Guerra del agua en África

1 de enero de 2013

Fuente:  El País.

Desde el principio de este blog alertamos sobre las nuevas guerras, aquellas que no son de estado contra estado y que tienen intereses que no son meramente geoestratégicos sino que buscan el control de los recursos naturales más básicos (esto no es nuevo, ya se hacía y hace con el petróleo, por ejemplo).  Ahora le toca el turno al agua en África.  Pobres africanos, van a sufrir, ya sufren, la codicia sin límites de las multinacionales, los fondos de inversión y gobiernos extranjeros.

Multinacionales, fondos de inversión e incluso Gobiernos extranjeros se están quedando con sus aguas a través de la compra o arrendamiento de ingentes extensiones de campos de labor. Hasta ahora se había advertido del riesgo del acaparamiento de tierras, pero estos días le ha llegado el turno al agua dulce.

La fragilidad de este elemento es tal que es el único recurso imprescindible para el ser humano que no está protegido por ningún acuerdo internacional.

Parece ser que los fondos de inversión especulativos de los países ricos ya no sacan tantos rendimientos de especular en inmuebles, armas, o contra los monedas de los países, ahora parece que se han fijado en el agua y han diseñado estrategias para sacarle provecho.  Con ello no nos referimos al desarrollo de regiones para que puedan hacer un uso sostenible del agua en un entorno de economías con desarrollo humano, sino a provecho propio, provecho para los tiburones financieros.

¿Qué nos espera ver en África en los próximos años?  Nuevas formas de violencia estructural que acabará derivando en violencia directa

¿Qué se puede hacer contra todo este desbarajuste económico en el que sólo impera el egoísmo y las políticas a corto plazo?  La primer idea es que poco y menos nosotros, simples mortales alejados de los mercados financieros especulativos.  Sin embargo, si lo pensamos más profundamente es posible hacer algo contra ello:  luchar contra los paraísos fiscales, abogar por la imposición de tasas disuasorias que gravan los movimientos de capital especulativos y desvían lo recaudado a cooperación.  Es decir, podemos unirnos a los movimientos sociales o al 15 M, podemos redoblar nuestro compromiso con ellos, dado que son los únicos que, en el fondo, luchan de manera ética y noviolenta por los derechos de los pobres y los olvidados en estas nuevas guerras como la del agua.

Así, de paso, evitaremos pobreza, migraciones no deseadas y conflictos bélicos en 2013 y años sucesivos.

En el fondo, luchar aquí para que cambie nuestras instituciones políticas, sociales y económicas no es abstraerse u olvidarse del problema africano, sino trabajar en la fuente del problema.  Aquí, en los países ricos es donde están los brokers que van a acabar acaparando el agua africana, con nuestras leyes económicas (españolas y de la unión europea) es con las que se mueven, con las subvenciones y apoyo de nuestros estados.  Aquí, por lo tanto, se genera el problema y por ello aquí, con los movimientos sociales de aquí es donde hay que dar una parte importante de la batalla.


Una manera civil y pacífica de hacer cooperación en zonas en conflicto

31 de diciembre de 2012

Fuente:  Público.

España acaba de aportar 4 millones de € para pagar el salario de 84.000 funcionarios y pensionistas palestinos.  A su vez, la U.E. ha aportado este año 145 millones de € para funcionarios y pensionistas.  84.000 personas que han podido cobrar por su trabajo y, suponemos, con su sueldo han podido comprar sus alimentos, mandar a sus hijos a la escuela, pagar el alquiler, acudir al médico, vestirse, etc.  Todo ello ha supuesto un poco de normalidad en la gravísima vida cotidiana de los palestinos.  Suponemos que, a su vez, otros palestinos se habrán beneficiado de los gastos que hayan hecho funcionarios y pensionistas, por lo cual serán mucho más que esas 84.000 personas los beneficiarios.

Al menos por una vez nos parece que la cooperación en zonas de conflicto no conlleva militarización y violencia.

Al contrario, nos parece que esta es una forma correcta de combatir la violencia estructural que supone la actuación de Israel bloqueando las tasas y aranceles que recauda en su nombre y estaría obligada a transferirla en virtud de los Acuerdos de Oslo (1993).  Israel tomó esta decisión por los sucesivos intentos palestinos de ser admitido como miembro de la ONU.  Aunque ellos alegan que la retención durará unos tres meses hasta que cubra una deuda de la ANP con la compañía eléctrica israelí por valor de unos 700 millones de shékels (unos 141 millones de euros).

Pensamos que esta es una forma más correcta, efectiva y ética de cooperación internacional, sobre todo si lo comparamos con el despilfarro de nuestra misión de paz en zona de guerra (sic del ministro Morenés) en la que en 2011 nos gastamos 450’2 millones de € y en el primer cuatrimestre de 2012 167’9 millones de € para no conseguir apenas resultados que puedan mejorar la calidad de vida del pueblo afgano.


Madrid: Presentación del libro Política noviolenta y lucha social en Ecologistas en Acción

19 de noviembre de 2012

Madrid: Presentación del libro Política noviolenta y lucha social | Ecologistas en Acción.

El día 20 de noviembre de 2012

A las 19,30

En la calle Marqués de Leganés 12,  de Madrid.

Os esperamos


Un Diputdo de ERC le pide al Ministro de Defensa un reparto de «activos» para cuando se separen de España

19 de noviembre de 2012

Catalonia+is+not+Spain

Fuente: ABC

Comencemos por extractar la noticia del ABC advirtiendo que tal vez, no lo descartamos, sea algo tendenciosa, dada la ranciedad del nacionalismo de dicho medio.

Según el ABC un diputado de ERC, Alfredo Bosch, ha exigido al ministro de defensa español que «prepare un «reparto de activos» para cuando «se produzca la independencia» de Cataluña» avisando que éste no podrá consistir en «tanques obsoletos».

Ha pedido a Morenés que prepare ese momento porque: «Y cuando se hable del reparto de activos seguramente no querremos hablar de tanques obsoletos o de otro equipamiento militar que consideramos que son pasivos»

Digamos a continuación que tal vez la opinión de Don Alfredo es una opinión muy particular y ni engloba la de ERC y, tal vez, tampoco la de todo el independentismo catalán. No en vano, las críticas de ERC en la Comisión de Defensa del Congreso suelen ser de las más dignas y valientes y desde luego no van por esos derroteros.

Pero nos resulta chocante que una independencia que se busca con metodologías noviolentas de lucha, aspire a continuación a fortificarse con un ejército y con sus armamentos. ¿Será que la independencia no se puede defender como se conquiste?, ¿Será que el corsé militarista que nos hace creer en la necesidad de los ejércitos obnubila las mentes hasta tal extremo?, ¿Será que los nacionalismos, del signo que sean, generan tan buenas coartadas para el militarismo para colarse de rondón en cualquier escenario?, ¿Será que no se puede ser antimilitarista y nacionalista?

