Militarización de facto de los Parques Naturales, porque los militares “tienen el predominio absoluto”

Fuente:  Revista Atenea.

Especialmente sangrante nos parece la resolución del Tribunal Supremo que  “ha dado la razón al Departamento que dirige Pedro Morenés. Tras ocho años de litigios, el Alto Tribunal estima que Defensa no tendrá que comunicar a la Consejería de Medio Ambiente andaluza los ejercicios que vaya a desarrollar en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz.

El Ministerio de Defensa no tendrá que ‘avisar’ a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía cada vez que se vayan a realizar ejercicios o maniobras en los enclaves militares situados en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz (el campo de tiro del Centro de Ensayos de Torregorda y el campo de tiro de armas portátiles de Camposoto) tal y como pretendía la Junta de Andalucía.

Así lo ha decidido el Tribunal Supremo en su sentencia del pasado 23 de marzo, en la que viene a ratificar la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en octubre de 2008, en la que se consideraba que la Junta se había “extralimitado en sus competencias” cuando exigía “a la administración central comunicar a la Consejería de Medio Ambiente, con carácter previo a su realización, actividades tan especialísimas y sensibles como son las maniobras de carácter militar”.

En aquel momento, el TSJA anuló y dejó sin efecto la parte del Decreto 79/2004, por el que se aprobaba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de la Bahía de Cádiz, en la que se especificaba que “la realización de todo tipo de maniobras de carácter militar y ejercicios de mando” debería “limitarse a las zonas adscritas a la Defensa Nacional y ser comunicada previamente a la Consejería de Medio Ambiente”, salvo en los estados “de alarma, excepción y sitio”.

Tras años de litigios (que comenzaron en 2004, cuando se aprobó el polémico Decreto) el Supremo ha dado finalmente la razón al Departamento que dirige Pedro Morenés porque considera, como ya lo hizo en su momento el TSJA, que, en caso de conflicto entre la Defensa Nacional y la titularidad del espacio protegido, “siempre y en todo caso la Defensa tendría predominio absoluto”, tal y como contempla la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional”.

Es decir, que a pesar de las múltiples campañas que realiza el Ministerio de Defensa para lavar su imagen ecológica, lo importante y con predominio absoluto es la actividad armada. Los espacios naturales, el respeto a la naturaleza pueden y deben esperar.  ¿Qué hubiese pasado si además de información hubiesen pedido negociaciones para establecer cuáles sí y cuáles no actuaciones militares (entrenamientos, maniobras, prácticas de tiro, …) pueden ser ejecutadas en un Parque Natural?  Seguramente, el Ministro de Justicia no habría tenido más remedio que condenar a la Junta de Andalucía a prisión por desacato a la autoridad y desobediencia civil noviolenta.

Esta resolución del Tribuna Supremo le sitúan bien a las claras como netamente militarista y antiecológico.

Nos parece, por el contrario, que las argumentaciones de la Junta de Andalucía  han sido muy atinadas y lógicas:

En su argumentación, el letrado de la Junta de Andalucía sostenía que no había “invasión competencial” alguna, sino una “articulación coordinada de distintos títulos competenciales a través de un instrumento concreto: la comunicación previa”, lo que, a su juicio, era una forma de “materializar el deber de colaboración entre Administraciones”, en especial “en aquellas materias o ámbitos físicos en los que confluyen distintos tipos de titularidad de unas y otras”, además de inspirarse directamente “en el principio de lealtad institucional”.

También alegaba la Junta de Andalucía que el hecho de comunicar previamente la realización de maniobras en el Parque Natural era necesario para que la Administración competente para la gestión de dicho espacio natural conociese cuándo se iban a realizar “al efecto de articular las medidas preventivas o, en su caso, correctoras para la protección de la fauna y la flora que pudiera verse afectada por el desarrollo de maniobras militares y prácticas de tiro, o articular y activar planes de prevención de incendios, etc”.

En definitiva, quieren gestionar bien su competencia y coordinarse con los militares.  Pero, … , queda claro que a los militares no hay quien les hable, ni quien les rechiste, ni quien les pida información, ni civil que pueda coordinarse con ellos.  Porque ellos “tienen el predominio absoluto” sobre todo y, por supuesto, sobre lo civil.

También nos parece perversa la argumentación que reduce este conflicto civil-militar / parques nacionales-campos de tiro /a una polémica entre la administración autonómica y la administración del estado.  ¿De verdad no disponían de otro argumento para basar su sentencia?

Lo militar lo inunda todo, más correcto sería decir que lo invade todo.  Todo está supeditado a lo militar, pero ellos no pagan por nada.  Así, externalizando sus costes ecológicos se van de rositas otra vez sin tener que responder por sus gestiones irrespetuosas con el medio ambiente.  ¿Quién es el enemigo del medio ambiente?

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