¿Qué hay que defender? ¿Son los derechos humanos un referente de la nueva idea de seguridad humana?

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publicado por utopía contagiosa en la revista es hora

Si preguntamos a nuestros convecinos qué es lo que debe defenderse en nuestra sociedad, es muy probable que el catálogo de preferencias de la gente (trabajo, libertad, vida digna, igualdad, justicia social, solidaridad, educación, etc.) se parezca mucho a los dd. hh. y a la idea de Seguridad Humana y muy poco al catálogo de “bienes” que los ejércitos dicen defender.  La idea de Seguridad Humana, alejada de la seguridad militar y, en gran medida, cercana al ideal de los dd. hh., empieza a conformar parte de las agendas de bienes “agredidos” y que hay que defender y está llamada a servir de base en la tarea por otra sociedad posible y contra la estrecha forma oficial de ver la seguridad y la defensa.

Ello es más evidente cuando sabemos que el gasto militar mundial supera con creces el 1,7 billones de $, los cuales podrían ser aplicados con mucho mayor beneficio a paliar los déficits mundiales y a practicar derechos negados a la inmensa mayoría de la población del planeta y a la sostenibilidad de la vida en el mismo.

Ahora bien, debemos preguntarnos acerca de qué alcance de la idea de derechos humanos es el asumible para una opción “por la paz” y qué compromisos conlleva esta idea en orden a hacerlos viables como objeto de una defensa desde la paz.

1.-  ¿Qué son los derechos humanos?

Los dd. hh. se han convertido, al menos en occidente, en un lugar de refugio ideal de las aspiraciones de justicia y en un referente ético al que apelar como límite del poder sobre nuestras vidas. Ello es fruto de una evolución histórica y hoy constituye unl referente al que debe parecerse la legislación y la práctica política que aspire a un mínimo de legitimidad ética..

Puesto que los dd. hh. aparecen como el fundamento del orden legal vigente en el mundo occidental, nuestros políticos, de derechas o de izquierdas, los suelen invocar para justificar sus opciones, decisiones y propuestas, unas veces para aclarar que hay un exceso de libertinaje (léase la rancia versión actual del Ministro de Interior y de la Delegada de Gobierno de Madrid pretendiendo condicionar y limitar los de libertad de expresión y de reunión; o la apuesta del Ministro Gallardón de ilegalizar determinadas expresiones hasta ahora entendidas como alcance de derechos fundamentales), para limitarlos y reclamar disciplinamiento social y ajustes económicos, o para exigir cambios.

Aún cuando existe un consenso mínimo sobre el valor de dd. hh., de que tenemos unos derechos inviolables vengan o no reconocidos en una ley positiva, no lo hay en relación ni a su alcance ni en cuanto a sus contenidos básicos, y donde unos sitúan el punto de llegada otros sitúan el punto de inicio.

Aunque la gente ha oído hablar de los dd. hh., lo cierto es que casi nadie conoce el catálogo concreto de éstos# y, mucho menos, su verdadera extensión, ni el modo de protegerlos.  Pero hay otro rasgo más que los convierte en algo impreciso y urgido de constantes cambios, pues los dd. hh. ni son invariables o inamovibles, ni puede entenderse que satisfacen de forma plena la aspiraciones de derecho y de justicia de culturas menos individualistas que la nuestra.  Que los dd. hh. no son algo inamovible, fijados de una vez por todas para toda la historia, lo demuestra el que su “reconocimiento” ha sido difícil y gradual y ha ido respondiendo a las exigencias de los tiempos históricos y a diversas luchas.

2.-  Derechos humanos de primera, segunda y tercera generación.

