La acción del SAT en los supermercados: A propósito de la acción directa noviolenta

Jamones

Hace unos días el Sindicato Andaluz de Trabajadores/as (SAT) promovió una acción directa consistente en entrar en varios supermercados, llenar unos carritos de productos alimenticios y salir del supermercado sin pagarlos,  para  entregarlos a varios comedores sociales o a ONG´s.

La acción reivindicaba el rescate a las personas, y no a los bancos, según el comunicado de 8 de agosto del SAT,   y el propio sindicato la ha denominado “expropiación solidaria de alimentos de primera necesidad”.

Las respuestas oficiales y bienpensantes no se han hecho esperar: se trata, dicen, de un robo inadmisible y debe caer sobre los activistas todo el peso de la ley. Rechazo generalizado y precedible de los portavoces de los partidos políticos del régimen (lo que incluye en este caso también un moderado rechazo “a las formas” y no al fondo, del propio jefe de IU en Andalucía), opinantes y comentaristas variopintos de los medios de comunicación en boga (lo que incluye a los comentaristas de La Razón y otos especímenes de derechas ahora con mando en plaza en Radio Nacional y Televisión Española), sindicatos de los que frecuentan al Rey y hasta los principales portavoces del gremio de las grandes superficies y del Banco de Alimentos andaluz.

Incluso el Ministro del Interior, auxiliado por el intrigante ministro de justicia, ha ordenado la detención de los participantes de dicha acción, incluído  el Alcalde de Marinaleda y diputado autonómico andaluz, Sánchez Gordillo, que se ha caracterizado en su dilatada vida pública por el uso de la acción directa noviolenta para conseguir reivindicaciones relacionadas con los derechos humanos y las conquistas sociales.

Por el lado contrario, también se han dado variadas alabanzas a la acción, ya sea ensalzando el coraje de plantar cara a la actual situación y de salirse de nuestro encorsetado modelo de participación, ya recordándonos el refrán exculpatorio de que quien roba a un ladrón cien años de perdón, e incluso recordándonos a Robin Hood o a nuestro Curro Jiménez, o haciendo llamamientos a las barricadas y al uso de la violencia de respuesta frente a la violencia estructural del sistema.

A nosotros, que en principio reivindicamos la legitimidad de la acción directa noviolenta como herramienta política legítima y eficaz frente a la injusticia, lo cierto es que los argumentos que hemos leído hasta ahora, a favor o en contra de los hechos del día 8 de agosto, no nos acaban de convencer y nos parecen demasiado pasionales y poco razonados y explicados. Preferimos analizarlos desde la propia perspectiva de la noviolencia. veamos:

1) ¿Un delito u otra cosa?

En primer lugar no nos parece que los hechos puedan ser descritos, sin más, como un simple delito y, mucho menos, que tras de este argumento se intente silenciar  y deslegitimar lo ocurrido, o eludir el asunto sobre el que la acción ha querido llamar la atención: la crisis y el recate de las personas perjudicadas por las insolidarias medidas políticas impuestas por “los mercados” y sus cómplices políticos y privilegiados.

Menos aún que la invocación de delito se haga con la rotundidad similar a lo que pueden considerarse delitos graves, de alarma social y grave perjuicio a la sociedad, como puede ser un asesinato, un robo o estafar a miles de personas con la adquisición de “preferentes” de los bancos quebrados, pongamos por caso. Algunos ya han dicho que hay delitos y delitos y, desde luego, si estamos ante un delito, no podemos zanjar el asunto demonizando a los activistas y eludiendo su reivindicación.

En el presente caso, en el supuesto de estar ante un delito, lo cierto es que no estaríamos técnicamente ante un robo (que es de lo que se han aprestado a acusar al SAT el gobierno y sus auxiliares vocacionales), pues no ha habido ni violencia contra las personas ni fuerza contra las cosas (los rasgos que definen al robo) y la cuantía económica de lo que contenían los carritos, al parecer, es inferior a la que se considera incluso delito de hurto, con lo que, a lo sumo, estaríamos probablemente ante una mera “falta” que ni justifica las detenciones de los activistas, ni ninguna de las arbitrarias medidas policiales llevadas a cabo.

