Los votantes del PP también son coculpables de la represión a los movimiento sociales

25 de diciembre de 2012

Fuente:  Público.

El gobierno justifica a los agentes infiltrados.  ¿Lo entendéis?

Es para evitar actitudes violentas.  ¿Lo entendéis?

Son medidas de prevención y seguridad para la mayoría de los ciudadanos.  Ahora sí que lo entendéis, ¿verdad?

También sirve para defender el derecho de reunión.  Y de manifestación, claro.  Justo ahora encaja todo, justo ahora sí que lo vemos claro, necesario, justo, nuestro deber y salvación.

Sólo nos queda asumir que somos imbéciles y luego darles las gracias por tanto despego de sus privilegios y tanta preocupación por nuestras necesidades y derechos.

Que los infiltran en las manifestaciones y protestas para ser ellos quienes desencadenen la violencia y así los antidisturbios puedan reprimir a gusto, bueno, argumentarán, será por el bien de los ciudadanos de Wisconsin, claro.

Que nos dejan ciegos de un pelotazo de goma, bueno, será porque así se crean puestos de trabajo en el sector del caucho.

Además, los antidisturbios también son seres humanos y hay que mantener sus puestos de trabajo.

El gobierno y el PP justifican lo injustificable.  Son cínicos e insolidarios.

Pero tienen apoyos.  Millones de personas les votaron.  Ellos también son culpables de este cinismo, de esta insolidaridad, de esta violencia, de la represión.  El gobierno, los banqueros, los corruptos, no están solos en sus actuaciones políticas, muchas personas de bien son corresponsables.  Pero a ellos nadie les mira, nadie les interpela, nadie les pide explicaciones o dimisiones o ser consecuentes, o ser solidarios.  Muchos militantes y votantes del PP son corresponsables pero nadie lo nota.  Ellos están ahí, escondidos, tan tranquilos, calladitos hasta que llega el momento de votar e imponer con sus votos la miseria a los demás (a veces, incluso, a ellos mismos).

A esta realidad tan perversa se le puede llamar violencia cultural.  Nos impide ver nuestros errores porque ni siquiera somos conscientes de que hay que analizar nuestros actos personales.  De ella se aprovechan unos pocos.  Es fácil, desde este clima actual echar la culpa del malestar a los que protestan, ellos nos privan de nuestra tranquilidad, tranquilidad mísera, tranquilidad con cada vez menos derechos.  Pero tranquilidad al fin y al cabo.  Desde la perspectiva de la mayoría no se quiere una paz con derechos, simplemente se quiere que nos dejen en paz.  Sin embargo, esta opción de esconder la cabeza como los avestruces ante un problema no nos lleva más que a su agravamiento continuado.


Acción directa noviolenta contra el gasto militar

22 de diciembre de 2012

Fuente: Grupo Antimilitarista Tortuga

Activistas del Grupo Antimilitarista Tortuga han emprendido el miércoles 19 de diciembre una acción directa noviolenta de denuncia del gasto militar en el centro de Alicante.

La acción, a nuestro juicio con un marcado carácter pedagógico, ha tenido lugar en una zona de Alicante que concentra diversas instituciones emblemáticas de la ciudad y de un marcado simbolismo, como son la Delegación de Gobierno, Hacienda y el obispado alicantino.

El motivo de la convocatoria, según sus convocantes, era el de tratar de influir en la votación de los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso de los Diputados, prevista para el 20 de diciembre, con la intención de que cualquier tipo de gasto militar, explícito, camuflado u oculto, sea suprimido de dichos presupuestos.

Ningún gasto militar es necesario y sí, más bien, un elemento imprescindible para mantener un orden inmoral y violento.

Desde aquí nuestra enhorabuena a la iniciativa de los compañeros que han participado de esta acción ejemplar.


Antirepresión

21 de diciembre de 2012

Fuente:  Público.

En unos tiempos de crisis tan honda, con tantos retrocesos en los servicios que presta el estado, también en las libertades que podemos ejercer, con tanto “chorizo” llevándoselo con total impunidad, con unos partidos políticos y unos sindicatos que cada vez oyen más la consigna de que “no nos representan”, la gente protesta.

Hasta ahora la mayor parte de las protestas han sido pacíficas y noviolentas, festivas y solidarias.  La gente que protestaba, todos lo sabemos, tenían razones fundadas para hacerlo.

Ante ello, el poder ha optado por un estrategia diversificada:

  • decir que los que protestan tienen razón, pero que no se puede hacer nada,
  • no hacer nada positivo en ninguna de las justas cuestiones que les están reivindicando.
  • estigmatizar a los indignados y protestones, en algunos medios de comunicación, como gente insolidaria con los consumidores o con otros trabajadores,
  • criminalizar a los indignados mediante códigos penales más duros e imaginativos,
  • limitar aún más las libertades de los que protestan y proteger, aún más a los que reprimen,
  • buscar formas, más o menos legales y nunca legítimas, de boicotear las manifestaciones mediante infiltrados, incluidos agentes del orden, se llega a decir en la noticia que recomendamos que los antidisturbios hacen política.
  • reprimir a los manifestantes a base de palos, bolas de goma, de querellas, multas, etc.

Los que protestan se han indignado aún más.  Y ya son múltiples las protestas cada día, unas convergen con otras, se mezclan, se apoyan, se complementan, …

Tanto la represión como las protestas ocurren en múltiples países.

Las organizaciones están preocupadas porque sus militantes, y ellas mismas, tienen que asumir elevados costos en multas, represión, juicios, etc.  ¿Cómo se puede dar respuesta a esta situación?

1.-  No es momento, ni es posible políticamente echarse atrás:  “Hay pocas conquistas sociales, por no decir ninguna, que se hayan conseguido sin la protesta”.

2.-  Parece que los gobiernos tienen un objetivo claro:  que a su violencia se conteste con violencia.  Ello, piensan, podría llevar a que los movimientos se escindiesen y a que la violenciadel status quo quedase justificada.

3.-  Hay que señalar claramente las responsabilidades de los partidos tradicionales.  Quizá algunos no son responsables de la violencia, pero tampoco están cerrando filas con los represaliados y su postura de apoyo es, en la mayoría de las ocasiones, muy tímida e interesada (poco creíble).

4.-  Es necesario construir alternativas en muchos aspectos de la vida política y “obligar” a los partidos tradicionales a debatir y asumir las propuestas alternativas.

5.-  La coordinación y solidaridad interna son cada vez más necesarias.  Son imprescindibles.  Aguantar la represión solos y/o en pequeños grupos en más difícil que hacerlo de manera masiva y coordinada.


La desobediencia civil, el SAT y el 15M

9 de septiembre de 2012

Hiri+gerrilaren+dantzaFuente: Artículo publicado por Utopia Contagiosa en el periódico Es Hora del 7 de septiembre de 2012.

Hace unos días el Sindicato Andaluz de Trabajadores/as (SAT) promovió una acción directa consistente en entrar en varios supermercados, llenar unos carritos de productos alimenticios y salir del supermercado sin pagarlos,  para  entregarlos a varios comedores sociales o a ONG´s.  La acción reivindicaba el rescate a las personas, y no a los bancos, según el comunicado de 8 de agosto del SAT1,   y el propio sindicato la ha denominado “expropiación solidaria de alimentos de primera necesidad”.

Anteriormente, el SAT había desarrollado otra acción directa noviolenta en su línea de desobediencia civil, que no tuvo tanto eco mediático pero que demuestra su actuación coherente: ocuparon la finca militar de Las Turquillas2, en Osuna, Sevilla, denunciando que sus 1.200 hectáreas carecen de uso productivo en manos de los militares y reivindicando que la finca pase a manos de cooperativistas andaluces. Poco después ocupó una fina de una prima del rey en Hornachuelos, Córdoba3.