Los derechos de primera generación son los “derechos civiles y políticos”. Son fruto de la evolución histórica de Occidente y están vinculados al ideal “burgués” de persona,  entendida como un ciudadano (principalmente varón, con autosuficiencia económica y capacidad de autodeterminarse). En el catálogo de derechos de primera generación se encuentran los llamados derechos individuales (a la vida y a no sufrir tratos degradantes, libertad personal, ideológica, religiosa y de conciencia, seguridad frente a la arbitrariedad, propiedad privada, libre circulación, libertad de expresión, reunión y asociación, derecho de sufragio, derecho a un juicio justo, etc.).

La plasmación que se suele tomar de referencia de estos derechos es la “Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano”  aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente de la Francia el 26-8-1789, aunque existen otros textos donde se reflejan, como la bill of rigths aprobada en Inglaterra en 1689, o la declaración de derechos de la independencia de los EEUU.

Los dd. hh. de segunda generación responden a otro momento histórico y a otras exigencias éticas. Los conocemos como derechos “sociales, económicos y culturales”.  Están vinculados a las luchas sociales del siglo XIX y XX en Europa y a la conquista de unos mínimos de bienestar e igualdad para garantizar sociedades más justas. Fueron introducidos gracias a la influencia del pensamiento de izquierdas y a las organizaciones de obreros y sociales y a sus conquistas.  Sin estas continuas luchas hoy estos derechos no estarían ni siquiera reconocidos.

Entre ellos encontramos los derechos a la seguridad y previsión social, al trabajo, a la sindicación, a la vivienda, a la salud y la asistencia médica, a un nivel de vida digno, al consumo responsable, a la maternidad, los vinculados a los derechos de la infancia, de la familia, los de educación, etc.

Los derechos económicos, sociales y culturales se encuentran codificados, junto con los de primera generación en la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” de Naciones Unidas#, de 1948, y en el “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” de 16-12-1966.

La principal diferencia entre los de primera y segunda generación se refiere al grado de efectividad y de garantías jurídicas. Los primeros tienen un sentido más fuerte, su violación o incumplimiento implican el derecho a un juez que de manera inmediata los reponga, en los segundos tal circunstancia no existe de forma tan clara y sólo hay mecanismos de “reparación” si una ley “desarrolla” su contenido.  Así, es muy fácil que, por ejemplo, si soy víctima de una detención ilegal o arbitraria en occidente pueda acudir a un juez que de inmediato me pondrá en libertad, pero si no tengo trabajo o vivienda, no puedo acudir a nadie para que haga valer mi derecho, al igual que ocurre si soy extranjero respecto a determinadas prestaciones sociales y sanitarias.

Se permite esto porque se aplica un criterio que se llama “factibilidad” que, en palabra del Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales (el órgano de la ONU encargado su supervisión) consiste en que deben implementarse en la medida en que los estados y pueblos tengan medios para hacerlo.

De ello podemos sacar una aleccionadora conclusión: no sólo son derechos protegidos a medias y a regañadientes en nuestras legislaciones (y sólo en la medida en que las elites necesitaron hacer ciertas concesiones para garantizarse la quietud -ellos lo llaman paz- social y la asunción de unas reglas de juego por parte de toda la sociedad en beneficio de unos pocos), sino que ahora, precisamente, están en franco retroceso de la mano de la ideología neoliberal que predica la restauración de una situación social y política anterior al surgimiento de las propuestas de estado de bienestar en Europa y de los correlatos del new deal en Estados Unidos, con el derrumbe de todo lo que huela a derechos sociales y a intervención pública para sostenerlos. Por eso los derechos de segunda generación tienen aún una amplia agenda de lucha social para constituirse en algo más que un referente vaporoso.

Los “derechos de tercera generación”, que son reconocidos de forma muy difusa y fragmentada o, directamente, no están reconocidos, tienen que ver con los monumentales cambios tanto de conciencia en el planeta, como los provocados por la intervención nefasta de los hombres sobre los recursos, con el predominio de la guerra y la amenaza de ésta en las relaciones internacionales, con la falta de gobernanza mundial global y la existencia de un modelo económico insostenible e injusto y con la globalización.

