Esperanza Aguirre espera un nuevo 20N que meta en cintura al 15M

Fuente: Público

Doña Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, ha vuelto a salir a la palestra con una de sus ocurrencias espontáneas y mediáticas, para protestar por la movilización de los indignados y su apropiacion de la Puerta del Sol, convertida ahora en un agora de deliberación y debate cívico (según la versión más objetiva) o en nada menos que la Bastilla (opinión de la Presidenta).»La buena noticia es que, a partir del 20-N, el próximo ministro del Interior hará cumplir la ley«, ha dicho Doña Esperanza para rematar su faena.

Es probable que la Doña tenga razón y que a partir del 20N, la calle vuelva a ser aquel espacio del que el fundador del PP, cuando era ministro del franquismo, pudo decir:  “la calle es mía” y echar su resto en bastos al respecto de la visión de la gente de orden mantiene sobre el «orden público».

En ese caso, el fortuito 20-N de 2011, elegido para celebrar unas elecciones generales por esa mezcla de Bambi y Mister Bean que nos desgobierna, tal vez adquiera un valor refundacional para el vigente sistema político y sea algo más que un día cualquiera del calendario o que un día aciago en nuestro imaginario cultural e histórico.

Pero es posible también que, a partir del 20N, contra la aspiración de la Presidenta Aguirre y Gil de Biedma, la buena noticia sea diferente y el ministro del interior lo que tenga que hacer sea cambiar la ley para adecuarla a las exigencias de una sociedad que, parece ser, empieza a levantarse de un letargo irresponsable que ha dejado en manos de personajes como Doña Aguirre el escenario de lo que cabe plantear o no en la politica y en la sociedad.

Y es que, en lo tocante al orden público, al menos cabe hablar de dos enfoques antagónicos: uno primero, que lo asimila a orden policial, a disciplina autoritaria y a mantenimiento de un estatus quo que privilegia un clasismo elitista, chusco e injusto; y uno segundo, que lo convierte en una construccion plural de una sociedad que busca la realización de los derechos en serio para todos y promueve la dinamización de todo el capital humano en pro de una mejor convivencia y mayores cuotas de justicia social. El primero se persigue con despliegues policiales, desfiles militares, cárceles y amedrantamientos y políticas de palo y zanahoria (y no nos referimos a la que puebla la cara de la Tatcher española); la segunda se promueve con ejercicio de la ciudadanía, con participación sin delegación y con ejercicio de los derechos y democracia.

El primero de los ideales de orden público, el de la pasma dando palos y la adminsitración poniendo multas a troche y moche, favorece el inmovilismo y busca que la sociedad se amedrante y conforme ante propuestas políticas que coartan sus derechos, precarizan su empleo, empobrece sus espectaivas vitales, explotan irreversiblemente el medio ambiente, fomentan la conflictividad y la violencia, deterioran los servicios básicos y dualizan el conjunto de personitas que vivimos aqui en un grupo reducido de ricos casa vez más ricos y otro creciente de pobres cada vez mas sometidos. Es idóneo para momentos de disciplinamiento social y derechización política y sirve para mantener recetas de ajuste como la que ahora el FMI y esa entelquia que llamamos Europa en unos casos y los mercados, en otros han decretado como infusto destino de este rincón nimio del imperio.

El segundo precisamente lucha contra este primero, aspira a transformaciones sociales profundas y pretende liberarse de este endiablado encadenamiento de eslabones de dominación, con la difusa idea de que más democracia, democracia más real y más derechos, traen más prosperidad para todos, pero que menos democracia, democracias meramente formales y más ajustes, traen peor cohesión social y más injusticia para la mayoría.

El primero de los modelos de orden público fue en su día aplaudido por los procuradores en cortes que se reunían en la Carrera de los Jerónimos de Madrid para aplaudir el sistema autoritario y militarista donde unos sedicentes representantes de la sociedad, en ese simulacro de democracia que se llamaba a si misma “orgánica”, decían representar al pueblo y actuaban con la indignidad propia de todo despotismo, por ilustrado que sea (y en aquel caso lo era poco), en contra de las aspiraciones de su supuesto mandante. Ahora, y lo decimos con decepción y tristeza, parece que los representantes legitimos y elegidos en las elecciones de la actual «democracia representativa», bajo este modelo de poliarquía plutocrática y partitocrática que nos aqueja y que parece tan dificil de regenerar desde dentro del propio modelo, tienden a una sobrerepresentación abusiva y oligárquica que ha hecho de la política y de los políticos na de las peores pestes y de las más desprestigiadas e inútiles ocupaciones humanas. Si uno se descuida y se desaliña, puede acabar sus días pareciéndose a Rubaljoy o a cualquiera de sus adláteres y palmeros.

Casualmente, si hacemos una lectura global de las promesas principales de la Constitución Española (cercenada por leyes restrictivas  que dicen digo donde decía Diego y por reformas constitucionales «para el pueblo», pero sin el pueblo), como que los valores principales del ordenamiento (y del orden público por ello) son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo, o la que pone por encima de las leyes a la dignidad de las personas y a los tratados internacionales de los derechos humanos (entre ellos el de reunión, manifestación, asociación, participacion iguaitaria en el poder, etc.) o la que obliga a los poderes públicos a remover los obstáculos para que la libertad y la igualdad de las personas y de los grupos sean eficaces y plenas, no parece que el orden público que predica este relato sea el mismo que el que está pensando Doña Cuaresma.

Que exista una ley que condicione el ejercicio de derechos como el de manifestación, pongamos por caso, a comunicación a la autoridad no implica la prohibición del derecho de manifestación ni la degradación de este a una mera autorización graciable de la administración, pues el derecho sigue siendo un derecho fundamental y el incumplimiento de un mero trámite administrativo no implica la ilegalidad que Doña Aguirre pretende.

Sin embargo, la prohibición o el obstáculo injustificado de este derecho, o de otros correlativos como el de reunión, asociación, etcétera, sí implica, entérese Doña Esperanza, la conculcación del orden público y, si llega el caso, puede ser motivo de una querella por prevaricación. No le pida usted al ministro de interior post-20N que, para mantener una idea reaccionaria del orden público, arrastre las expectativas de libertad y de recuperación del ágora pública por parte de una ciudadanía que quiere tomar la responsabilidad de su destino en sus propias manos sin mediadores incompetente, prohíba el ejercicio de derechos que ni siquiera todo un Ministro del Interior puede pisotear a su atojo, y se arriesgue a una querella por prevaricación o arrastre a la sociedad, compelida por el absoluto desprecio de sus derechos, a convertir, efectivamente, Sol en la Bastilla en cuanto ésta significó de aldabonazo de una lucha para hacer una sociedad basada en los ideales de libertad, igualdad y fraternidad.

Tal vez el uso de las plazas para debatir y volver a hablar del compromiso por hacer una sociedad más justa, por no hipotecarnos a mandatos de unos mercados inhumanos, o por no converirnos en cautivos de una casta política endiosada y ciega, sea una de las mejores noticias y uno de los mejores usos que podemos dar a una plaza que, hasta este momento, era punto de encuentro de catetos en el kilómetro cero o de televisivos cebollones de año nuevo que sonrojaban a cualquier persona con algo de sentido común.