Desde entonces, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en los partidos políticos y sindicatos, ha arreciado el debate sobre las acciones directas noviolentas y la desobediencia civil.  Incluso este debate y estas actuaciones han trascendido internacionalmente y el Guardian británico citaba a Gordillo, para enfurecimiento de nuestra derecha furibunda, como uno de los cinco ejemplos de desobediencia civil para recordar4.

Las respuestas oficiales y bienpensantes no se han hecho esperar: se trata, dicen, de un robo inadmisible y debe caer sobre los activistas todo el peso de la ley. Rechazo generalizado y predecible de los portavoces de los partidos políticos del régimen (lo que incluye en este caso también un moderado rechazo “a las formas” y no al fondo, del propio jefe de IU en Andalucía), opinantes y comentaristas variopintos de los medios de comunicación en boga (lo que incluye a los comentaristas de La Razón y otros especímenes de derechas ahora con mando en plaza en Radio Nacional y Televisión Española), sindicatos de los que frecuentan al Rey y hasta los principales portavoces del gremio de las grandes superficies y del Banco de Alimentos andaluz.

Incluso el Ministro del Interior, auxiliado por el intrigante Ministro de Justicia, ha ordenado la detención de los participantes de dicha acción del supermercado (de las otras no sabemos que hayan dicho nada), incluído  el Alcalde de Marinaleda y diputado autonómico andaluz, Sánchez Gordillo, que se ha caracterizado en su dilatada vida pública por el uso de la acción directa noviolenta para conseguir reivindicaciones relacionadas con los derechos humanos y las conquistas sociales como se demuestra en el artículo “La economía según Sánchez Gordillo”5

Por el lado contrario, también se han dado variadas alabanzas a la acción, ya sea ensalzando el coraje de plantar cara a la actual situación y de salirse de nuestro encorsetado modelo de participación, ya recordándonos el refrán exculpatorio de que quien roba a un ladrón cien años de perdón, e incluso recordándonos a Robin Hood o a nuestro Curro Jiménez, o haciendo llamamientos a las barricadas y al uso de la violencia en respuesta a la violencia estructural del sistema.

A nosotros, que reivindicamos la legitimidad de la acción directa noviolenta como herramienta política legítima y eficaz frente a la injusticia, lo cierto es que los argumentos que hemos leído hasta ahora, a favor o en contra de los hechos del día 8 de agosto, no nos acaban de convencer y nos parecen demasiado pasionales y poco razonados y explicados. Preferimos analizarlos desde la propia perspectiva de la noviolencia. Veamos:

A continuación queremos abordar el maremagnum de ideas y de sentimientos que a mucha gente les ha supuesto este cúmulo de acciones (que se suman a las del 15 M y a los bloqueos contra los desahucios, etc.) desde las dos perspectivas opuestas que se concitan:

  1. desde el poder y el status quo.
  2. desde la sociedad que sufre y se activa.

1.-  El debate desde el poder y el status quo.

1.1.-  Los intereses (que se pretenden ocultar) del poder.

En el argumentario formalista y leguleyo del poder, que una acción sea contra la ley implica su descalificación absoluta, la de sus actores y la de las propias ideas que la sustentan, salvo que la acción la ejerza el bando propio (ley del embudo político, muy al uso del cinismo político vigente). Por eso, bajo la acusación simplista de ilegalidad se esconde la anatemización de cualquier aspiración a preguntarse por el actual estado de cosas y, mucho más, de intentar cambiarlo.

El anatema hacia todo lo que sea desobedecer al sistema evita el análisis y el diálogo y sirve a los intereses (consustanciales al poder) de ningunear a todo el mundo.  Esta posición no es, por lo tanto, imparcial, sino muy parcial e interesada:  los poderosos defienden (con uñas y dientes disfrazados de legalidad vigente) sus egoístas intereses y privilegios y los problemas que ellos mismos provocan, pretenden eludirlos bajo una capa de silencio y mantenerlos como un conflicto “latente” o irreal. Sólo cuando saltan a la agenda mediática (provocando el escándalo) se ven obligados a abordar este conflicto.

Ahora bien, que una ley, o un conjunto de ellas, sea legal no quiere decir ni que sea la mejor, ni que sea justa, ni que sea legítima por el solo hecho de haber sido votada por el cauce legal. Hay una legitimidad “de ejercicio” que consiste en si sirve al bien común o no y en qué grado es justa o injusta y para quién o para qué intereses porque a todos no se puede contentar.

En nuestro caso, el poder pretende que se olvide o que pase desapercibido el verdadero trasunto de la cuestión:  las políticas neoliberales y las leyes que se aplican y perjudican a la sociedad, favoreciendo claramente a los poderosos económicos (banqueros, ricos, empresarios, especuladores, …).  

El poder pretende trasladar el focoen exclusiva en los jornaleros, en la supuesta violencia o ilegalidad de su acción, en la transgresión de las normas.  La estrategia del poder es algo así como mirar para otro lado (los jornaleros y sus actuaciones) para evitar que se mire a sus responsabilidades, incumplimientos e injusticias.  Si lo consiguen su victoria será doble:  por un lado la gente se olvidará de que ellos son los causantes de la violencia estructural que genera la situación, por otro, conseguirán culpabilizar a los que se mueven de manera noviolenta para culpabilizarles de todo.

El supuesto pacto constitucional (que nunca existió en la medida que nos quieren hacer creer) predica que el fundamento de las leyes y de la acción política son la dignidad y la igualdad de las personas, los derechos humanos, la justicia y el pluralismo y no otras razones.  Pero la ley la han hecho los de arriba para defender sus privilegios y les han blindado haciendo que el sistema de participación existente no permita los cambios que permitirían acercarnos a estos ideales. Es la violencia del cauce burocrático-institucional y formal establecido la que impone la noviolencia y la acción noviolenta como único medio coherente de cambiar las cosas.

El gobierno y sus partidarios pretenden eludir un conflicto real y que genera injusticia a millones de españoles, bajo la apariencia de que con el cumplimiento de la ley y el acatamiento del poder es suficiente, y la acción directa lo que busca es que  ese conflicto oculto y latente se haga visible y salte a las agendas mediáticas, políticas y sociales, desvelando que donde aparentemente no pasaba nada, sí que pasa y provocando un cambio de relaciones de fuerza e,  incluso, una dinámica en la que se pueden abrir nuevos escenarios de lucha social.

Por eso es comprensible que el poder reaccione bruscamente intentando apagar la llama del conflicto así encendida y amenazando con respuestas penales a quienes quieran llevar adelante actuaciones similares.

El verdadero vencedor de este pulso político será el que consiga que su enfoque sea aceptado por la mayoría de la sociedad y los medios de comunicación:  o el acto ilícito que reivindica el poder, o la violencia estructural subyacente que reivindican los jornaleros, los participantes en el 15 M, etc.

1.2.-  ¿Un delito u otra cosa?

En primer lugar no nos parece que los hechos puedan ser descritos, sin más, como un simple delito y, mucho menos, que tras de este argumento se intente silenciar y deslegitimar lo ocurrido, o eludir el asunto sobre el que la acción ha querido llamar la atención: la crisis y el rescate de las personas perjudicadas por las insolidarias medidas políticas impuestas por “los mercados” y sus cómplices políticos y privilegiados.

Menos aún que la invocación de delito se haga con la rotundidad similar a lo que pueden considerarse delitos graves, de alarma social y grave perjuicio a la sociedad, como puede ser un asesinato, un robo o estafar a miles de personas con la adquisición de “preferentes” de los bancos quebrados, pongamos por caso. Algunos ya han dicho que hay delitos y delitos y, desde luego, si estamos ante un delito, no podemos zanjar el asunto demonizando a los activistas y eludiendo su reivindicación.