¿Y qué opinaran los antimilitaristas y pacifistas catalanes de este reparto de armas que se propone? ¿No sería más oportuno reivindicar comunidades capaces de tansarmarse y evolucionar hacia una defensa desmilitarizada de lo que realmente interesa defender a la gente?

Mucho nos gustaría unir esfuerzos no para que se repartan el material militar entre españoles y catalanes, sino para desterrarlo de uno y otro lado y, si nos apuran, de cualquier lado.

Imaginamos que el sueño de autodeterminación de tanta gente o de una comunidad política que quiere conquistarse por los votos y no por las armas no querrá sepultarse en las tapias de un cuartel, con material obsoleto o de primera generación, y mucho menos para integrarse en la estructura militar occidental, porque para ese viaje tal vez no se necesiten alforjas.

Nosotros pediríamos, en cambio, que se preparen no tanto para transferir material militar como para reconvertir las insolidarias estructuras militares y las industrias que lo favorecen a fines socialmente útiles y necesarios para que las personas y los pueblos puedan vivir su historia con más justicia y con menos violencia y dominación.


¿Qué hay que defender? ¿Son los derechos humanos un referente de la nueva idea de seguridad humana?

3 de noviembre de 2012

Jugar+por+jugar

publicado por utopía contagiosa en la revista es hora

Si preguntamos a nuestros convecinos qué es lo que debe defenderse en nuestra sociedad, es muy probable que el catálogo de preferencias de la gente (trabajo, libertad, vida digna, igualdad, justicia social, solidaridad, educación, etc.) se parezca mucho a los dd. hh. y a la idea de Seguridad Humana y muy poco al catálogo de “bienes” que los ejércitos dicen defender.  La idea de Seguridad Humana, alejada de la seguridad militar y, en gran medida, cercana al ideal de los dd. hh., empieza a conformar parte de las agendas de bienes “agredidos” y que hay que defender y está llamada a servir de base en la tarea por otra sociedad posible y contra la estrecha forma oficial de ver la seguridad y la defensa.

Ello es más evidente cuando sabemos que el gasto militar mundial supera con creces el 1,7 billones de $, los cuales podrían ser aplicados con mucho mayor beneficio a paliar los déficits mundiales y a practicar derechos negados a la inmensa mayoría de la población del planeta y a la sostenibilidad de la vida en el mismo.

Ahora bien, debemos preguntarnos acerca de qué alcance de la idea de derechos humanos es el asumible para una opción “por la paz” y qué compromisos conlleva esta idea en orden a hacerlos viables como objeto de una defensa desde la paz.

1.-  ¿Qué son los derechos humanos?

Los dd. hh. se han convertido, al menos en occidente, en un lugar de refugio ideal de las aspiraciones de justicia y en un referente ético al que apelar como límite del poder sobre nuestras vidas. Ello es fruto de una evolución histórica y hoy constituye unl referente al que debe parecerse la legislación y la práctica política que aspire a un mínimo de legitimidad ética..

Puesto que los dd. hh. aparecen como el fundamento del orden legal vigente en el mundo occidental, nuestros políticos, de derechas o de izquierdas, los suelen invocar para justificar sus opciones, decisiones y propuestas, unas veces para aclarar que hay un exceso de libertinaje (léase la rancia versión actual del Ministro de Interior y de la Delegada de Gobierno de Madrid pretendiendo condicionar y limitar los de libertad de expresión y de reunión; o la apuesta del Ministro Gallardón de ilegalizar determinadas expresiones hasta ahora entendidas como alcance de derechos fundamentales), para limitarlos y reclamar disciplinamiento social y ajustes económicos, o para exigir cambios.

Aún cuando existe un consenso mínimo sobre el valor de dd. hh., de que tenemos unos derechos inviolables vengan o no reconocidos en una ley positiva, no lo hay en relación ni a su alcance ni en cuanto a sus contenidos básicos, y donde unos sitúan el punto de llegada otros sitúan el punto de inicio.

Aunque la gente ha oído hablar de los dd. hh., lo cierto es que casi nadie conoce el catálogo concreto de éstos# y, mucho menos, su verdadera extensión, ni el modo de protegerlos.  Pero hay otro rasgo más que los convierte en algo impreciso y urgido de constantes cambios, pues los dd. hh. ni son invariables o inamovibles, ni puede entenderse que satisfacen de forma plena la aspiraciones de derecho y de justicia de culturas menos individualistas que la nuestra.  Que los dd. hh. no son algo inamovible, fijados de una vez por todas para toda la historia, lo demuestra el que su “reconocimiento” ha sido difícil y gradual y ha ido respondiendo a las exigencias de los tiempos históricos y a diversas luchas.

2.-  Derechos humanos de primera, segunda y tercera generación.

Los derechos de primera generación son los “derechos civiles y políticos”. Son fruto de la evolución histórica de Occidente y están vinculados al ideal “burgués” de persona,  entendida como un ciudadano (principalmente varón, con autosuficiencia económica y capacidad de autodeterminarse). En el catálogo de derechos de primera generación se encuentran los llamados derechos individuales (a la vida y a no sufrir tratos degradantes, libertad personal, ideológica, religiosa y de conciencia, seguridad frente a la arbitrariedad, propiedad privada, libre circulación, libertad de expresión, reunión y asociación, derecho de sufragio, derecho a un juicio justo, etc.).

La plasmación que se suele tomar de referencia de estos derechos es la “Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano”  aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente de la Francia el 26-8-1789, aunque existen otros textos donde se reflejan, como la bill of rigths aprobada en Inglaterra en 1689, o la declaración de derechos de la independencia de los EEUU.

Los dd. hh. de segunda generación responden a otro momento histórico y a otras exigencias éticas. Los conocemos como derechos “sociales, económicos y culturales”.  Están vinculados a las luchas sociales del siglo XIX y XX en Europa y a la conquista de unos mínimos de bienestar e igualdad para garantizar sociedades más justas. Fueron introducidos gracias a la influencia del pensamiento de izquierdas y a las organizaciones de obreros y sociales y a sus conquistas.  Sin estas continuas luchas hoy estos derechos no estarían ni siquiera reconocidos.

Entre ellos encontramos los derechos a la seguridad y previsión social, al trabajo, a la sindicación, a la vivienda, a la salud y la asistencia médica, a un nivel de vida digno, al consumo responsable, a la maternidad, los vinculados a los derechos de la infancia, de la familia, los de educación, etc.

Los derechos económicos, sociales y culturales se encuentran codificados, junto con los de primera generación en la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” de Naciones Unidas#, de 1948, y en el “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” de 16-12-1966.

