España usa el "cinismo diplomático" para conseguir el tratado de libre comercio con Colombia y deja colgados a los indígenas

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fuente: Nuevatribuna

Más de 30 etnias corren peligro de exterminio en Colombia. Más de 1.000 personas han sido asesinadas por los diversos grupos militares colombianos (guerrilla, ejército y paramilitares) desde el año 2002, inicio del uribismo.

Lo denuncia Fernando Arias, Secretario general de la ONIC (Organización Nacional de Indígenas Colombianos) que agrupa a casi millón y medio de indígenas.

El líder indigenista, que está haciendo una campaña de sensibilización en Europa, denuncia el papel manipulador que España ha tenido en el semestre de su presidencia europea haciendo un “lavado de cara” al gobierno de Colombia, manipulando los informes sobre derechos humanos para disimular las tropelías de violencia institucional diseñadas desde el gobierno y conseguir, de forma por cierto muy cínica, que Europa no ponga obstáculos a la firma del tratado de comercio “birregional” (que se firmó en mayo de 2010 con motivo de la cumbre de jefes de estado europeo latinoamericanos) que beneficia a las multinacionales españolas y a los intereses comerciales españoles.

Para hablar más en plata, digamos que los “intereses” españoles en Colombia se dirigen desde la oficina comercial de España en dicho país y que entre las empresas con más “interés” por defender para la diplomacia española están Prisa (lo que explica su versión distorsionada de la política colombiana), Telefónica (hoy Movistar), Aguas de Barcelona, CEPSA, REPSOL, Iberdrola, Santander, Endesa, BBVA, Altadis, ACS, Gas Natural y un largo etcétera. Podemos consultar diversos materiales que así lo describen, como el elaborado por la asociación Paz con Dignidad, o el elaborado por la Escola de Cultura de Pau.

Nos podríamos preguntar si los intereses de estos tiburones son dignos de “defensa” y si son tan importantes como para que en su nombre y en el del libre comercio se justifique el cinismo del gobierno justificando los crímenes contra los indígenas y las violaciones de derechos humanos en Colombia a cambio de un tratado de libre comercio que permita más lucro y más violencia estructural.

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