En el presente caso, en el supuesto de estar ante un delito, lo cierto es que no estaríamos técnicamente ante un robo (que es de lo que se han aprestado a acusar al SAT el gobierno y sus auxiliares vocacionales), pues no ha habido ni violencia contra las personas ni fuerza contra las cosas (los rasgos que definen al robo) y la cuantía económica de lo que contenían los carritos, al parecer, es inferior a la que se considera incluso delito de hurto, con lo que, a lo sumo,estaríamos probablemente ante una mera “falta” que ni justifica las detenciones de los activistas, ni ninguna de las arbitrarias medidas policiales llevadas a cabo.

Pero, siguiendo nuestra argumentación, ocurre que un delito es un acto contrario a una ley que, en general, tiene algunas características diferentes a las del presente supuesto:

  • Persigue un objetivo egoísta, personal, de lucro.
  • Lesiona un bien jurídico esencial para la comunidad.
  • No pretende satisfacer un derecho propio ni ajeno.
  • El delincuente pretende quedar impune, pasar desapercibido, no ser sorprendido en su acción
  • No conlleva una actuación por convicciones
  • No se fundamenta en convicciones político-morales, no apela a los valores compartidos, no reivindica nada, ni aspira a cambiar nada
  • Su resultado querido es, sencillamente, aprovecharse ilícitamente de la acción realizada.
  • No es noviolento en su metodología, desarrollo y pretensión.

Sin embargo, el acto del SAT, siendo ilícito (es decir, contrario a una norma jurídica):

Persigue un objetivo altruista

  • Produce una lesión de un bien jurídico que en lo concreto es menor
  • Busca satisfacer un interés colectivo, comunitario
  • Los activistas actúan con absoluta publicidad, haciendo de su acto un acto comunicacional con el propósito de apelar a la sociedad
  • Además los activistas asumen personal y directamente el riesgo y las consecuencias de su actuación ilegal
  • Actúan militantemente y por convicciones político-morales
  • Aspira a un resultado: cambiar en este caso las reglas de juego injustas que condenan a la miseria a la mayoría de la sociedad y rescatan a los bancos, políticos y corruptos que nos han llevado a la actual crisis.
  • Su actuación es noviolenta en la concepción de la acción y el rechazo al uso de la noviolencia.

Mientras un particular que cometiera un delito o una falta de hurto (en este caso sería lo aplicable con nuestro código penal en mano y no un robo como pretende manipuladoramente el ministro del interior) intenta aprovechar en secreto su acción, los activistas aquí lo que han hecho es aprovechar el efecto publicitario de la ilicitud de su acción para reivindicar otro modo de repartir los costes de la crisis. El propósito es distinto.

De todo ello se desprende que aunque estamos ante una acción ilegal no estamos en principio ante el mismo tipo de ilícitos que constituyen los delitos o la consideración de los delitos usual.  Estamos ante una acción con otra naturaleza y ante una actuación que persigue otros ánimos que ha hecho uso de la infracción de una norma penal para conseguir indirectamente cuestionar una situación estructural injusta y reparable pero que la maquinaria estatal ha blindado para que no cambie y nos ha metido en la cabeza que no se puede cambiar.

1.3.-  Las exigencias del poder hacia los jornaleros y la complacencia con sus propias debilidades.

Es curioso el cinismo del poder que una y otra vez exige a los jornaleros o los activistas del 15 M una coherencia al 100 % y una noviolencia al 100 %.  Si no es así, y molestan en la plaza de Sol o producen un daño a los militares o a unas grandes multinacionales, les condenan categóricamente y les descalifican en lo absoluto.  Ya nada de lo que puedan proponer o hacer es válido.

A los activistas noviolentos se les exige noviolencia al 100 %, olvidando que las acciones noviolenta se desarrollan en una sociedad que es esencialmente conflictiva y en gran parte violenta, por lo tanto, la noviolencia total no existe.  Siempre habrá alguien que reclame que le han violentado sus intereses o sus ideas.  La humanidad nos desarrollamos en sociedades que siempre son conflictivas, siempre están en lucha y las diversas posiciones sociales, políticas o económicas se enfrentan.   No se puede comparar la violencia estructural que ejerce el sistema en todos los ámbitos con la ejercida por los activistas.  Tampoco se puede obligar que el sistema ejerce su violencia desde una postura de superioridad y fuerza, sin embargo, los activistas actúan desde una posición de inferioridad, desde el desamparo participativo en el que nos encontramos ya que se ven abocados por el propio sistema que les corta las vías para plantear sus reivindicaciones y que sean oídas y aprobadas con la actual democracia representativa y delegadora y con unos tribunales de justicias lentos y que juzgan con leyes impuestas por las elites.

Se pone, cínicamente, el grito en el cielo porque se han dañado los derechos de un tercero y la acción ya no es directa, en puridad, los derechos de un automovilista cuando se cortó una calle, o de un quiosquero en Sol, o de una cajera en Mercadona, o de la propia Mercadona.  Hay que respetarles, son sagrados.  Las protestas les deberían tener en cuenta y sólo se debería protestar cuando nadie sale perjudicado, nos dicen.  Entonces no se debería protestar nunca.  Realmente eso es lo que quieren, con el razonamiento anterior no buscan más que su propio interés.  Sin embargo, ¿qué ocurre con todas las personas forzadas al hambre, a la falta de medicinas, a pagar hipotecas que les impiden sobrevivir, a los engañados por los bancos, a sobrevivir con casi nada, a la exclusión, en definitiva?, ¿dónde quedan sus derechos?, ¿no es posible luchar por ellos ni que ellos luchen por lograr justicia?

No nos equivoquemos, no nos dejemos engañar, el poder pretende, con sus exigencias de coherencia total hacia nosotros, llevarnos a la inacción.  Buscan enredarnos en discusiones vanas para inactivarnos.

Es cierto que la coherencia medios/fines debe ser uno de los principales referentes de nuestra actuación, pero ello no puede llevaros a un purismo absoluto. Quien quiere cambiar el mundo debe mancharse los pies de barro, quiera o no quiera.

Sin embargo, los poderosos son muy permisivos con sus propias incoherencias: ¿dónde están los castigos a los banqueros que han hundido bancos, dónde el control a los especuladores que una y otra vez nos imponen sus intereses egoístas ante el bien común de países enteros, dónde el control de la corrupción política a nivel estatal, de comunidades o local, dónde las promesas de cambios en la ley electoral que hagan que la democracia deje de ser delegadora para ser participativa, dónde el reparto progresivo de las cargas sociales, …?

La estrategia del poder es clara, busca anatemizar a los que critican y, sobre todo, a aquellos que se atreven a actuar contra el sistema injusto.  Su objetivo es conseguir que la obediencia ciega sea el paradigma cultural que nos constriña a sólo pretender cambios a las inquietantes injusticias que vivimos día a día por medio de las votaciones cada cuatro años y la delegación permanente.

Alguna gente, descontenta, harta, aboga por las acciones violentas.  Y el sistema y los poderosos lo esperan como agua de mayo porque entonces todo sería meridianamente claro:  no se puede admitir la violencia en las calles, hay que reprimir.  Y lo harían con legitimidad legal e incluso con la que otorga una buena parte de la sociedad.  La violencia de los activistas sería la llave que dejaría paso libre a más recortes legales y de libertades.

2.-  Desde la sociedad que sufre y se activa.

2.1.-  ¿Dónde ponen el foco los desobedientes?