La principal diferencia entre los de primera y segunda generación se refiere al grado de efectividad y de garantías jurídicas. Los primeros tienen un sentido más fuerte, su violación o incumplimiento implican el derecho a un juez que de manera inmediata los reponga, en los segundos tal circunstancia no existe de forma tan clara y sólo hay mecanismos de “reparación” si una ley “desarrolla” su contenido.  Así, es muy fácil que, por ejemplo, si soy víctima de una detención ilegal o arbitraria en occidente pueda acudir a un juez que de inmediato me pondrá en libertad, pero si no tengo trabajo o vivienda, no puedo acudir a nadie para que haga valer mi derecho, al igual que ocurre si soy extranjero respecto a determinadas prestaciones sociales y sanitarias.

Se permite esto porque se aplica un criterio que se llama “factibilidad” que, en palabra del Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales (el órgano de la ONU encargado su supervisión) consiste en que deben implementarse en la medida en que los estados y pueblos tengan medios para hacerlo.

De ello podemos sacar una aleccionadora conclusión: no sólo son derechos protegidos a medias y a regañadientes en nuestras legislaciones (y sólo en la medida en que las elites necesitaron hacer ciertas concesiones para garantizarse la quietud -ellos lo llaman paz- social y la asunción de unas reglas de juego por parte de toda la sociedad en beneficio de unos pocos), sino que ahora, precisamente, están en franco retroceso de la mano de la ideología neoliberal que predica la restauración de una situación social y política anterior al surgimiento de las propuestas de estado de bienestar en Europa y de los correlatos del new deal en Estados Unidos, con el derrumbe de todo lo que huela a derechos sociales y a intervención pública para sostenerlos. Por eso los derechos de segunda generación tienen aún una amplia agenda de lucha social para constituirse en algo más que un referente vaporoso.

Los “derechos de tercera generación”, que son reconocidos de forma muy difusa y fragmentada o, directamente, no están reconocidos, tienen que ver con los monumentales cambios tanto de conciencia en el planeta, como los provocados por la intervención nefasta de los hombres sobre los recursos, con el predominio de la guerra y la amenaza de ésta en las relaciones internacionales, con la falta de gobernanza mundial global y la existencia de un modelo económico insostenible e injusto y con la globalización.

En el amplio catálogo de reivindicaciones de dd. hh. de tercera generación se encuentran algunos reconocidos por tratados dispersos como el derecho a la autodeterminación, a la independencia económica y política, a la identidad, al acceso justo a las tecnologías, a los beneficios de la ciencia, el derecho a la alimentación vinculado al grave problema de hambre e injusticia en el mundo, al mantenimiento de un patrimonio cultural humano, los derechos vinculados a la sostenibilidad y la ecología, el derecho a un orden internacional justo o el derecho a la paz.

Llama la atención, respecto a esta tercera ola de derechos, la distancia entre lo proclamado y lo cumplido y el papel obstruccionista que los Estados juegan en su desarrollo, hasta el punto de que ni existen organismos con suficiente capacidad para imponerlos frente a las actuaciones de los Estados, ni se encuentran Estados que verdaderamente los promocionen.  Puede decirse que, en materia de estos derechos, los estados y las élites dominantes son, precisamente, los verdaderos enemigos para su aplicación.

3.-  La seguridad humana y la lucha por los derechos humanos

Si volvemos sobre la idea de que en realidad de lo que necesita defenderse la humanidad es de las agresiones constantes (y tantas veces consentidas, cuando no promovidas por los poderes) a las que nos vemos sometidos de forma directa tanto en nuestro propio desarrollo de personas y de pueblos, como en los derechos básicos de índole personal y colectivo y comunitario que concretan las mejores aspiraciones de nuestras sociedades, y en lo que se refiere a los peligros de índole ambiental que amenazan con deteriorar los ecosistemas y nuestra pervivencia, la concepción de dd. hh., entendida con amplitud, forma parte evidente de lo que merece ser defendido.

Esta idea debe sustituir gradualmente a la idea de defensa tradicional basada en ejércitos e imposición violenta. Es más: la propia idea de defensa militar aparece desde los dd. hh. y la seguridad humana como uno de los principales sustentos de la violencia estructural y cultural que rige el mundo y como uno de los aparatos generadores de las peores lacras, las guerras, que lastran el desarrollo humano.

Desde esta óptica, la lucha por la paz es también la lucha por tomarnos en serio los dd. hh., porque una paz sin derechos eficaces es, en realidad, una paz ficticia, una imposición de la violencia estructural y de la guerra. Dicho de otro modo, su paz es nuestra guerra.

Ahora bien, dado el carácter dinámico y evolutivo de los dd. hh., la lucha por la paz no es sólo la lucha por el reconocimiento y respeto de los derechos ya codificados, ni se conforma con un grado de desarrollo cicatero y petrificado, sino que es exigencia de políticas que los llenen de contenido y los mejoren con la aportación de los derechos de tercera generación, pues en ellos se juega de manera más decisiva la paz entendida como justicia y la propia pervivencia o colapso social. Los dd. hh. de tercera generación, no sólo abarcan en sí mismos a los demás sino que los perfeccionan y revolucionan hacia un cambio de modelos sociales.

4.-  El supremo recurso de la rebelión.

El régimen de derecho efectivo y respetuoso con los dd. hh. no existe y, si miramos el panorama internacional, no parece que los poderosos estén dispuestos a dejarlo existir.  No existe, en realidad, un derecho a la vivienda, ni a la educación, ni a la igualdad, ni a la participación en condiciones de pluralismo e igualdad, ni a la seguridad jurídica, ni tantos otros de los proclamados como de primera o segunda generación. Es más, en muchos de estos supuestos ni siquiera hay mecanismos eficaces de protección ante los que reclamarlos.  Y si no hay garantías ni lugar donde ejercerlos o ante el que reclamarlos, ¿qué nos queda?

En ausencia o ante la negativa de los derechos, nos queda la lucha y la desobediencia como recurso “de garantía” para que un día se reconozcan.

El propio preámbulo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma que es esencial que los dd. hh. sean protegidos por un régimen de derecho, “a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.


Izquierda Unida contra el secretismo en la toma de decisiones en Defensa.

21 de septiembre de 2012

Fuente:  Europapress.

José Luis Centella, representante de I.U. en la Comisión de Defensa, ha pedido al Ministro Morenés que exista  participación de las Cortes en la aprobación del documento ‘Visión 2025’ encargado por el ministro al jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante Fernando García Sánchez, y de la Estrategia Española de la Seguridad y exigirá que los documentos de planeamiento militar y de Defensa se presente ante la Comisión del ramo de la Cámara Bajara, para que se tengan en cuenta sus «opiniones y conclusiones».

