecho a la alimentación vinculado al grave problema de hambre e injusticia en el mundo, al mantenimiento de un patrimonio cultural humano, los derechos vinculados a la sostenibilidad y la ecología, el derecho a un orden internacional justo o el derecho a la paz.

Llama la atención, respecto a esta tercera ola de derechos, la distancia entre lo proclamado y lo cumplido y el papel obstruccionista que los Estados juegan en su desarrollo, hasta el punto de que ni existen organismos con suficiente capacidad para imponerlos frente a las actuaciones de los Estados, ni se encuentran Estados que verdaderamente los promocionen.  Puede decirse que, en materia de estos derechos, los estados y las élites dominantes son, precisamente, los verdaderos enemigos para su aplicación.

3.-  La seguridad humana y la lucha por los derechos humanos

Si volvemos sobre la idea de que en realidad de lo que necesita defenderse la humanidad es de las agresiones constantes (y tantas veces consentidas, cuando no promovidas por los poderes) a las que nos vemos sometidos de forma directa tanto en nuestro propio desarrollo de personas y de pueblos, como en los derechos básicos de índole personal y colectivo y comunitario que concretan las mejores aspiraciones de nuestras sociedades, y en lo que se refiere a los peligros de índole ambiental que amenazan con deteriorar los ecosistemas y nuestra pervivencia, la concepción de dd. hh., entendida con amplitud, forma parte evidente de lo que merece ser defendido.

Esta idea debe sustituir gradualmente a la idea de defensa tradicional basada en ejércitos e imposición violenta. Es más: la propia idea de defensa militar aparece desde los dd. hh. y la seguridad humana como uno de los principales sustentos de la violencia estructural y cultural que rige el mundo y como uno de los aparatos generadores de las peores lacras, las guerras, que lastran el desarrollo humano.

Desde esta óptica, la lucha por la paz es también la lucha por tomarnos en serio los dd. hh., porque una paz sin derechos eficaces es, en realidad, una paz ficticia, una imposición de la violencia estructural y de la guerra. Dicho de otro modo, su paz es nuestra guerra.

Ahora bien, dado el carácter dinámico y evolutivo de los dd. hh., la lucha por la paz no es sólo la lucha por el reconocimiento y respeto de los derechos ya codificados, ni se conforma con un grado de desarrollo cicatero y petrificado, sino que es exigencia de políticas que los llenen de contenido y los mejoren con la aportación de los derechos de tercera generación, pues en ellos se juega de manera más decisiva la paz entendida como justicia y la propia pervivencia o colapso social. Los dd. hh. de tercera generación, no sólo abarcan en sí mismos a los demás sino que los perfeccionan y revolucionan hacia un cambio de modelos sociales.

4.-  El supremo recurso de la rebelión.

El régimen de derecho efectivo y respetuoso con los dd. hh. no existe y, si miramos el panorama internacional, no parece que los poderosos estén dispuestos a dejarlo existir.  No existe, en realidad, un derecho a la vivienda, ni a la educación, ni a la igualdad, ni a la participación en condiciones de pluralismo e igualdad, ni a la seguridad jurídica, ni tantos otros de los proclamados como de primera o segunda generación. Es más, en muchos de estos supuestos ni siquiera hay mecanismos eficaces de protección ante los que reclamarlos.  Y si no hay garantías ni lugar donde ejercerlos o ante el que reclamarlos, ¿qué nos queda?

En ausencia o ante la negativa de los derechos, nos queda la lucha y la desobediencia como recurso “de garantía” para que un día se reconozcan.

El propio preámbulo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma que es esencial que los dd. hh. sean protegidos por un régimen de derecho, “a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.


Izquierda Unida contra el secretismo en la toma de decisiones en Defensa.

21 de septiembre de 2012

Fuente:  Europapress.

José Luis Centella, representante de I.U. en la Comisión de Defensa, ha pedido al Ministro Morenés que exista  participación de las Cortes en la aprobación del documento ‘Visión 2025’ encargado por el ministro al jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante Fernando García Sánchez, y de la Estrategia Española de la Seguridad y exigirá que los documentos de planeamiento militar y de Defensa se presente ante la Comisión del ramo de la Cámara Bajara, para que se tengan en cuenta sus “opiniones y conclusiones”.

La moción, que se registró en el Boletín Oficial de las Cortes Generales antes de que se aprobara la nueva Directiva de Defensa Nacional, también pedía que se tuviera en cuenta en este documento a la Comisión de Defensa.

Loable el trabajo del diputado, felicidades.

Pero es triste constatar una legislatura más que la Directiva de Defensa Nacional, máximo documento que rige la política de defensa en España en esta legislatura rajoiana, ha pasado nuevamente por las cortes a título solamente informativo y que los diputados no han contado para nada en su formulación.  La labor de oposición era necesaria a priori, con carácter preventivo, para que esta DDN no se publicase como las anteriores sin el debate parlamentario. Otra vez más, y ano es posible y no hemos de lamentarnos.  Es penoso que no haya habido debate previo y que las grandes decisiones de la defensa española:  qué hay que defender, cómo se ha de hacer y quién es el sujeto de la defensa, nuevamente se hayan ocultado a la deliberación parlamentaria y pública.

Muy mala praxis del gobierno y demasiado acriticismo, conformismo y excaso control por los partidos parlamentarios.

Por otra parte, es necesario que si la Directiva de Defensa Nacional no se ha debatido previamente, al menos, sea divulgada para su conocimiento social y se debata en la sociedad.