¿Alguien puede pensar que lo que pretendían los activistas era quedarse para uso propio los productos del supermercado, o que querían hacer daño en los negocios a los quiosqueros de la Puerta del Sol, o que querían que ciertas personas no llegasen a sus lugares de destino cuando se interrumpió la circulación en una calle o carretera?  No, ¿verdad?  Todos tenemos claro que los activistas desobedientes no pretenden aquello de lo que cínicamente el poder les acusa. Sin embargo, el poder busca, por todos los medios, desplazar a la discusión de estas cuestiones sin sentido el debate.

Entonces, ¿qué es lo que pretendían los activistas desobedientes?

Hemos querido dejar claro que la postura de los desobedientes es políticamente complicada porque la legalidad no ofrece ninguna opción de oposición a eso que llamamos realidad y que, sin embargo, los activistas se sienten legitimados para oponerse a esa legalidad y a esa realidad proponiendo debates y medidas políticas, económicas y/o sociales que les parecen imprescindibles:  en el caso del 15 M se proponía una lucha contra la corrupción, se pedía la reforma del sistema electoral, se aludía a la gente para convertir la democracia delegadora en participativa, etc;  en el caso de los jornaleros reclamaban la atención social a los cientos de miles de personas que se encuentra, por los recortes del gobierno, en exclusión social y con muy pocas posibilidades de futuro en cuanto a empleo y calidad de vida, reclaman que algo hay que hacer a su favor y que hemos de dejarnos de hacer cosas en su contra.  ¿Es esto incorrecto?  No.  ¿Es necesario?  Sí.

Los desobedientes ponen el foco en el meollo del conflicto latente que supone una salida injusta de la crisis, que reparte desigual y arbitrariamente beneficios y costes entre unas clases pudientes y unas élites cada vez más enriquecidas y beneficiadas por las políticas de ajuste de corte neoliberal en marcha, y una inmensa mayoría de la sociedad cada vez más perjudicada en sus derechos, necesidades básicas y expectativas de futuro.

No se trata de un desigual reparto fruto de la casualidad o la fatalidad, sino, y ese es el meollo del asunto, de un desigual reparto fruto de políticas certeramente aplicadas para provocar desregulación, precarización, desmontaje de servicios básicos y de lo que hemos conocido como estado de bienestar, empobrecimiento de amplias capas sociales y, en definitiva, violencia (sobre todo estructural y cultural) y dominación: una agresión contra la propia seguridad humana.

Los activistas desobedientes han pretendido, como en otras ocasiones:

  • visibilizar un conflicto latente y ocultado por los poderosos, que pretenden que el actual reparto de cargas es lo normal y que la sociedad está conforme con las políticas que ellos mismos aplican “en nuestro nombre” pero sin nuestro beneplácito. Un conflicto que enfrenta a unos pocos cada vez más  poderosos y una mayoría cada vez más desprotegida y sometida y que ya pasa, en muchos casos, por situaciones de vulnerabilidad y de hambre.
  • Apelar a la sociedad para que pidan mayor justicia a los poderes o, en caso de que sigan sin atender estas reclamaciones, para que se activen y apoyen a aquellos que tan mal lo están pasando.
  • Usar de la acción directa y su potencial mediático y simbólico como medio para mostrar las contradicciones del sistema que se dice justo, reivindicar otra salida y mostrar un camino de cambio que apunta a los culpables de la situación y a la alternativa de la solución que supone cambiar dominación y violencia por cooperación y justicia.

Cuando los desobedientes realizan su acción conocen la ilegalidad de la misma y la utilizan pra su reivindicación. Pero, por encima de ella, apelan a valores socialmente compartidos y obviados en la actual receta neoliberal, como son la seguridad humana, la respuesta solidaria y redistributiva frente a la vulnerabilidad y la precariedad, la justicia social y los derechos tomados en serio, las promesas de dignidad, justicia, igualdad, libertad, derechos humanos y efectivo pluralismo que constituyen el núcleo de justificaciones de nuestro peculiar sistema político y legal, y que, según la Constitución que blanden como un catecismo los de arriba, obliga a los poderes públicos a remover todos los obstáculos para que se hagan efectivos.

También deberíamos fijarnos en otras características de la acción de los desobedientes, que en nuestra opinión potencian las cualidades positivas para la sociedad de la acción directa y de la desobediencia civil:

  • Contenidos globalizados,
  • compromiso personal coherente,
  • objetivos revolucionarios o transformadores,
  • metodología participativa e inclusiva,
  • organización asamblearia
  • y desarrollo en movimientos de base.

Incluso más, parece que la acción desarrollada ha buscado y cuidado los aspectos pedagógicos y de diálogo con la sociedad, apelando a sus valores y aspiraciones, y ofreciendo un horizonte de aspiraciones y reivindicaciones indudablemente necesarios. También ha buscado mostrar una cierta ejemplaridad (servir de ejemplo) y eficacia para la transformación (de hecho uno de los centros comerciales ha aceptado entregar semanalmente productos gratis a los comedores sociales de varios municipios y para paliar la situación).  Y también, se han cuidado los aspectos de cohesión grupal y de cuidado interno del grupo, tan importantes como los objetivos políticos a conseguir con la acción.

2.2.-  La llama de la acción directa y el cambio del modelo de participación

Es posible que la acción directa emprendida sea incompleta e imperfecta, pero tal vez su mayor potencialidad es que, a la vez, abre la vía a un ejercicio del propio poder y a la participación política diferente y desenmascara el rígido modelo actual basado en el cauce institucional de unas instituciones ocupadas principalmente por una élite política poliárquica y blindadas por mecanismos poco imparciales al efectivo pluralismo y a los intereses de las mayorías.

Por supuesto que llevándose la comida de los comercios no vamos a conseguir cambiar la situación y que los cambios tienen que ver más con cambios estructurales profundos y distintos. Por supuesto que el contendiente no es Mercadona o cualquier otro centro comercial, sino los intereses creados de ese híbrido financiero-político-social-burocrático neocapitalista y de su programa de ajustes duros.

Pero la acción desarrollada pretende aportar un contenido simbólico de escenificación de otra metodología de lucha y de confrontación directa entre opulencia y carencia injusta.

Ello permite abrir el debate en los movimientos sociales y en la sociedad sobre las metodologías de lucha a desarrollar y, desde nuestro punto de vista reclama mayor debate, mayor coordinación y pluralidad de actuaciones tanto de lucha como de alternativas al modelo actual.

Tal vez se acerca la oportunidad de elaborar colectivamente una verdadera campaña de desobediencia civil que englobe acciones directas noviolentas, acciones formativas y pedagógicas, y otras luchas sociales.

2.3.-  La elección entre la acción violenta y la noviolenta.

En párrafos anteriores defendíamos que es imposible una acción directa noviolenta que sea al 100 % pura, que no contenga ni un miligramo de violencia.  Pero nos es sumamente agradable y habla muy bien de la coherencia y de la honradez de los principios de los desobedientes que optan por la acción directa noviolenta y que renuncian a la violencia como arma de acción política.

También es lógica esta opción porque ya se ha visto en muchas ocasiones que la opción por la violencia lo único que logra es dar más argumentos a la represión y a las políticas de recorte de las libertades.

Es de resaltar la coherencia y la honda implicación que está logrando la sociedad española en su lucha por las libertades y contra los recortes:  se ha optado por la acción aunque signifique desobediencia y se ha optado por la noviolencia.  Ambas son señales de que la sociedad española está logrando una mayoría de edad política muy interesante y esperanzadora.

2.4.-  ¿Con quién nos solidarizamos en el debate surgida con la expropiación-robo de alimentos básicos a varios supermercados para cederlos a comedores sociales?