Pero, siguiendo nuestra indagación, ocurre que un delito es un acto contrario a una ley que, en general, tiene algunas características diferentes a las del presente supuesto:

  • Persigue un objetivo egoísta, personal, de lucro.
  • Lesiona un bien jurídico esencial para la comunidad.
  • No pretende satisfacer un derecho propio ni ajeno.
  • El delincuente pretende quedar impune, pasar desapercibido, no ser sorprendido en su acción
  • No conlleva una actuación por convicciones
  • No se fundamenta en convicciones político morales, no apela a los valores compartidos, no revindica nada, ni aspira a cambiar nada
  • Su resultado querido es, sencillamente, aprovecharse ilicitamente de la acción realizada.
  • No es noviolento en su metodología, desarrollo y pretensión.

Sin embargo, el acto del SAT, siendo ilícito (es decir, contrario a una norma jurídica):

  • Persigue un objetivo altruista
  • Produce una lesión de un bien jurídico que en lo concreto es menor
  • Busca satisface un interés colectivo, comunitario
  • Los activistas actúan con absoluta publicidad, haciendo de su acto un acto comunicacional con el propósito de apelar a la sociedad
  • Además los activistas asumen personal  directamente el riesgo y las consecuencias de su actuación ilegal
  • Actúan militantemente y por convicciones político-morales
  • Aspira a un resultado: Cambiar en este caso las reglas de juego injustas que condenan a la miseria a la mayoría de la sociedad y rescatan a los bancos, políticos y corruptos que nos han llevado a la actual crisis.
  • Su actuación es noviolenta en la concepción de la acción y el rechazo al uso de la noviolencia.

Mientras un particular que cometiera un delito o una falta de hurto (en este caso sería lo aplicable con nuestro código penal en mano y no un robo como pretende manipuladoramente el ministro del interior) intenta aprovechar en secreto su acción, los activistas aquí lo que han hecho es aprovechar el efecto publicitario de la ilicitud de su acción para reivindicar otro modo de repartir los costes de la crisis. El propósito es distinto.

De todo ello se desprende que aunque estamos ante una acción ilegal no estamos en principio ante el mismo tipo de ilícitos que constituyen los delitos o la consideración de los delitos usual.

Estamos ante una acción con otra naturaleza y ante una actuación que persigue otros ánimos que ha hecho uso de la infracción de una norma penal para conseguir indirectamente cuestionar una situación estructural injusta y reprable pero que la maquinaria estatal ha blindado para que no cambie y nos ha metido en la cabeza que no se puede cambiar.

2 ) ¿Es una acción noviolenta?

En este punto es donde, en nuestro criterio, más dudas pueden suscitarse y ello porque es un uso de la acción que perjudica (aunque en realidad muy relativamente por la cuantía de los productos que se han sacado sin pagar y el perjuicio generado a las grandes superficies son mínimos) a un tercero, que no es directamente el causante de la situación que se denuncia y reivindica.

Estaríamos ante una acción “indirecta” que genera perjuicios a un tercero (en este caso un tercero que tiene indudablemente otras cuentas pendientes por su responsabilidad en el modelo de acumulación existente, o por su participación en la negación del derecho humano a los alientos, o pos su trato explotador a los trabajadores y trabajadoras a sus órdenes, o por su papel de agentes económicos que impiden el desarrollo de economías de escala local, o por su papel en la contaminación, etcétera; pero que son cosa que no se dirimen directamente en este caso) “ajeno” al conflicto y, por más que la entidad de la violencia ejercida sea pequeña, sustraer bienes de otro supone un ejercicio en cierto modo violento.

El atentar contra intereses de los directos causantes del mal que se denuncia (por ejemplo ocupando ministerios, o bancos, o promoviendo la retirada masiva de fondos de estos, o desplegando campañas de desobediencia fiscal al pago de impuestos para rescatar a banqueros, o hacer objeción médica a la prohibición de atender a inmigrantes, impedir el lanzamiento de desahuciados mediante encadenamientos o concentraciones,  y un largo etcétera)  no tendría ningún inconveniente en cuanto a los requisitos de la acción noviolenta, pero al tratarse de un tercero “ajeno” y sólamente indirectamente implicado en el mal que se denuncia, no es tan claro que la acción pueda considerarse plenamente noviolenta.