La moción, que se registró en el Boletín Oficial de las Cortes Generales antes de que se aprobara la nueva Directiva de Defensa Nacional, también pedía que se tuviera en cuenta en este documento a la Comisión de Defensa.

Loable el trabajo del diputado, felicidades.

Pero es triste constatar una legislatura más que la Directiva de Defensa Nacional, máximo documento que rige la política de defensa en España en esta legislatura rajoiana, ha pasado nuevamente por las cortes a título solamente informativo y que los diputados no han contado para nada en su formulación.  La labor de oposición era necesaria a priori, con carácter preventivo, para que esta DDN no se publicase como las anteriores sin el debate parlamentario. Otra vez más, y ano es posible y no hemos de lamentarnos.  Es penoso que no haya habido debate previo y que las grandes decisiones de la defensa española:  qué hay que defender, cómo se ha de hacer y quién es el sujeto de la defensa, nuevamente se hayan ocultado a la deliberación parlamentaria y pública.

Muy mala praxis del gobierno y demasiado acriticismo, conformismo y excaso control por los partidos parlamentarios.

Por otra parte, es necesario que si la Directiva de Defensa Nacional no se ha debatido previamente, al menos, sea divulgada para su conocimiento social y se debata en la sociedad.

¿Querrán  José Luis Centella e I.U. asumir el trabajo de dar publicidad a la DDN en los medios de comunicación, querrán asumir el ciclópeo trabajo de divulgarla  y criticarla continuamente durante los tres años de legislatura que quedan, querrán denunciar  la mala y ocultista praxis gubernamental (tanto del PP ahora, como del PSOE antes) y promover incansablemente iniciativas políticas y sociales para que de una vez se democratice la toma de decisiones en materia de defensa?  ¿Querrán debatir ideas con el movimiento pacifista en reuniones serias, programadas, con propuestas de ambas partes, con diálogo reposado?  ¿Querrán elaborar una verdadera alternativa al militarismo español con alguna de las organizaciones que nos dedicamos a ello? Suponemos que sí, pero ahora toca que hablen los hechos.

¿Querrán la colaboración de los movimientos sociales pacifistas ante tal empeño?  ¿Nos llamará alguna vez Centella para ponernos a trabajar conjuntamente y con continuidad en nuestros intereses (no lo dudamos) comunes?

I.U. ha mantenido olvidada la política de defensa durante mucho tiempo y parece que en esta legislatura retoma su actividad y lo hace con cierto criterio y con ganas de construir oposición y de formular alternativas.

Ya hicieron I.U. y Centella, y hacen, críticas certeras al último presupuesto militar de Rajoy.  Sin embargo, también se dejó pasar esa oportunidad para presentar una crítica con mayor difusión social al ingente gasto militar y a la deuda que atenaza al ministerio de defensa.  ¿Descolgará el teléfono Centella para hablar con los pacifistas para colaborar en este proyecto?  Porque no es sólo necesario plantear unas preguntas parlamentarias, sino planificar y gestionar ideas y actuaciones políticas a lo largo de toda la legislatura si queremos avanzar en nuestro proyecto común contra la militarización.

¿Llegará alguna vez el momento en que I.U. se decida a popularizar el tema de la defensa como uno de los ejes principales de su visión política alternativa al capitalismo entre sus bases, sus federaciones y sus asambleas?  ¿Querrá, entonces, colaboración del movimiento pacifista, antimilitarista y noviolento?

Son muchos años de espera desde aquel grandioso interés de la campaña anti OTAN.  Desde el movimiento pacifista esperamos, como siempre, pacientes y trabajando, que I.U. se decida a realizar un trabajo continuado con el movimiento pacifista.  Cuando ese momento llegue, serán bien recibidos y tendremos propuestas que compartir y avanzar hacia el objetivo de lograr la soberanía ciudadana en los temas de defensa.


Los PEAS (Programas Especiales de Armamento) son la ruina, un ejemplo: Morenés quiere aplazar la compara de 12 Eurofighter.

29 de agosto de 2012

Fuente:  Infodefensa.

El fastuoso gasto en los Programas Especiales de Armamento, uno de los cuales es el del Eurofighter, traen de cabeza a Morenés y al Ministerio de Defensa.  Si se sigue adelante con los programas, el Ministerio se arruinará (si es que no lo está ya porque si el gasto militar de 2012 es de más de 18.000 millones y la deuda debida a los PEAS es actualmente de 30.000 millones, …, el Ministerio debe casi dos años de gasto militar, que incluye su propio presupuesto y parte del presupuesto de Industria, Exteriores, Interior, …), pero si deciden aplazar, como pretenden, la compra de 12 Eurofigter, las consecuencias también son negativas porque el contrato estipula importantes penalizaciones en el caso de que los contratistas no adquieran todas las unidades que se habían comprometido a recibir.

Es decir, los Eurofigther nos llevan a un peligrosísimo juego en el que las opciones son:  o perdemos o perdemos.

Es de destacar que cada aparatito cuesta 80’3 millones de euros.

España se comprometió a adquirir un total de 87 cazas europeos por un importe de 9.255 millones de euros, dividido en tres fases o tranchas -20 en la primera fase, 33 en la segunda y 34 en la tercera. Posteriormente, la tercera fase de dividió a su vez en dos subfases –A y B-.  En agosto de 2009, durante el Gobierno socialista, España firmó la compra de 15 cazas y opciones para cinco más como parte de la subfase  A. Si estos datos son correctos, quedaría por firmar la Fase III B por 14 aviones.

A finales del año pasado, el ministerio de Defensa acumulaba una demora de cerca de 400 millones de euros a Cassidian por los Eurofighter recibidos y en julio el secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, anunció que ya se habían librado en concepto de pagos 300 millones de esta cantidad.  Es decir, aún debemos 100 millones de euros por los anteriores aviones.

En definitiva, parece que estamos en un juego en el que el resultado es que o perdemos  o perdemos.  ¿Es esto legítimo?  ¿Cuáles son las alternativas a esta situación, si es que las hay?

Nos parece muy interesante para romper el nudo gordiano el artículo «Deuda militar, deuda odiosa, deuda ilegítima» firmado por John Doe.  Suscribimos sus análisis (aunque algunos datos se nos escapan, seguramente que por nuestra ignorancia):  si la deuda de los PEAS es ilegítima, no habría que pagarla y esto nos llevaría a romper el nudo gordiano y a poder dar una alternativa a la producción de armas y a su comercio, que consistiría en el impago de la deuda de los PEAS, en la reconversión de industria militar en otra civilmente útil y de legítimos intereses, y en la prohibición de la producción y venta de armas.