Se están dando en dicho debate algunas de las claves para entender fenómenos como la desobediencia civil que supuso la objeción-insumisión hace años o lo que supuso tomar la plaza de Sol por el 15 M.  Por un lado está lo legal y por otro lo político:

  • En lo legal hay muchos que opinan que las leyes hay que respetarlas y punto.  Que sin leyes esto sería la jungla.  Que el que elige salir de la ley ha de atenerse a las consecuencias y la sociedad ha de penarle sin trabas de conciencia.
  • En lo político otros oponen que las reglas pueden ser justas o injustas y que toda ley es mejorable y se ha de adaptar continuamente a la evolución de los tiempos y de las sociedades.  Oponen que si una ley es injusta es legítimo desobedecerla, sobre todo si se hace de manera pública, sin esconderse, con motivaciones transformadoras, si no se saca partido personal de la acción.
  • En lo legal muchos opinan que sólo se puede cambiar la ley desde los mecanismos establecidos:  las votaciones democráticas para elegir a nuestros representantes.  Luego, durante cuatro años hay que confiar en ellos y exigirles, por las vías legales, por supuesto, que cumplan lo que nos han prometido.
  • En los político otros piensan que este modelo democrático “delegado” y borocratizado es imperfecto e injusto.  Porque la democracia es delegativa y una vez en la poltrona los elegidos se olvidan de que están al servicio de los electores y se creen los reyes de la montaña.  Porque el sistema electoral es injusto y privilegia a unos y perjudica a otros.  Porque las vías legales para hacer cumplir a los políticos con sus programas, no olvidemos que Rajoy ha incumplido reiteradamente el suyo, simplemente, no existen y, por lo tanto, la ciudadanía se encuentra indefensa ante los políticos.
  • En lo legal muchos opinan que el sistema económico es el mejor de los posibles y que la economía de mercado es sólo un dechado de virtudes, pero que los españoles no la sabemos hacer bien.
  • En lo político otros oponen que la economía de mercado beneficia a los de siempre y perjudica a los mismos una y otra vez (por ejemplo, si un diputado cobra 1.823 € al mes por mantenimiento y manutención, ese debería ser el salario mínimo).  Argumentan que estamos pagando la crisis los que no la hemos provocado (clases media y baja) y que los que la han provocado, no sólo no están pagando con recortes sino que, además, se están lucrando.  ¿Dónde están esas prometidas reformas de los mercados especulativos, de la tributación para que realmente sea progresiva, contra los paraísos bursátiles?  De ellas no ha habido nada y ahora nuestros políticos ni siquiera las mentan.
  • En lo legal alegan los centros comerciales que hay que proteger el derecho a la propiedad.  Se entiende que a su propiedad.
  • En lo político los expropiadores reclaman a estas empresas y a todas las demás que tengan, sobre todo en estos tiempos de crisis galopante, una clara e importante política de responsabilidad social corporativa.

Y ahora todos tenemos la palabra.  ¿Dónde se ha de situar el debate?  ¿Qué ha de primar, lo legal o lo político?

Por otro lado, cuando se opta por la desobediencia civil es, también, porque el Estado y la sociedad no ofrecen vías políticas para mostrar desacuerdos a una parte de la sociedad.  Pensamos que, entonces, la sociedad y la legalidad existente también son concausas de las actitudes desobedientes y que se les debe condenar en la misma medida.  Así fue con la insumisión, el Estado, los políticos del momento, no dejaron a los jóvenes más opción que desobedecer y a ella se aferró la juventud y con ella hizo política.  Ciertamente muchos fueron juzgados y condenados. Muchos cumplieron prisión, pero el movimiento buscó fuerzas y motivación en esos encarcelamientos y siguió en la lucha con ánimos y coherencia redoblada.  Lo mismo ha ocurrido y ocurre con todas las manifestaciones del 15 M.

Si encarcelan a los que han robado-expropiado comida, lo más seguro es que haya más que sigan la misma senda y roben más comida porque saben que es necesaria para mucha gente que ya no tiene nada de donde tirar ni ninguna ayuda estatal para subsistir.  ¿Preferimos el modelo de suicidios de Grecia?  Ahora la gente nos vemos obligados a posicionarnos personal y socialmente.  Muchos lo harán en charlas familiares, en debates de bar;  pero otros irán un poco más allá y darán algún paso en una u otra línea.
Si queréis leer un poco más sobre las características de la acción directa noviolenta y sobre la desobediencia civil, podéis consultar:  Manual de Acción Directa Noviolenta6.

2.5.-  ¿E I.U.?

Pues parece que la mayor parte de sus dirigentes han optado por situarse en la parte legal del debate.  

Pocos han entendido el verdadero y profundo trasfondo de las acciones del 15 M y de los jornaleros del SAT. Sus declaraciones así lo demuestran.  Pero no es sólo lo que han dicho lo que nos preocupa, sino que también, y mucho más, nos preocupa su forma de vivir y de hacer política:  en el fondo, muchos de los dirigentes se implican en el punto de vista legal y no en el légítimo y político.  

Nos parece un craso error porque es en la parte política donde se pueden lograr las transformaciones sociales que anhelan sus bases.  

Pero, ya se sabe, la poltrona apoltrona mucho y parece que a la mayoría de los diputados y dirigentes de I.U. les cuesta mucho entender y hacer suyas las ideas desobedientes y activistas  prefieren condenar las formas y aprobar el fondo de los debates.


¿Qué pasa con los objetores paraguayos?

5 de septiembre de 2012

Fuente: La Nación

Nos cuesta un enorme esfuerzo conocer la situación actual de la lucha de los objetores antimilitaristas en Paraguay, a pesar de ser ésta una de las más llamativas de América Latina.

Si estamos bien enterados del enredo, la cosa está como sigue:

La Constitución paraguaya, de después de la caída del dictador Stroessner, articuló la viabilidad de la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, una de las estructuras de socialización y adoctrinamiento más férreas y arraigadas con que cuenta el militarismo paraguayo.

Dada la negativa de sucesivos gobiernos a permitir esta objeción, los objetores paraguayos, principalmente articulados en torno al SERPAJ paraguayo y al Movimiento de Objeción de Conciencia  paraguayo, articularon campañas para el reconocimiento de la objeción como vía alternativa (no complementaria) al servicio militar obligatorio y para que el número de objetores dispuestos a negarse a servir al militarismo creciera.

Tras muchos tiras y aflojas, al final el depuesto Presidente Lugo firmó una ley bastante favorable a los intereses militares para permitir determinada objeción de conciencia, pero privándola de su carácter político alternativo y sometida a restricciones y discriminaciones groseras.

Lo objetores no se arredraron y siguieron en sus trece, es decir, negándose al militarismo y al servicio militar obligatorio e, incluso, formulando un recurso que cuestionaba ante la Corte Suprema la constitucionalidad de la norma.

Esto ha supuesto que, en mucho tiempo, en años, el número de jóvenes que se niegan a ir al ejército crezca mucho. De hecho muchos jóvenes, en este limbo legal, no sirven al ejército e integran una bolsa cada vez más creciente de gente a la espera de respuesta de la corte suprema sobre la ley de objeción.

Si la Corte declara la iegalidad de esta ley y la discriminación de la prestacion sustitutoria al servicio militar, el número de objetores crecerá, la deslegitimación del anacrónico servicio militar será más que evidente y las posibilidades de que los objetores “embolsados” lleven adelante su amenaza de desacatar cualquier ley que no convierta el servicio militar en voluntario serán más que evidentes.

Pero la Corte no se pronuncia, se toma su tiempo (más ahora, tras el derrocamiento  antidemocrático del presidente Lugo), y esto impacienta a los militares paraguayos, que siguen considerando ofensivo que unos jóvenes desafien sus aguerridas imposiciones.