En nuestra opinión, las acciones directas violentas (también se han reivindicado desde ciertos sectores ante esta situación y con la excusa de la actuación del SAT) no estarían justificadas y, a la larga, a la par que ineficaces y de la deslegitimación social que tendrian, implicarían una regresión de nuestros derechos y una amenaza para la sociedad.

Precisamente por ese riesgo de servir a los intereses de la multiplicación de la violencia espiral, es por lo que nos interesa tanto analizar la acción desde el punto de vista de la noviolencia y desmarcarla de una supuesta violencia legítima que, en realidad, no lo es.

3) ¿Es una acción directa noviolenta?

 Hace no mucho escribimos un largo artículo sobre la acción directa noviolenta en el que exponíamos las características de este tipo de acción y las similitudes (y también diferencias) con otro tipo de actos sociales y políticos.

En principio no tenemos ninguna duda en afirmar el carácter de acción directa de la realizada el 8 de agosto. Se trata de una acción donde los activistas, sin delegación, de forma directa, desarrollan su acción para conseguir un fin concreto y planificado.

Tampoco en afirmar que, como la acción directa noviolenta, se trata de una acción política y politizada.

Restaría ver si ésta, en sus grandes rasgos, ha seguido las pautas de la metodología noviolenta, lo que va más allá de no haber ejercido violencia contra nadie durante la acción, y en este punto nos plateamos si sustraer bienes a un tercero ajeno al conflicto es violento.

A nuestro juicio, teniendo en cuenta que la violencia ejercida es mínima y que el perjuicio generado a un tercero es ínfimo, no tenemos incconveniente en calificar esta acción como una acción noviolenta y separarla nítidamente de los planteamientos de la violencia política.

También deberíamos fijarnos en otras características de la acción que son, a grandes rasgos,

  • contenidos globalizados,
  • compromiso personal coherente,
  • objetivos revolucionarios o transformadores,
  • metodología participativa e inclusiva,
  • organización asamblearia
  • y desarrollo en movimientos de base.

Incluso más, parece que la acción desarrollada ha buscado y cuidado los aspectos pedagógicos y de diálogo con la sociedad, apelando a sus valores y aspiraciones, y ofreciendo un horizonte de aspiraciones y reivindicaciones indudablemente necesarios. También ha buscado mostrar una cierta ejemplaridad (servir de ejemplo) y eficacia para la transformacion (de hecho uno de los centros comerciales ha aceptado entregar semanalmente productos gratis a los comedores sociales de varios municipios y para paliar la situación).

Incluso más, se han cuidado los aspectos de cohesión grupal y de cuidado interno del grupo, tan importantes como los objetivos políticos a conseguir con la acción.

4) ¿Es una acción ilegítima?

Comencemos por señalar que, incluso desde el punto de vista juridico-penal, la entidad de esta acción es mínima y seguramente habrá sido estudiada en esta “nimiedad” por los activistas para decantarse por ella.

Pero, además, es que al tratarse de una acción que goza de características tn especificas que la separan de los delios comunes, nos sitúa en el ámbito de la actuación penal por convicciones, donde las justificaciones, incluso legales, caben y pueden ser apreciadas por un juez sin prejuicios.

Naturalmente desde el poder y desde la óptica del poder la acción siempre será ilegal. Hace poco nos hacíamos eco de la reflexión del profesor Peces Barba y su círculo de  acólitos demonizando a un juez que justificó la insumision al ejército y absolvió del delito de negarse a colaborar con la prestación sustitutoria a un jóven insumiso. También conocemos una gran cantidad de sentencias, algunas incluso protagonizadas por las acciones noviolentas de Sanchez Gordillo y el SAT, en las que se absuelve de los delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad a activistas que se manifiestan, opinan e incluso ocupan fincas en apelación de valores superiores.

Y en este caso, por lo que a la apelación de estos valores y la finalidad de la acción se refiere, sobran argumentos para sostener la legitimidad de la acción e incluso su justificación jurídica.