Robin Hood contra Rajoy: ¿con quién nos solidarizamos?.

13 de agosto de 2012

¿Con quién nos solidarizamos en el debate surgida con la expropiación-robo de alimentos básicos a varios supermercados para cederlos a comedores sociales?

Se están dando en dicho debate algunas de las claves para entender fenómenos como la desobediencia civil que supuso la objeción-insumisión hace años o lo que supuso tomar la plaza de Sol por el 15 M.  Por un lado está lo legal y por otro lo político.

  • En lo legal hay muchos que opinan que las leyes hay que respetarlas y punto.  Que sin leyes esto sería la jungla.  Que el que elige salir de la ley ha de atenerse a las consecuencias y la sociedad ha de penarle sin trabas de conciencia.
  • En lo político otros oponen que las reglas pueden ser justas o injustas y que toda ley es mejorable y se ha de adaptar continuamente a la evolución de los tiempos y de las sociedades.  Oponen que si una ley es injusta es legítimo desobedecerla, sobre todo si se hace de manera pública, sin esconderse, con motivaciones transformadoras, si no se saca partido personal de la acción.
  • En lo legal muchos opinan que sólo se puede cambiar la ley desde los mecanismos establecidos:  las votaciones democráticas para elegir a nuestros representantes.  Luego, durante cuatro años hay que confiar en ellos y exigirles, por las vías legales, por supuesto, que cumplan lo que nos han prometido.
  • En los político otros piensan que este modelo democrático es imperfecto e injusto.  Porque la democracia es delegativa y una vez en la poltrona los elegidos se olvidan de que están al servicio de los electores y se creen los reyes de la montaña.  Porque el sistema electoral es injusto y privilegia a unos y perjudica a otros.  Porque las vías legales para hacer cumplir a los políticos con sus programas, no olvidemos que Rajoy ha incumplido reiteradamente el suyo, simplemente, no existen y, por lo tanto, la ciudadanía se encuentra indefensa ante los políticos.
  • En lo legal muchos opinan que el sistema económico es el mejor de los posibles y que la economía de mercado es sólo un dechado de virtudes, pero que los españoles no la sabemos hacer bien.
  • En lo político otros oponen que la economía de mercado beneficia a los de siempre y perjudica a los mismos una y otra vez (por ejemplo, si un diputado cobra 1.823 € al mes por mantenimiento y manutención, ese debería ser el salario mínimo).  Argumentan que estamos pagando la crisis los que no la hemos provocado (clases media y baja) y que los que la han provocado, no sólo no están pagando con recortes sino que, además, se están lucrando.  ¿Dónde están esas prometidas reformas de los mercados especulativos, de la tributación para que realmente sea progresiva, contra los paraísos bursátiles?  De ellas no ha habido nada y ahora nuestros políticos ni siquiera las mentan.
  • En lo legal alegan los centros comerciales que hay que proteger el derecho a la propiedad.  Se entiende que a su propiedad.
  • En lo político los expropiadores reclaman a estas empresas y a todas las demás que tengan, sobre todo en estos tiempos de crisis galopante, una clara e importante política de responsabilidad social corporativa.

Y ahora todos tenemos la palabra.  ¿Dónde se ha de situar el debate?  ¿Qué ha de primar, lo legal o lo político?

Por otro lado, cuando se opta por la desobediencia civil es, también, porque el Estado y la sociedad no ofrecen vías políticas para mostrar desacuerdos a una parte de la sociedad.  Pensamos que, entonces, la sociedad y la legalidad existente también son concausas de las actitudes desobedientes y que se les debe condenar en la misma medida.  Así fue con la insumisión, el Estado, los políticos del momento, no dejaron a los jóvenes más opción que desobedecer y a ella se aferró la juventud y con ella hizo política.  Ciertamente muchos fueron juzgados y condenados.  Muchos cumplieron prisión, pero el movimiento buscó fuerzas y motivación en esos encarcelamientos y siguió en la lucha con ánimos y coherencia redoblada.  Lo mismo ha ocurrido y ocurre con todas las manifestaciones del 15 M.

Si encarcelan a los que han robado-expropiado comida, lo más seguro es que haya más que sigan la misma senda y roben más comida porque saben que es necesaria para mucha gente que ya no tiene nada de donde tirar ni ninguna ayuda estatal para subsistir.  ¿Preferimos el modelo de suicidios de Grecia?  Ahora la gente nos vemos obligados a posicionarnos personal y socialmente.  Muchos lo harán en charlas familiares, en debates de bar;  pero otros irán un poco más allá y darán algún paso en una u otra línea.

Si queréis leer un poco más sobre las características de la acción directa noviolenta y sobre la desobediencia civil, podéis consultar:  Manual de Acción Directa Noviolenta.

¿Y IU?  Pues parece que la mayor parte de sus dirigentes han optado por situarse en la parte legal del debate.  Nos parece un error porque es en la parte política donde se pueden lograr las transformaciones sociales que anhelan sus bases.  Pero, ya se sabe, la poltrona apoltrona mucho.


Pertenece España a los militares? El patrimonio y los negocios de los ejércitos

6 de agosto de 2012

Auschwitz

Fuente: Artículo publicado por Utopía contagiosa en el periódico es hora el 3 de agosto de 2012

Antes se solía decir que España éramos todos (con la sana intención de recaudar solidariamente los impuestos al contribuyente).  En nuestra opinión puede que España seamos todos, pero sólamente si por todos se entiende el Ejército.

En este artículo queremos analizar públicamente un aspecto del militarismo hispano al que no se le ha solido dar casi importancia, pero que pensamos que la tiene, y mucha: la inmensaposesión de bienes, tierras e infraestructuras que pertenece a lo militar y las consecuencias que ello ha tenido siempre, pero, sobre todo, que va a tener en los próximos años debido a la enrome deuda militar de más de 36.000 millones de €.  que mantiene el ejército, a su pretensión de incrementarla con nuevas adquisiciones de armamentos en lo que parece como un segundo ciclo armamentista, y a la pretensión de enajenar una gran parte de estos bienes militares para financiar el enorme gasto militar en armas.

El título del artículo no nos parece exagerado si consideramos que el Ministerio de Defensa cuenta con una cuantiosa red de infraestructuras que lo convierte en el principal terrateniente del estado, por encima del segundo del ranquing (la iglesia) y de los demás. Son de su propiedad las instalaciones de los miles de cuarteles militares, instalaciones de comunicaciones, pistas de aviación, carreteras, ferrocarriles, campos de entrenamiento y tiro, centros de investigación, de vigilancia, bases en diversos territorios y en territorios fuera de España, centros tecnológicos y de investigación, centros de cría caballar, hospitales, aeropuertos, puertos militares, museos y castillos, cárceles, viviendas, economatos y mercados, explotaciones agrícolas  e incluso islas, espacios naturales y cementerios, etc.