Por eso el que hasta hace pocos días ha sido el encargado del reclutamiento de jóvenes para el servicio militar paraguayo, General Migdonio Godoy, cumpliendo muy seguramente órdenes de la ministra del ramo (por cierto, del partido del ex general golpista Lino Oviedo, verdadero instigador del golpe dado a Lugo) ordenó que se aplicaran sin contemplaciones las reglas disuasorias de la ley del servicio militar (ley 569/75) que imponía a las emprsas la obligación de que los jóvenes a los que contraten cunten con un certificdo militar de haber realizado el servicio militar (“baja”), al cual ahora, por una decisión de hace unos años por parte de la judicatura paraguaya, también podrá asimilarse el certificado de haber sido reconocido objetor de conciencia.

Con este anuncio de Don Migdonio se pretendía amedrentar a los jóvenes y acabar con su desafiante desacato de pasar del ejército.

Pero al parecer la respuesta no ha sido la esperada: cientos de jóvenes han empezado a pedir que les expidan en papel de ser objetores, con lo que no hacen la mili ni, de momento y hasta que se resuelva la cuestión de la ley de objeción, la prestación militarizada.

De modo que la ministra, en este juego de tirar la piedra y esconder la mano, ha destituído al bueno del General Godoy y ha anunciado que se suspende la aplicación de la ley del servicio militar.

Se ve que la respuesta social es muy honda, tanto como para intimidar al militarismo rampante y al oviedismo golpista.

Por eso desde aquí nuestra  solidaridad y apoyo a los objetores paraguayos y a los grupos que los apoyan, aunque sea tan dificil contar con información suficiente de éstos.


La acción del SAT en los supermercados: A propósito de la acción directa noviolenta

18 de agosto de 2012

Jamones

Hace unos días el Sindicato Andaluz de Trabajadores/as (SAT) promovió una acción directa consistente en entrar en varios supermercados, llenar unos carritos de productos alimenticios y salir del supermercado sin pagarlos,  para  entregarlos a varios comedores sociales o a ONG´s.

La acción reivindicaba el rescate a las personas, y no a los bancos, según el comunicado de 8 de agosto del SAT,   y el propio sindicato la ha denominado “expropiación solidaria de alimentos de primera necesidad”.

Las respuestas oficiales y bienpensantes no se han hecho esperar: se trata, dicen, de un robo inadmisible y debe caer sobre los activistas todo el peso de la ley. Rechazo generalizado y precedible de los portavoces de los partidos políticos del régimen (lo que incluye en este caso también un moderado rechazo “a las formas” y no al fondo, del propio jefe de IU en Andalucía), opinantes y comentaristas variopintos de los medios de comunicación en boga (lo que incluye a los comentaristas de La Razón y otos especímenes de derechas ahora con mando en plaza en Radio Nacional y Televisión Española), sindicatos de los que frecuentan al Rey y hasta los principales portavoces del gremio de las grandes superficies y del Banco de Alimentos andaluz.

Incluso el Ministro del Interior, auxiliado por el intrigante ministro de justicia, ha ordenado la detención de los participantes de dicha acción, incluído  el Alcalde de Marinaleda y diputado autonómico andaluz, Sánchez Gordillo, que se ha caracterizado en su dilatada vida pública por el uso de la acción directa noviolenta para conseguir reivindicaciones relacionadas con los derechos humanos y las conquistas sociales.

Por el lado contrario, también se han dado variadas alabanzas a la acción, ya sea ensalzando el coraje de plantar cara a la actual situación y de salirse de nuestro encorsetado modelo de participación, ya recordándonos el refrán exculpatorio de que quien roba a un ladrón cien años de perdón, e incluso recordándonos a Robin Hood o a nuestro Curro Jiménez, o haciendo llamamientos a las barricadas y al uso de la violencia de respuesta frente a la violencia estructural del sistema.

A nosotros, que en principio reivindicamos la legitimidad de la acción directa noviolenta como herramienta política legítima y eficaz frente a la injusticia, lo cierto es que los argumentos que hemos leído hasta ahora, a favor o en contra de los hechos del día 8 de agosto, no nos acaban de convencer y nos parecen demasiado pasionales y poco razonados y explicados. Preferimos analizarlos desde la propia perspectiva de la noviolencia. veamos:

1) ¿Un delito u otra cosa?

En primer lugar no nos parece que los hechos puedan ser descritos, sin más, como un simple delito y, mucho menos, que tras de este argumento se intente silenciar  y deslegitimar lo ocurrido, o eludir el asunto sobre el que la acción ha querido llamar la atención: la crisis y el recate de las personas perjudicadas por las insolidarias medidas políticas impuestas por “los mercados” y sus cómplices políticos y privilegiados.

Menos aún que la invocación de delito se haga con la rotundidad similar a lo que pueden considerarse delitos graves, de alarma social y grave perjuicio a la sociedad, como puede ser un asesinato, un robo o estafar a miles de personas con la adquisición de “preferentes” de los bancos quebrados, pongamos por caso. Algunos ya han dicho que hay delitos y delitos y, desde luego, si estamos ante un delito, no podemos zanjar el asunto demonizando a los activistas y eludiendo su reivindicación.

En el presente caso, en el supuesto de estar ante un delito, lo cierto es que no estaríamos técnicamente ante un robo (que es de lo que se han aprestado a acusar al SAT el gobierno y sus auxiliares vocacionales), pues no ha habido ni violencia contra las personas ni fuerza contra las cosas (los rasgos que definen al robo) y la cuantía económica de lo que contenían los carritos, al parecer, es inferior a la que se considera incluso delito de hurto, con lo que, a lo sumo, estaríamos probablemente ante una mera “falta” que ni justifica las detenciones de los activistas, ni ninguna de las arbitrarias medidas policiales llevadas a cabo.

Pero, siguiendo nuestra indagación, ocurre que un delito es un acto contrario a una ley que, en general, tiene algunas características diferentes a las del presente supuesto:

  • Persigue un objetivo egoísta, personal, de lucro.
  • Lesiona un bien jurídico esencial para la comunidad.
  • No pretende satisfacer un derecho propio ni ajeno.
  • El delincuente pretende quedar impune, pasar desapercibido, no ser sorprendido en su acción
  • No conlleva una actuación por convicciones
  • No se fundamenta en convicciones político morales, no apela a los valores compartidos, no revindica nada, ni aspira a cambiar nada
  • Su resultado querido es, sencillamente, aprovecharse ilicitamente de la acción realizada.
  • No es noviolento en su metodología, desarrollo y pretensión.

Sin embargo, el acto del SAT, siendo ilícito (es decir, contrario a una norma jurídica):

  • Persigue un objetivo altruista
  • Produce una lesión de un bien jurídico que en lo concreto es menor
  • Busca satisface un interés colectivo, comunitario
  • Los activistas actúan con absoluta publicidad, haciendo de su acto un acto comunicacional con el propósito de apelar a la sociedad
  • Además los activistas asumen personal  directamente el riesgo y las consecuencias de su actuación ilegal
  • Actúan militantemente y por convicciones político-morales
  • Aspira a un resultado: Cambiar en este caso las reglas de juego injustas que condenan a la miseria a la mayoría de la sociedad y rescatan a los bancos, políticos y corruptos que nos han llevado a la actual crisis.
  • Su actuación es noviolenta en la concepción de la acción y el rechazo al uso de la noviolencia.

Mientras un particular que cometiera un delito o una falta de hurto (en este caso sería lo aplicable con nuestro código penal en mano y no un robo como pretende manipuladoramente el ministro del interior) intenta aprovechar en secreto su acción, los activistas aquí lo que han hecho es aprovechar el efecto publicitario de la ilicitud de su acción para reivindicar otro modo de repartir los costes de la crisis. El propósito es distinto.