5) ¿Por qué entonces la insistencia del ministro en la ilegalidad?

En el argumentario formalista y leguleyo del poder, que una acción sea contra la ley implica la descalificación absoluta de la acción, de sus actores y de las propias ideas que la sustentan, salvo que la acción la ejerza el bando propio ley del embudo político, muy al uso del cinismo político vigente).

Por eso, bajo la acusación de ilegalidad se esconde la anatemización de cualquier aspiración a preguntarse por el actual estado de cosas y, mucho más, de intentar cambiarlo.

El anatema evita el análisis y el diálogo y sirve a los intereses (consustanciales al poder) de ningunear a todo el mundo.

Ahora bien, que una ley, o un conjunto de ellas, sea legal no quiere decir ni que sea la mejor, ni que sea justa, ni que sea legítima por el solo hecho de haber sido votada por el cauce legal para ello. Hay una legitimidad “de ejercicio” que consiste en si sirve al bien común o no y si es justa o injusta, que el poder suele olvidar. En nuestro caso, el supuesto estado de cosas y las políticas neoliberales y las leyes que se aplican perjudican a la sociedad y, precisamente ese es el debate que el ministro no quiere.

El supuesto pacto constitucional (que nunca existió en la medida que nos quieren hacer creer) predica que el fundamento de las leyes y de la acción política son la dignidad y la igualdad de las personas, los derechos humanos, la justicia y el pluralismo y no otras razones.

La ley la han hecho los de arriba para defender sus privilegios y han blindado estos haciendo que el sistema de participación existente no permita el cambio de esta situación. Es la violencia del cauce burocrático-institucional y formal establecido la que impone la noviolencia y la acción noviolenta como medio de cambiar las cosas (aunque la idea de que el estado con su violencia impone la noviolencia pueda parecer una ocurrencia, la idea se la debemos a uno de los filósofos del derecho más importantes del siglo XX).

El gobierno y sus partidarios pretende eludir un conflicto real y que genera injusticia, bajo la apariencia de que con el cumplimiento de la ley y el acatamiento del poder es suficiente, y la acción directa lo que ha pasado es que  ese conflicto oculto y latente se ha hecho visible y ha saltado a las agendas mediáticas, políticas y sociales, desvelando que donde aparentemente no pasaba nada, sí que pasa y provocando un cambio de relaciones de fuerza e,  incluso, una dinámica en la que se pueden abrir nuevos escenarios de lucha social.

Por eso es comprensible que el poder reaccione bruscamente intentando apagar la llama del conflicto así encendida y amenazando con respuestas penales a quienes quieran llevar adelante actuaciones similares.

La llama de la acción directa y el cambio del modelo de participación

Es posible que la acción directa emprendida sea incompleta e imperfecta, pero tal vez su mayor potencialidad es que, a la vez, abre la vía a un ejercicio del propio poder y a la participación política diferente y desenmascara el rígido modelo actual basado en el cauce institucional de unas instituciones ocupadas principalmente por una élite política poliárquica y blindadas por mecanismos poco imparciales al efectivo pluralismo y a los intereses de las mayorías.

Por supuesto que llevándose la comida de los comercios no vamos a conseguir cambiar la situación y que los cambios tienen que ver mas con cambios estructurales profundos y distintos. Por supuesto que el contendiente no es mercadona o cualquier otro centro comercial, sino los intereses creados de ese híbrido financiero-político-social-burocrático neocapitalista y de su programa de ajustes duros.

Pero la acción desarrollada pretende aportar un contenido simbólico de escenificación de otra metodologia de lucha y de confrontación directa entre opulencia y carencia injusta.

Ello permite abrir el debate en los movimientos sociales y en la sociedad sobre ls metodologías de lucha a desarrollar y, desde nuestro punto de vista reclama mayor debate, mayor coordinación y pluralidad de actuaciones tanto de lucha como de alternativas al modelo actual.

Tal vez se acerca la oportunidad de elaborar colectivamente una verdadera campaña de desobediencia civil que englobe acciones directas noviolentas, acciones formativas y pedagógicas, y otras luchas sociales.

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One Response to La acción del SAT en los supermercados: A propósito de la acción directa noviolenta

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