Una particularidad de las propiedades militares es su opacidad y ocultismo. Un ocultismo que ha sido denunciado por los pocos investigadores que se han aventurado a intentar cifrar los bienes y el patrimonio de los ejércitod. Sabemos que queda mucho oculto en este listado inicial que os ofrecemos.  No hemos podido encontrar, por ejemplo, el listado completo de acuartelamientos por provincias y ello elevaría en mucho metros cuadrados y en muchas edificaciones los inmuebles del Ministerio de Defensa.

¿Por qué no se publicitan estos datos de las propiedades del ejército?  ¿Hay algo que ocultar en todo ello?  Sólo con la punta del iceberg que os hemos expuesto queda claro quién manda en España a nivel de infraestructuras.

El Ministerio de Defensa no sabe, realmente, qué posesiones tiene.

¿Cuáles son las posesiones inmobiliarias del Ministerio de Defensa y de sus tres ejércitos?  No se sabe.  No lo saben claramente ni ellos. No existe oficialmente un inventario completo.

Tanto tienen y tanto están acostumbrados a tener que durante muchísimos años no han hecho el menor caso ni han sentido la necesidad de hacer un registro de qué les pertenece.

De hecho, en su propia página web reconocen que hasta 2003 no tenían un planificación sobre inversión de infraestructuras a largo plazo. Ello quiere decir que en infraestructuras militares reina la improvisación y desorden (lo cual compagina muy bien con otra de sus políticas, la de renovar el armamento mediante los Programas Especiales de Armamento que ha deriva en una deuda de 30.000 millones de euros por la mala gestión política de los programas).

Existe un catálogo de bienes de la defensa que, en realidad, sólo tiene catalogado los bienes adquiridos últimamente o los que has supuesto litigio con vecinos de los pueblos donde se encuentran (normalmente por discusiones sobre lindes o por perjuicios a estos vecinos) y existe otro (también incompleto) catálogo de patrimonio histórico de la defensa.

Sin embargo, este orden de cosas no podía seguir así y Convergencia y Unió en su programa electoral para las elecciones de 2011 ya manifestaba que “promoveremos un  mapa de usos de los bienes inmuebles de los Ministerios de Defensa e Interior, con inventario detallado en cada  CCAA y se pedirá que los equipamientos militares y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en desuso o baja utilización, como se lo caso del cuartel de El Bruc,  se cedan sin condiciones y de forma íntegra a las Administraciones Catalanas competentes para destinarlas a fines sociales, culturales o de ocio”.

Parece que el Gobierno de Rajoy y el Ministro de Defensa Morenés han tomado la idea en serio y han anunciado, a través del Secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, en Julio de 2012 que “en seis meses se dispondrá de una especie de ‘Libro Blanco de la Infraestructura de Defensa’”.


El organigrama y la política de Defensa en cuanto a infraestructuras.

En el Ministerio de Defensa existe una Dirección General de Infraestructura (dirigido por el Teniente General del Ejército del Aire, Eduardo Zamarripa Martínez, nacido en Madrid en 1945), que “es el órgano directivo al que corresponde la preparación, planeamiento y desarrollo de las políticas de infraestructura, medioambiental y de los sistemas, tecnologías y políticas de seguridad de la información del Ministerio de Defensa, así como la supervisión y dirección de su ejecución”.

También existe desde 2003 un Plan Director de Infraestructuras (PDI) con duración prevista hasta 2017 (aunque otras fuentes del Ministerio de Defensa le dan vigencia hasta 2021). Este Plan explica que “por primera vez en la historia del Ministerio de Defensa, contempla una planificación a largo plazo de las inversiones en infraestructura”.

Una de las características de este PDI es “la apuesta decidida por la externalización del mantenimiento de la infraestructura. En este sentido, conviene resaltar que se tiene prevista la externalización de 18 bases o acuartelamientos, pudiendo ser 21 en función de los procesos de concentración de las bases «Alemán Ramírez» de Las Palmas de Gran Canaria, “Alfonso XIII” de Melilla y “General Pardo de Santayana” en Ceuta”.


Breve catálogo de infraestructuras del Ministerio de Defensa.

A la espera de lo que van a publicar en pocos meses en el Libro Blanco de Infraestructuras, podemos adelantar algunos datos para que tengamos una primera impresión de qué posee el Ministerio de Defensa:

  • Generales.

El Ministerio de Defensa dispone de un grandísimo número de cuarteles, ministerio, oficinas del ministerio en las distintas provincias, acuartelamientos, bases, campos de prácticas, campos de tiro para el ejército, la armada y el ejército del aire,etc., por todo el territorio español. Este patrimonio se encuentra exento del impuesto de bienes inmuebles y tiene un altísimo valor económico, lo que ha despertado operaciones especulativas como la llamada “operación campamento”.

  • Espacios naturales.

Por otro lado, si hablamos de espacios naturales, las Fuerzas Armadas disponen de 33 campos de maniobras y entrenamiento (según sus datos, aunque posiblemente sean más) repartidos por todo el territorio nacional, con una extensión global superior a las 150.000 hectáreas, 1.500 millones de metros cuadrados. (Impresionante cifra, ¿eh?, sobre todo si a ella le añadimos todas las demás propiedades del Ministerio)

  • Problemática ambiental.

El Ministerio de Defensa suele sacar pecho en cuanto puede de lo útil que es para la naturaleza española el que ellos tengan la posesión de tantos terrenos.  Según el discurso oficial, gracias a ellos estos espacios se mantienen virgenes y sin las agresiones medioambientales y urbanísticas del resto del territorio.

El cinismo del Ministerio llega al límite de decir que estos espacios están protegidos porque “la utilización por parte de los Ejércitos evita las agresiones comunes a otras áreas naturales de España”.  Nada se habla de que en ellos se realizan prácticas de tiro con distintos armamentos y ejercicios de entrenamiento con la consiguiente contaminación de metales pesados, impactos acústicos, contaminación de aguas, suelos, aire, destrozo de flora y fauna, incendios, liberación de CO2 al aire, etc.

Presumen, por ejemplo de que “durante los años 2007 y 2008 se va a impulsar de forma prioritaria las actuaciones ambientales en estos espacios naturales, y se establecerán normas que prevengan el deterioro del medio natural y faciliten su conservación.  Asimismo, se impulsarán medidas para la conservación, mejora y recuperación del patrimonio natural, con actuaciones agroforestales para aumentar los sumideros de CO2 en las instalaciones de Defensa (mediante las  reforestaciones, el cuidado de los bosques, la lucha contra la erosión o la reforestación de terrenos agrícolas abandonados) , el desarrollo de un plan de defensa y mejora específico para fauna y flora autóctonas, experiencias piloto de cría y liberación de especies y acciones encaminadas a la lucha ecológica contra plagas.”