De todo ello se desprende que aunque estamos ante una acción ilegal no estamos en principio ante el mismo tipo de ilícitos que constituyen los delitos o la consideración de los delitos usual.

Estamos ante una acción con otra naturaleza y ante una actuación que persigue otros ánimos que ha hecho uso de la infracción de una norma penal para conseguir indirectamente cuestionar una situación estructural injusta y reprable pero que la maquinaria estatal ha blindado para que no cambie y nos ha metido en la cabeza que no se puede cambiar.

2 ) ¿Es una acción noviolenta?

En este punto es donde, en nuestro criterio, más dudas pueden suscitarse y ello porque es un uso de la acción que perjudica (aunque en realidad muy relativamente por la cuantía de los productos que se han sacado sin pagar y el perjuicio generado a las grandes superficies son mínimos) a un tercero, que no es directamente el causante de la situación que se denuncia y reivindica.

Estaríamos ante una acción “indirecta” que genera perjuicios a un tercero (en este caso un tercero que tiene indudablemente otras cuentas pendientes por su responsabilidad en el modelo de acumulación existente, o por su participación en la negación del derecho humano a los alientos, o pos su trato explotador a los trabajadores y trabajadoras a sus órdenes, o por su papel de agentes económicos que impiden el desarrollo de economías de escala local, o por su papel en la contaminación, etcétera; pero que son cosa que no se dirimen directamente en este caso) “ajeno” al conflicto y, por más que la entidad de la violencia ejercida sea pequeña, sustraer bienes de otro supone un ejercicio en cierto modo violento.

El atentar contra intereses de los directos causantes del mal que se denuncia (por ejemplo ocupando ministerios, o bancos, o promoviendo la retirada masiva de fondos de estos, o desplegando campañas de desobediencia fiscal al pago de impuestos para rescatar a banqueros, o hacer objeción médica a la prohibición de atender a inmigrantes, impedir el lanzamiento de desahuciados mediante encadenamientos o concentraciones,  y un largo etcétera)  no tendría ningún inconveniente en cuanto a los requisitos de la acción noviolenta, pero al tratarse de un tercero “ajeno” y sólamente indirectamente implicado en el mal que se denuncia, no es tan claro que la acción pueda considerarse plenamente noviolenta.

En nuestra opinión, las acciones directas violentas (también se han reivindicado desde ciertos sectores ante esta situación y con la excusa de la actuación del SAT) no estarían justificadas y, a la larga, a la par que ineficaces y de la deslegitimación social que tendrian, implicarían una regresión de nuestros derechos y una amenaza para la sociedad.

Precisamente por ese riesgo de servir a los intereses de la multiplicación de la violencia espiral, es por lo que nos interesa tanto analizar la acción desde el punto de vista de la noviolencia y desmarcarla de una supuesta violencia legítima que, en realidad, no lo es.

3) ¿Es una acción directa noviolenta?

 Hace no mucho escribimos un largo artículo sobre la acción directa noviolenta en el que exponíamos las características de este tipo de acción y las similitudes (y también diferencias) con otro tipo de actos sociales y políticos.

En principio no tenemos ninguna duda en afirmar el carácter de acción directa de la realizada el 8 de agosto. Se trata de una acción donde los activistas, sin delegación, de forma directa, desarrollan su acción para conseguir un fin concreto y planificado.

Tampoco en afirmar que, como la acción directa noviolenta, se trata de una acción política y politizada.

Restaría ver si ésta, en sus grandes rasgos, ha seguido las pautas de la metodología noviolenta, lo que va más allá de no haber ejercido violencia contra nadie durante la acción, y en este punto nos plateamos si sustraer bienes a un tercero ajeno al conflicto es violento.

A nuestro juicio, teniendo en cuenta que la violencia ejercida es mínima y que el perjuicio generado a un tercero es ínfimo, no tenemos incconveniente en calificar esta acción como una acción noviolenta y separarla nítidamente de los planteamientos de la violencia política.

También deberíamos fijarnos en otras características de la acción que son, a grandes rasgos,

  • contenidos globalizados,
  • compromiso personal coherente,
  • objetivos revolucionarios o transformadores,
  • metodología participativa e inclusiva,
  • organización asamblearia
  • y desarrollo en movimientos de base.

Incluso más, parece que la acción desarrollada ha buscado y cuidado los aspectos pedagógicos y de diálogo con la sociedad, apelando a sus valores y aspiraciones, y ofreciendo un horizonte de aspiraciones y reivindicaciones indudablemente necesarios. También ha buscado mostrar una cierta ejemplaridad (servir de ejemplo) y eficacia para la transformacion (de hecho uno de los centros comerciales ha aceptado entregar semanalmente productos gratis a los comedores sociales de varios municipios y para paliar la situación).

Incluso más, se han cuidado los aspectos de cohesión grupal y de cuidado interno del grupo, tan importantes como los objetivos políticos a conseguir con la acción.

4) ¿Es una acción ilegítima?

Comencemos por señalar que, incluso desde el punto de vista juridico-penal, la entidad de esta acción es mínima y seguramente habrá sido estudiada en esta “nimiedad” por los activistas para decantarse por ella.

Pero, además, es que al tratarse de una acción que goza de características tn especificas que la separan de los delios comunes, nos sitúa en el ámbito de la actuación penal por convicciones, donde las justificaciones, incluso legales, caben y pueden ser apreciadas por un juez sin prejuicios.

Naturalmente desde el poder y desde la óptica del poder la acción siempre será ilegal. Hace poco nos hacíamos eco de la reflexión del profesor Peces Barba y su círculo de  acólitos demonizando a un juez que justificó la insumision al ejército y absolvió del delito de negarse a colaborar con la prestación sustitutoria a un jóven insumiso. También conocemos una gran cantidad de sentencias, algunas incluso protagonizadas por las acciones noviolentas de Sanchez Gordillo y el SAT, en las que se absuelve de los delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad a activistas que se manifiestan, opinan e incluso ocupan fincas en apelación de valores superiores.

Y en este caso, por lo que a la apelación de estos valores y la finalidad de la acción se refiere, sobran argumentos para sostener la legitimidad de la acción e incluso su justificación jurídica.

5) ¿Por qué entonces la insistencia del ministro en la ilegalidad?

En el argumentario formalista y leguleyo del poder, que una acción sea contra la ley implica la descalificación absoluta de la acción, de sus actores y de las propias ideas que la sustentan, salvo que la acción la ejerza el bando propio ley del embudo político, muy al uso del cinismo político vigente).

Por eso, bajo la acusación de ilegalidad se esconde la anatemización de cualquier aspiración a preguntarse por el actual estado de cosas y, mucho más, de intentar cambiarlo.

El anatema evita el análisis y el diálogo y sirve a los intereses (consustanciales al poder) de ningunear a todo el mundo.

Ahora bien, que una ley, o un conjunto de ellas, sea legal no quiere decir ni que sea la mejor, ni que sea justa, ni que sea legítima por el solo hecho de haber sido votada por el cauce legal para ello. Hay una legitimidad “de ejercicio” que consiste en si sirve al bien común o no y si es justa o injusta, que el poder suele olvidar. En nuestro caso, el supuesto estado de cosas y las políticas neoliberales y las leyes que se aplican perjudican a la sociedad y, precisamente ese es el debate que el ministro no quiere.

El supuesto pacto constitucional (que nunca existió en la medida que nos quieren hacer creer) predica que el fundamento de las leyes y de la acción política son la dignidad y la igualdad de las personas, los derechos humanos, la justicia y el pluralismo y no otras razones.

