El Estado entorpece el voto de los inmigrantes

Hace pocos días un amigo nuestro asistió a una reunión inverosímil.

Al parecer se reunían altos cargos de dos ministerios, el de interior y el de trabajo, así como el o la responsable de la oficina del censo electoral, no nos lo dejó claro, y otras tres o cuatro personas muy interesadas en que se promoviera de forma significativa la inscripción de los inmigrantes en el censo electoral, a quienes el Estado ha concedido formalmente el derecho al voto en España para las próximas elecciones locales (al parecer unos 400.000 latinoamericanos más unos 600.000 europeos).

La reunión fue la constatación del cinismo con el que se intenta evitar que estos emigrantes puedan votar, pero haciendo creer que se quiere todo lo contrario.

Como se sabe, se firmaron una serie de convenios, concretamente con Ecuador, Chile, Perú, Colombia, Bolivia y Paraguay, para facilitar que los nacidos en estos sitios que lleven en España más de cinco años legales,  pudieran votar en las elecciones.

Esto se hizo en la época en que los discursos oficiales decían oficialmente que la inmigración era positiva, cosa que ha variado en los discursos oficiales con distinto grado de recelo y salvajismo, que va desde provocar su  miedo con amagos de “retorno forzoso”, a hacerlos responsables de la crisis, a proponer su expulsión masiva o incluso a matarlos en videojuegos electorales para conseguir puntos electoreros.

Pues bien, la posibilidad de elegir alcaldes y concejales que los convenios permitía se ha convertido en realidad en una verdadera carrera de obstáculos destinada, parece ser, a imposibilitar que efectivamente puedan elegir y, lo que más preocupa a los políticos, que este voto (descontrolado), si llega a producirse, desestabilice los cálculos y la estabilidad de la clase política y de sus intereses burocráticos y corporativos. Es decir, que valga para algo.

Lo cierto es que, dado que los convenios establecían que para poder votar, los extranjeros deberían inscribirse en el censo conforme a un procedimiento que debería dictar el gobierno, el paso esperable era que el gobierno dictase esa norma. Esto no ha ocurrido, a pesar de las muchas insistencias de las organizaciones más conscientes de inmigrantes, sino hasta finales de agosto, con una norma que ya contenía los dos primeros indicios de la deliberada lucha por obstaculizar el voto inmigrante: una, que el plazo sería desde el 1 de diciembre al 15 de enero y que quien no se inscribiera en ese plazo no votaría. Y dos, que la oficina del censo electoral se encargaría de hacer una norma que dijera cómo se podía inscribir la gente.

Pero volvamos a lo nuestro: ahora la cuestión estaba en que se hiciera la norma, lo que no ha ocurrido sino hasta el cinco de noviembre y gracias a la presión realizada por una organización de inmigrantes concreta (dado que las demás o se cansaron de pedir en vano o sencillamente escondieron la cabeza debajo del ala). Y el censo electoral elaboró la norma, ya decimos que el 5 de noviembre, con variadas posibilidades: Una, que se inscribiera la gente en el ayuntamiento aportando o bien su tarjeta de residencia si en ella consta que se lleva más de cinco años de residencia legal en España, o bien con un certificado de constancia del número de años que debería expedir la comisaría de policía de cada localidad. Dos, hacerlo por internet con firma electrónica (los pocos que la tienen) o sin ella, pero “adivinando” un número de código que supuestamente va a llegar a todos los potenciales votantes mediante una carta a su domicilio. Tres, rellenando una sencilla carta que el censo mandará a los domicilios de empadronamiento (que dicho sea de paso no son necesariamente los de actual residencia dada la movilidad de la población migrante por causa del paro y de su desplazamiento a vivir a otros lugares donde les ofrezcan mejor trabajo).

Así las cosas, lo lógico hubiera sido que, ya que tarde, al menos el estado informara debidamente de las posibilidades y requisitos de voto de los inmigrantes y a eso iba la susodicha reunión: a buscar los mejores mecanismos de dar información y hacer con ello viable el voto inmigrante para aquellos que lo quisieren ejercer.

Y en dicha reunión todo fueron despropósitos: El responsable del ministerio de la policía informó que se había informado bien de la imposibilidad de hacer campaña pública. Ello era debido a que en España no se puede incidir en que se vote, dado que el voto es libre y que si se hiciera esa campaña sería ilegal, pues la Junta Electoral tiene doctrina que dice algo así.

Es decir, que el estado que cacarea tanto la legitimidad desde el voto ciudadano no puede decir a los ciudadanos que voten, no vaya a ser que violenten sus deseos de no hacerlo. Como, al parecer, los asistentes a la reunión tenían recuerdo de las campañas, a veces incluso obscenamente manipuladoras, hechas desde el estado, le dijeron que eso no colaba. El cargo referido entonces dijo que no se puede, pero que sí se puede hacer esa campaña, porque lo que no se puede decir a la gente es que vote, pero sí se les puede informar que si quieren pueden hacerlo. En fin, una coña.