Lo más lógico y natural sería que estos espacios naturales tuviesen una gestión civil adecuada llevada a cabo por el Ministerio de Medio Ambiente y sus técnicos porque de no ser así se producen conflictos en los que suele perder el medioambiente y ganar los intereses no respetuosos del Ministerio de Defensa.  Un ejemplo de ello es la sentencia del Tribunal Supremo de abril de 2012 en la que  ”ha dado la razón al Departamento que dirige Pedro Morenés. Tras ocho años de litigios, el Alto Tribunal estima que Defensa no tendrá que comunicar a la Consejería de Medio Ambiente andaluza los ejercicios que vaya a desarrollar en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz.  El Ministerio de Defensa no tendrá que ‘avisar’ a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía cada vez que se vayan a realizar ejercicios o maniobras en los enclaves militares situados en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz (el campo de tiro del Centro de Ensayos de Torregorda y el campo de tiro de armas portátiles de Camposoto) tal y como pretendía la Junta de Andalucía. El argumento que usa el Tribunal Supremo es  que, en caso de conflicto entre la Defensa Nacional y la titularidad del espacio protegido, “siempre y en todo caso la Defensa tendría predominio absoluto”, tal y como contempla la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional”.  Será legal, pero quien sale perdiendo es el medioambiente.

Además, también es lógico pensar que el uso de estos espacios naturales debería ser abierto y público, para disfrute de todos, no sólo de los militares. ¿Por qué han de tener los militares privilegios por encima de los civiles?

Un claro ejemplo de conflicto civil-militar es el que ocurre en Baleares:  El Grupo Ornitológico Balear, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción,Greenpeace, SEO y WWF “piden al Patronato del Parque Nacional de Cabrera que rechace el Plan de Usos Militares presentado recientemente por el Ministerio de Defensa.  Las organizaciones señalan que estas maniobras tendrían impactos negativos en un área de alto valor ecológico“.  Nosotros nos sumamos a esta petición.  Los ecologistas argumentan que aunque el Plan de Usos Militares es conforme a la legalidad vigente, no parece que tenga ningún sentido hacer prácticas militares en pleno Parque Nacional.  Nosotros estamos de acuerdo porque:

  • En los parque nacionales hay que cumplir muchos requisitos para visitarlos, así por ejemplo, en Cabrera, las pernoctas para los civiles son muy poco amplias, 1 noche en julio y agosto, 2 en septiembre y 7 como máximo en el resto del año, esto es así para causar el menor daño ambiental. El Parque concierta visitas de hasta 60 personas, sin embargo, se prevé que serán 300 los militares que se salten la normativa y maniobren en este Parque Nacional. ¿Respetan los militares en sus maniobras las redes de senderos habilitados para el tránsito y la prohibición de no salirse de ellos?
  • También hay que cumplir unos rigurosos requisitos para realizar lo que se llaman “usos compatibles”, por ejemplo, en la pesca (que ha de ser artesanal) y como decíamos antes en las visita.  ¿Respetan los militares la pureza de las aguas y la biodiversidad de las costas?
  • Los militares no están (o no deberían estar) por encima de todo.  Antes bien, deberían estar al servicio de todos.  Esta actuación suya nos parece egoísta e insolidaria (valores que les suelen caracterizar).  Como dicen los ecologistas:  ¿no hay otro terreno que no sea un parque nacional para hacer entrenamientos?, ¿no tienen suficientes terrenos militares para no respetar la máxima figura de protección del medio ambiente?
  • En definitiva, ¿es compatible la figura de un Parque Nacional con la de un polígono militar para entrenamientos de guerra?

Infraestructuras militares de investigación que podrían (deberían) ser civiles:

Desde otro punto de vista, también son infraestructura militares que deberían reconvertirse a uso civil dos importantes centros de investigación:

  • El Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo.
  • El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial.

Cuenta también con un complejo de investigación en armamento biológico, químico y nuclear en Getafe (“La marañosa”) en una extensísima finca y con un funcionamiento y financiación muy opacos a pesar de haber sido objeto de varias preguntas en el parlamento.


Infraestructuras sanitarias.

También posee otro organisms, el ISFAS con múltiples infraestructuras sanitarias como los hospitales militares de Madrid, Zaragoza, San Fernando (Cádiz), Ceuta y Melilla;  y unas 60 delegaciones por toda la geografía nacional.

Infraestructuras educativas.

En el aspecto educativo, el Ministerio de Defensa posee:

  • escuelas de oficiales y suboficiales
  • una Escuela Militar de Sanidad,
  • una Escuela de Militar de Estudios Jurídicos,
  • una Escuela Militar de Ciencias de la Educación,
  • una Escuela Militar de Intervención,
  • una Escuela Militar de Músicas Militares y
  • una Escuela Militar de Idiomas.


Otras infraestructuras.

Aunque sabemos que va a sonar un poco a guasa, también poseen los militares diversas infraestructuras, no despreciables como se verá a continuación, dedicadas a la cría caballar.  En concreto un centro de Dirección Gerencia en Madrid, un centro de cría en Jerez (Cádiz), otro en Écija (Sevilla), otro en Ávila, otro en Zaragoza, una escuela militar ecuestre y un Laboratorio de investigación aplicada.  Por más que hemos buscado algo relacionado con la cría de cabras para la Legión, no hemos sido capaces de dar con los datos, aunque algo ha de existir porque la susodicha cabra desfila bastante bien y en algún lado habrán tenido que criarla, seleccionarla y educarla castrensemente.  Siguiendo con el apartado zoológico, el Ministerio de Defensa posee un Museo, Biblioteca y Centro de Investigación Histórica del Centro Nacional de Veterinaria, en Madrid.

No podría faltar una Red de Bibliotecas de Defensa que está considerada de uso restringido pero que cuenta con 37 centros. Para completar la oferta existen, además, 25 archivos de temática y uso exclusivo militar.

Si seguimos con el tema cultural, la Red de Museos Militares está presidida por los tres Museos Nacionales pertenecientes a los Ejércitos de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, ubicados todos ellos en Madrid.  Además, la red se completa con otros 18 museos.

Con más arraigo histórico son las posesiones militares que tienen que ver con fortificaciones y castillos, con un total de 16 centros reconocidos.


Enajenaciones.

La siguiente noticia de 2008 es clave:  “Defensa cuenta con 11 millones de m2 para su enajenación”.  Desde 2004 hasta 2008, el Ministerio de Defensa ha vendido unos 9,3 millones de m2 de terrenos militares, gran parte de ellos para el montaje de toda la burbuja inmobiliaria y la cultura del pelotazo vivida en años anteriores.