En el amplio catálogo de reivindicaciones de dd. hh. de tercera generación se encuentran algunos reconocidos por tratados dispersos como el derecho a la autodeterminación, a la independencia económica y política, a la identidad, al acceso justo a las tecnologías, a los beneficios de la ciencia, el derecho a la alimentación vinculado al grave problema de hambre e injusticia en el mundo, al mantenimiento de un patrimonio cultural humano, los derechos vinculados a la sostenibilidad y la ecología, el derecho a un orden internacional justo o el derecho a la paz.

Llama la atención, respecto a esta tercera ola de derechos, la distancia entre lo proclamado y lo cumplido y el papel obstruccionista que los Estados juegan en su desarrollo, hasta el punto de que ni existen organismos con suficiente capacidad para imponerlos frente a las actuaciones de los Estados, ni se encuentran Estados que verdaderamente los promocionen.  Puede decirse que, en materia de estos derechos, los estados y las élites dominantes son, precisamente, los verdaderos enemigos para su aplicación.

3.-  La seguridad humana y la lucha por los derechos humanos

Si volvemos sobre la idea de que en realidad de lo que necesita defenderse la humanidad es de las agresiones constantes (y tantas veces consentidas, cuando no promovidas por los poderes) a las que nos vemos sometidos de forma directa tanto en nuestro propio desarrollo de personas y de pueblos, como en los derechos básicos de índole personal y colectivo y comunitario que concretan las mejores aspiraciones de nuestras sociedades, y en lo que se refiere a los peligros de índole ambiental que amenazan con deteriorar los ecosistemas y nuestra pervivencia, la concepción de dd. hh., entendida con amplitud, forma parte evidente de lo que merece ser defendido.

Esta idea debe sustituir gradualmente a la idea de defensa tradicional basada en ejércitos e imposición violenta. Es más: la propia idea de defensa militar aparece desde los dd. hh. y la seguridad humana como uno de los principales sustentos de la violencia estructural y cultural que rige el mundo y como uno de los aparatos generadores de las peores lacras, las guerras, que lastran el desarrollo humano.

Desde esta óptica, la lucha por la paz es también la lucha por tomarnos en serio los dd. hh., porque una paz sin derechos eficaces es, en realidad, una paz ficticia, una imposición de la violencia estructural y de la guerra. Dicho de otro modo, su paz es nuestra guerra.

Ahora bien, dado el carácter dinámico y evolutivo de los dd. hh., la lucha por la paz no es sólo la lucha por el reconocimiento y respeto de los derechos ya codificados, ni se conforma con un grado de desarrollo cicatero y petrificado, sino que es exigencia de políticas que los llenen de contenido y los mejoren con la aportación de los derechos de tercera generación, pues en ellos se juega de manera más decisiva la paz entendida como justicia y la propia pervivencia o colapso social. Los dd. hh. de tercera generación, no sólo abarcan en sí mismos a los demás sino que los perfeccionan y revolucionan hacia un cambio de modelos sociales.

4.-  El supremo recurso de la rebelión.

El régimen de derecho efectivo y respetuoso con los dd. hh. no existe y, si miramos el panorama internacional, no parece que los poderosos estén dispuestos a dejarlo existir.  No existe, en realidad, un derecho a la vivienda, ni a la educación, ni a la igualdad, ni a la participación en condiciones de pluralismo e igualdad, ni a la seguridad jurídica, ni tantos otros de los proclamados como de primera o segunda generación. Es más, en muchos de estos supuestos ni siquiera hay mecanismos eficaces de protección ante los que reclamarlos.  Y si no hay garantías ni lugar donde ejercerlos o ante el que reclamarlos, ¿qué nos queda?

En ausencia o ante la negativa de los derechos, nos queda la lucha y la desobediencia como recurso “de garantía” para que un día se reconozcan.

El propio preámbulo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma que es esencial que los dd. hh. sean protegidos por un régimen de derecho, “a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.

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