¿Querrán  José Luis Centella e I.U. asumir el trabajo de dar publicidad a la DDN en los medios de comunicación, querrán asumir el ciclópeo trabajo de divulgarla  y criticarla continuamente durante los tres años de legislatura que quedan, querrán denunciar  la mala y ocultista praxis gubernamental (tanto del PP ahora, como del PSOE antes) y promover incansablemente iniciativas políticas y sociales para que de una vez se democratice la toma de decisiones en materia de defensa?  ¿Querrán debatir ideas con el movimiento pacifista en reuniones serias, programadas, con propuestas de ambas partes, con diálogo reposado?  ¿Querrán elaborar una verdadera alternativa al militarismo español con alguna de las organizaciones que nos dedicamos a ello? Suponemos que sí, pero ahora toca que hablen los hechos.

¿Querrán la colaboración de los movimientos sociales pacifistas ante tal empeño?  ¿Nos llamará alguna vez Centella para ponernos a trabajar conjuntamente y con continuidad en nuestros intereses (no lo dudamos) comunes?

I.U. ha mantenido olvidada la política de defensa durante mucho tiempo y parece que en esta legislatura retoma su actividad y lo hace con cierto criterio y con ganas de construir oposición y de formular alternativas.

Ya hicieron I.U. y Centella, y hacen, críticas certeras al último presupuesto militar de Rajoy.  Sin embargo, también se dejó pasar esa oportunidad para presentar una crítica con mayor difusión social al ingente gasto militar y a la deuda que atenaza al ministerio de defensa.  ¿Descolgará el teléfono Centella para hablar con los pacifistas para colaborar en este proyecto?  Porque no es sólo necesario plantear unas preguntas parlamentarias, sino planificar y gestionar ideas y actuaciones políticas a lo largo de toda la legislatura si queremos avanzar en nuestro proyecto común contra la militarización.

¿Llegará alguna vez el momento en que I.U. se decida a popularizar el tema de la defensa como uno de los ejes principales de su visión política alternativa al capitalismo entre sus bases, sus federaciones y sus asambleas?  ¿Querrá, entonces, colaboración del movimiento pacifista, antimilitarista y noviolento?

Son muchos años de espera desde aquel grandioso interés de la campaña anti OTAN.  Desde el movimiento pacifista esperamos, como siempre, pacientes y trabajando, que I.U. se decida a realizar un trabajo continuado con el movimiento pacifista.  Cuando ese momento llegue, serán bien recibidos y tendremos propuestas que compartir y avanzar hacia el objetivo de lograr la soberanía ciudadana en los temas de defensa.


Los PEAS (Programas Especiales de Armamento) son la ruina, un ejemplo: Morenés quiere aplazar la compara de 12 Eurofighter.

29 de agosto de 2012

Fuente:  Infodefensa.

El fastuoso gasto en los Programas Especiales de Armamento, uno de los cuales es el del Eurofighter, traen de cabeza a Morenés y al Ministerio de Defensa.  Si se sigue adelante con los programas, el Ministerio se arruinará (si es que no lo está ya porque si el gasto militar de 2012 es de más de 18.000 millones y la deuda debida a los PEAS es actualmente de 30.000 millones, …, el Ministerio debe casi dos años de gasto militar, que incluye su propio presupuesto y parte del presupuesto de Industria, Exteriores, Interior, …), pero si deciden aplazar, como pretenden, la compra de 12 Eurofigter, las consecuencias también son negativas porque el contrato estipula importantes penalizaciones en el caso de que los contratistas no adquieran todas las unidades que se habían comprometido a recibir.

Es decir, los Eurofigther nos llevan a un peligrosísimo juego en el que las opciones son:  o perdemos o perdemos.

Es de destacar que cada aparatito cuesta 80’3 millones de euros.

España se comprometió a adquirir un total de 87 cazas europeos por un importe de 9.255 millones de euros, dividido en tres fases o tranchas -20 en la primera fase, 33 en la segunda y 34 en la tercera. Posteriormente, la tercera fase de dividió a su vez en dos subfases –A y B-.  En agosto de 2009, durante el Gobierno socialista, España firmó la compra de 15 cazas y opciones para cinco más como parte de la subfase  A. Si estos datos son correctos, quedaría por firmar la Fase III B por 14 aviones.

A finales del año pasado, el ministerio de Defensa acumulaba una demora de cerca de 400 millones de euros a Cassidian por los Eurofighter recibidos y en julio el secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, anunció que ya se habían librado en concepto de pagos 300 millones de esta cantidad.  Es decir, aún debemos 100 millones de euros por los anteriores aviones.

En definitiva, parece que estamos en un juego en el que el resultado es que o perdemos  o perdemos.  ¿Es esto legítimo?  ¿Cuáles son las alternativas a esta situación, si es que las hay?

Nos parece muy interesante para romper el nudo gordiano el artículo “Deuda militar, deuda odiosa, deuda ilegítima” firmado por John Doe.  Suscribimos sus análisis (aunque algunos datos se nos escapan, seguramente que por nuestra ignorancia):  si la deuda de los PEAS es ilegítima, no habría que pagarla y esto nos llevaría a romper el nudo gordiano y a poder dar una alternativa a la producción de armas y a su comercio, que consistiría en el impago de la deuda de los PEAS, en la reconversión de industria militar en otra civilmente útil y de legítimos intereses, y en la prohibición de la producción y venta de armas.


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