Otra fuente para contrastar las posesiones sin límite del Ministerio de Defensa es el Ministerio de Vivienda que nos habla de 28 convenios con defensa desde 2004 a 2007.

El Ministerio hace caja  por tres medios:  ventas, subastas y convenios con otras administraciones (por ejemplo, en 2008 se convenió con el ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, Madrid, la venta de 115.000 m2 de la Estación Radiotelegráfica que el ayuntamiento compró para equipamiento público.  En el año 2007 se convenió la compra por el ayuntamiento de Hinojosa del Duque, en Córdoba, de 2 millones de m2 (200 Ha) para políticas de empleo rural; etc.).

Esta política de obtención de dinero líquido mediante las desamortizaciones tiene mucha tradición.  Ya en tiempos del ministro Eduardo Serra, del Partido Popular (1997), el diario EL PAÍS titulaba “La tercera desamortización” a un artículo en la que explicaba que eran más de 1.500 millones de m2 de superficie los involucrados en las enajenaciones, de los que 13,4 millones corresponden a edificios que querían enajenar los militares.  También reflejaba que en Ceuta y Melilla, sus propiedades suponen un tercio del término municipal. En la Península, dicho porcentaje ronda el 0,5% de la superficie de muchas provincias; aunque hay notables excepciones como Zaragoza (2,1%), Cádiz (1,7%), Madrid o Toledo (1,1%).  Es decir, que el Ministerio de Defensa es uno (o el principal) terrateniente del suelo español.

¿Dónde va este dinero?  Suponemos que a financiar, directamente el modelo militarista de dominación-violencia.  Actualmente nos tememos que va a ser una de las salidas que va a intentar taponar el enorme agujero de la deuda militar de 30.000 millones de € por el gasto en los desmesurados y mal gestionados políticamente Programas Especiales de Armamento.

LLamativamente, cuando Defensa revende terrenos que adquirió por expropiación (un método que se utilizó mucho después de la guerra civil para apropiarse de múltiples propiedades) no hace ninguna de las cosas que serían de justicia:

a) dado que el terreno deja de tener la función por la que se expropió, iniciar un expediente de reversión a su anterior dueño

b) Dado que el justiprecio pagado por su expropiación (cuando sus dueños no fueron obligados a fijar uno simbólico o a ceder o regalar los terrenos al ejército, otra forma de abuso) procedía de las cuentas públicas y no del ejército devolver ese dinero a las cuentas públicas para su destino a fines socialmente útiles.

El Ministerio de Defensa nunca se ha mostrado desinteresado en las negociaciones para hacer convenios o ceder terrenos a otras instituciones.  Por ejemplo, hace poco se anunciaba que va a ceder el uso de 62.000 m2 en el ayuntamiento de Tarifa a la Fundación Migres para que se monte un observatorio de migración de aves y sobre el cambio climático.  Dicho terrenos eran la antigua batería de costa D-8 Punta Camorro, desde hace tiempo en desuso.  Ahí han estado los terrenos desde hace mucho y Defensa los ha retenido aun cuando su utilidad militar era escasa o nula.  Además, Defensa no enajena la propiedad de los terrenos sino que cede su uso.  No hemos podido averiguar a cambio de qué ni por cuánto tiempo a pesar de consultar una decena de fuentes.  ¿Por qué será?.


Alternativas a las infraestructuras militares.

¿Sería lícito y moral, sería útil y necesario dejar de priorizar las necesidades militares para, en estos tiempos de tan duros ajustes económicos para los civiles, comenzar a priorizar las necesidades civiles antes que las militares?  En nuestra opinión, sí.

Es necesario exigir la solidaridad del Ministerio de Defensa con los demás ministerios y pedirles que la inmensa cantidad de terrenos que tienen con nulo o escaso uso, sean cedidos sin coste a los ayuntamientos para que puedan realizar las múltiples actuaciones sociales que se necesitan y que se encuentran interrumpidas, entre otras cosas, por la escasez de suelo a precios razonables.  Con ello nos beneficiaríamos todos y la economía se relanzaría.

Por otro lado, ganaría el medio ambiente porque, como decíamos más antes, las utilidades que se darían a muchos de estos lugares serían más adecuadas con el respeto a la naturaleza.

En el capítulo de alternativas, es exigible que el ministerio de defensa publique su completo patrimonio y sus usos a fin de que con absoluta transparencia, la cuidadanía pueda controlar estos y conocer este dato esencial.

Por otra parte se debe investigar qué bienes de titularidad militar no tienen un efectivo uso militar y darles el destino social necesario, para lo que es necesaria esta auditoría de bienes militares.

Existen infinidad de litigios repartidos por el territorio del estado que involucran a pueblos, vecinos y grupos sociales y a los terrenos militares o de apropiación militar. En nuestro criterio es necesario resolver de forma justa estos litigios y en favor del interés común, que suele coincidir con el de los litigantes civiles.

No es admisible la especulación de terrenos par sufragar la adquisición de armamentos. Debería por ley prohibirse esta ilegítima modalidad de hacernos pagar unas armas que no necesitamos ni queremos,


El ejército denuncia a agricultores por ocupar una finca baldía

5 de agosto de 2012

Joy + al + aprendizaje + para + la + mejor + + en + el futuro de Bangladesh

Fuente: Abc Sevilla

La finca «Las Turquillas» se encuentra en Osuna (Sevilla), ocupa más de 1200 hectáreas y en su imensa mayoría está baldía, sin uso alguno.

Los jornaleros, junto con sindicalistas del Sindicato Andaluz de Trabajadores, invadieron el pasado 24 de julio esta finca y empezaron a roturarla para labrarla y darle un uso social.

Con esta acción reivindican que la finca pase a manos de cooperativas de trabajadores y que deje de tener el uso caprichoso e insolidario actual  que mantiene en ella el ejército, propietario del terreno.

El ejército, principal terrateniente de España, cuenta con miles de fincas similares que no tienen ningún uso o que tienen un uso poco solidario y que agrede a la naturaleza y al derecho de las personas. Incluso ahora, con vacas flacas, se dedica a vender algunos de estos terrenos y a especular, para comprar armas, con el suelo que tan necesario es, como se ve, para dar trabajo a la gente.

Normalmente no se encuentran noticias en prensa oficial sobre los conflictos que generan en los  pueblos los terrenos de los militares, pero la realidad es que existen miles de conflictos y litigios por estos terrenos.

El presente ejemplo muestra la determinación de la gente por defender sus derechos y por reclamar mejoras sociales, un claro caso de defensa social noviolenta y precisamente frente a quien dice que está ahí para «defendernos».

 


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