La ley la han hecho los de arriba para defender sus privilegios y han blindado estos haciendo que el sistema de participación existente no permita el cambio de esta situación. Es la violencia del cauce burocrático-institucional y formal establecido la que impone la noviolencia y la acción noviolenta como medio de cambiar las cosas (aunque la idea de que el estado con su violencia impone la noviolencia pueda parecer una ocurrencia, la idea se la debemos a uno de los filósofos del derecho más importantes del siglo XX).

El gobierno y sus partidarios pretende eludir un conflicto real y que genera injusticia, bajo la apariencia de que con el cumplimiento de la ley y el acatamiento del poder es suficiente, y la acción directa lo que ha pasado es que  ese conflicto oculto y latente se ha hecho visible y ha saltado a las agendas mediáticas, políticas y sociales, desvelando que donde aparentemente no pasaba nada, sí que pasa y provocando un cambio de relaciones de fuerza e,  incluso, una dinámica en la que se pueden abrir nuevos escenarios de lucha social.

Por eso es comprensible que el poder reaccione bruscamente intentando apagar la llama del conflicto así encendida y amenazando con respuestas penales a quienes quieran llevar adelante actuaciones similares.

La llama de la acción directa y el cambio del modelo de participación

Es posible que la acción directa emprendida sea incompleta e imperfecta, pero tal vez su mayor potencialidad es que, a la vez, abre la vía a un ejercicio del propio poder y a la participación política diferente y desenmascara el rígido modelo actual basado en el cauce institucional de unas instituciones ocupadas principalmente por una élite política poliárquica y blindadas por mecanismos poco imparciales al efectivo pluralismo y a los intereses de las mayorías.

Por supuesto que llevándose la comida de los comercios no vamos a conseguir cambiar la situación y que los cambios tienen que ver mas con cambios estructurales profundos y distintos. Por supuesto que el contendiente no es mercadona o cualquier otro centro comercial, sino los intereses creados de ese híbrido financiero-político-social-burocrático neocapitalista y de su programa de ajustes duros.

Pero la acción desarrollada pretende aportar un contenido simbólico de escenificación de otra metodologia de lucha y de confrontación directa entre opulencia y carencia injusta.

Ello permite abrir el debate en los movimientos sociales y en la sociedad sobre ls metodologías de lucha a desarrollar y, desde nuestro punto de vista reclama mayor debate, mayor coordinación y pluralidad de actuaciones tanto de lucha como de alternativas al modelo actual.

Tal vez se acerca la oportunidad de elaborar colectivamente una verdadera campaña de desobediencia civil que englobe acciones directas noviolentas, acciones formativas y pedagógicas, y otras luchas sociales.


Robin Hood contra Rajoy: ¿con quién nos solidarizamos?.

13 de agosto de 2012

¿Con quién nos solidarizamos en el debate surgida con la expropiación-robo de alimentos básicos a varios supermercados para cederlos a comedores sociales?

Se están dando en dicho debate algunas de las claves para entender fenómenos como la desobediencia civil que supuso la objeción-insumisión hace años o lo que supuso tomar la plaza de Sol por el 15 M.  Por un lado está lo legal y por otro lo político.

  • En lo legal hay muchos que opinan que las leyes hay que respetarlas y punto.  Que sin leyes esto sería la jungla.  Que el que elige salir de la ley ha de atenerse a las consecuencias y la sociedad ha de penarle sin trabas de conciencia.
  • En lo político otros oponen que las reglas pueden ser justas o injustas y que toda ley es mejorable y se ha de adaptar continuamente a la evolución de los tiempos y de las sociedades.  Oponen que si una ley es injusta es legítimo desobedecerla, sobre todo si se hace de manera pública, sin esconderse, con motivaciones transformadoras, si no se saca partido personal de la acción.
  • En lo legal muchos opinan que sólo se puede cambiar la ley desde los mecanismos establecidos:  las votaciones democráticas para elegir a nuestros representantes.  Luego, durante cuatro años hay que confiar en ellos y exigirles, por las vías legales, por supuesto, que cumplan lo que nos han prometido.
  • En los político otros piensan que este modelo democrático es imperfecto e injusto.  Porque la democracia es delegativa y una vez en la poltrona los elegidos se olvidan de que están al servicio de los electores y se creen los reyes de la montaña.  Porque el sistema electoral es injusto y privilegia a unos y perjudica a otros.  Porque las vías legales para hacer cumplir a los políticos con sus programas, no olvidemos que Rajoy ha incumplido reiteradamente el suyo, simplemente, no existen y, por lo tanto, la ciudadanía se encuentra indefensa ante los políticos.
  • En lo legal muchos opinan que el sistema económico es el mejor de los posibles y que la economía de mercado es sólo un dechado de virtudes, pero que los españoles no la sabemos hacer bien.
  • En lo político otros oponen que la economía de mercado beneficia a los de siempre y perjudica a los mismos una y otra vez (por ejemplo, si un diputado cobra 1.823 € al mes por mantenimiento y manutención, ese debería ser el salario mínimo).  Argumentan que estamos pagando la crisis los que no la hemos provocado (clases media y baja) y que los que la han provocado, no sólo no están pagando con recortes sino que, además, se están lucrando.  ¿Dónde están esas prometidas reformas de los mercados especulativos, de la tributación para que realmente sea progresiva, contra los paraísos bursátiles?  De ellas no ha habido nada y ahora nuestros políticos ni siquiera las mentan.
  • En lo legal alegan los centros comerciales que hay que proteger el derecho a la propiedad.  Se entiende que a su propiedad.
  • En lo político los expropiadores reclaman a estas empresas y a todas las demás que tengan, sobre todo en estos tiempos de crisis galopante, una clara e importante política de responsabilidad social corporativa.

Y ahora todos tenemos la palabra.  ¿Dónde se ha de situar el debate?  ¿Qué ha de primar, lo legal o lo político?

Por otro lado, cuando se opta por la desobediencia civil es, también, porque el Estado y la sociedad no ofrecen vías políticas para mostrar desacuerdos a una parte de la sociedad.  Pensamos que, entonces, la sociedad y la legalidad existente también son concausas de las actitudes desobedientes y que se les debe condenar en la misma medida.  Así fue con la insumisión, el Estado, los políticos del momento, no dejaron a los jóvenes más opción que desobedecer y a ella se aferró la juventud y con ella hizo política.  Ciertamente muchos fueron juzgados y condenados.  Muchos cumplieron prisión, pero el movimiento buscó fuerzas y motivación en esos encarcelamientos y siguió en la lucha con ánimos y coherencia redoblada.  Lo mismo ha ocurrido y ocurre con todas las manifestaciones del 15 M.

Si encarcelan a los que han robado-expropiado comida, lo más seguro es que haya más que sigan la misma senda y roben más comida porque saben que es necesaria para mucha gente que ya no tiene nada de donde tirar ni ninguna ayuda estatal para subsistir.  ¿Preferimos el modelo de suicidios de Grecia?  Ahora la gente nos vemos obligados a posicionarnos personal y socialmente.  Muchos lo harán en charlas familiares, en debates de bar;  pero otros irán un poco más allá y darán algún paso en una u otra línea.

Si queréis leer un poco más sobre las características de la acción directa noviolenta y sobre la desobediencia civil, podéis consultar:  Manual de Acción Directa Noviolenta.

¿Y IU?  Pues parece que la mayor parte de sus dirigentes han optado por situarse en la parte legal del debate.  Nos parece un error porque es en la parte política donde se pueden lograr las transformaciones sociales que anhelan sus bases.  Pero, ya se sabe, la poltrona apoltrona mucho.


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