Ahora bien, decía el ministerio, para el efecto estaba evaluando una campaña anterior que encargó en las elecciones de hace cuatro años para incentivar el voto de los rumanos, polacos, etcétera. Era, al parecer, un video de unos quince segundos donde aparecían unos tipos altos, rubios, de ojos azules y hablando en rumano. Era una idea que no sabemos si llamarla insensata o directamente absurda. ¿Pedir el voto latino en rumano? Total, para la óptica del ministerio del interior todos deben ser lo mismo: desechables.

En estas, lo suyo hubiera sido hacer algo rápido (dado que el plazo para votar iba desde el 1 de diciembre al 15 de enero y ya se estaba en el día dos o tres de diciembre) y eficaz. Por ejemplo, cuñas en radios y medios latinos, alguna declaración institucional de algún cargo o persona con tirón informando de los que hay que hacer, etcétera. Pero según el ministerio del interior, también esto es imposible, porque para que un ministerio pueda hacer una campaña tienen que convocar un concurso público para que una agencia de publicidad lo gane y haga la campaña, lo que nos pondría en que la campaña no llegaría nunca antes de que se acabe el plazo de inscripción. Por otra parte, los únicos medios en los que, interior dixit, se puede usar publicidad institucional son los medios públicos y nada de medios ni latinos, ni privados, ni nada de nada.

Osea, que claramente, no cabe la campaña. No se puede porque es pedir el voto., Si se puede, no se puede porque el cúmulo de requisitos burocráticos lo impide y porque hacer información es peligroso.

Las cosas no quedaron ahí, porque también el censo electoral tenía sus propias opiniones. Una que no se podía haber hecho mejor la cosa, que no eran tantos los que querían votar y, sobre todo, que no importaba la movilidad de los inmigrantes, porque, en el mejor de los casos, podría llegar a ser del 20% (unos 80.000) y si esto lo dividimos entre los más de 8.000 municipios la realidad es que la cantidad que sale es residual y que el poco interés de los inmigrantes en votar (¿para qué tanto ruido?) venía demostrado porque en el primer día del censo, por internet sólo se había inscrito el 1 por mil de los potenciales inscritos. Sobran las palabras.

Pero los males nunca vienen solos. Desde el día 1 de diciembre, día en que se comenzó el plazo, ya habían comenzado los problemas en ayuntamientos y comisarías de policía: Ayuntamientos donde no se conocía el trámite y se les dio largas a los que querían inscribirse, ayuntamientos donde se proporcionó la instancia “en inglés” a latinos. Comisarías donde se negaron a expedir el certificado requerido porque tenían mucho trabajo.

Las quejas por estas cosas tuvo su diplomática respuesta: una golondrina no hace primavera, un caso no es la generalidad. Desde luego son residuales y tomarán cartas en el asunto, que en boca de un burócrata suele ser tanto como decir que no van a hacer nada de nada.

Pero ahí nos equivocamos: Ahora los ayuntamientos han encontrado la manera de entorpecer el proceso de inscripción para aquellos que tuvieron la buena suerte de renovar su tarjeta: porque ahora, previo a dejarles inscribirse, deben pedir una cita previa para modificar en el padrón su régimen de estancia y una vez conseguido esto, entonces sí, si siguen con ánimos para ello y no han desistido, les dejarán inscribirse.

Y por parte de la policía, que sigue en muchos casos mandando a los peticionarios a molestar a otro lugar, también han mejorado el sistema, porque ahora, previo a dar este necesario certificado, piden el abono de una tasa de seis y pico de euros, lo que supone perder el día de ir a solicitar el certificado, el día de abono de la tasa en uno de los bancos concertados para ello y el día de volver con todo ello para formalizar la petición, a lo que sucederá al menos el día (dos o tres después de la solicitud) de ir a recoger el certificado. La última noticia que tenemos es que estos certificados, necesarios para acreditar que se tiene derecho a la inscripción, tampoco van a estar a tiempo, porque, pagada la tasa, la policía tarda veinte días en expedirlos, lo que quiere decir que, en la práctica, quienes los pidan y paguen por obtenerlos los podrán colgar en la pared, porque no les valdrá para nada de cara a la inscripción padronal para poder votar.

Es cierto que el panorama político, ya de por sí bastante deplorable, no va a cambiar mucho por el hecho de que los inmigrantes voten o dejen de hacerlo. Es más probable que no lo hagan o que sigan la pauta general de desencanto y de tedio que tanto beneficio ofrece a la élite que nos mangonea. Pero el mero hecho de que el poder tenga tan poco interés en que voten estos aún no clientelizados o tal vez aún no desencantados del todo, permite sospechar que tal vez su voto, de darse, puede ser significativo o valer para algo.

Tal vez por eso, porque horada el dogma del voto, de la soberanía y del nacionalismo en que se sustenta, porque es un voto que tal vez no pueden camelar tan bien como otros con el panegírico del estado y de la constitución que nos hemos dado todos (todos los mayores de 55 años se supone porque los menores no estábamos para votar), porque estos nuevos “votantes” pueden suponer una barrera al discurso racista vigente y a los múltiples intentos de perjudicar aún más la cohesión social y de consagrar la discriminación como razón de estado, porque estos políticos no pueden engañar tan bien como pretenden a estos ciudadanos curtidos en la manipulación de sus propios y desastrosos políticos, tal vez por todo esto promover este voto se ha hecho tan inconveniente.

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