Generales de Aznar piden que España incremente su gasto militar en 10.000 millones de euros para no quedar indefensos

Fuente: Infodefensa

Las declaraciones las ha hecho quien fue responsable de compras del ministerio de Defensa en el aznarato. Se llama “General Francisco Pérez Muinelo” y ha hecho algunas manifestaciones a la Agencia Efe que no sabemos si calificarlas de descaro o de despropósito.

Dice que el ejército está que tirita por falta de avituallamiento y que no puede garantizar la defensa. Este mal es tal que pide que España gaste anualmnte un 1% del PIB en armas porque de lo contrario estaremos desabastecidos y cualquier pintamonas nos invadirá.

Según él, la actual deuda militar (que cifra en 31.000 millones de euros, no sabemos si de principal o con los intereses y si le faltan aún por añadir los intereses que vendrán durante este año) es tan peligrosa que amenaza con acabar con el modelo de fuerza armadas consensuado por el parlamento (querrá decir por el PPSOE) y que además esto va a poner en riesgo la “necesaria modernización” (obsérvese la identificación modernizar-gastar más) de nuestro ejército y la consolidación de la industria de defensa española (osea que para consolidar esta industria hay que subvencionarla y asumir sus deudas una y otra vez). Incuso señala que el peso de la deuda militar generada es tal que amenaza con hipotecar al ejército para los próximos veinte años.

Se queja de que el sector de la defensa no participó en la época de bonanza económica y que ganó poco (no dice la verdad si tenemos en cuenta los balances de esta industria en los años “de bonanza”, pero refleja que ahora el sector de la defensa no quiere participar de la crisis y de los recortes en una actitud muy insolidaria con el resto de la sociedad española).

En definitiva señala que es imprescindible seguir invirtiendo más en armamentos porque es la única manera de garantizar nuestra defensa.

Eso sí, como la deuda se vuelve impagable, propone que hagamos lo que hacen los otros ejércitos amigos: que vendamos lo que compramos a otros estados dispuestos a pagarlo, como por ejemplo ha hecho Reino Unido, que acaba de vender (por cierto, por debajo de su precio de compra) 72 aviones Eurofighter a Arabia Saudi (lo que de paso implica que se ha incrementado el riesgo de conflicto en la región árabe con dicha venta).

Osea, una lumbrera en todos los sentidos, pues nos pide endeudarnos en algo que no necesitamos para evitar que la deuda nos coma, aunque reconoce que nos ha hipotecado y nos come ya, y para salvar esta situación pide que vendamos lo que compramos a precio más barato del que hemos pagado por esta chatarra para irnos recuperando.  Pero, ¿no se da cuenta de que comprar armamento muy sofisticado para revenderlo es perder dinero con toda certeza?

Aunque esta parece una lógica desquiciada, en realidad es la lógica del ciclo de armamentos y del gasto militar y, por macabro que parezca, es la lógica que mantiene nuestro ministerio de defensa y todo el aparataje político que lo apoya (lo que incluye el reciente pacto del PP y el PSOE para no hacerse oposición parlamentaria en materia de defensa)).

Para la lógica armamentista hay preguntas que no hay que hacerse, como por ejemplo, ¿Para qué necesitamos estos aparatos militares?, ¿para qué necesitamos una industria militar poderosa?  Si la situación es que profundizar en el gasto militar desmedido nos hipoteca hacia el futuro, ¿por qué avanzar en el gasto militar desmedido?, ¿para qué comprar aparatos militares a un precio par revenderlos a otro inferior luego?; ¿no sería mejor no comprar armamento militar y hacer así algo de ahorro?, ¿No sería mejor no gastar en militarismo y poner las prioridades en los servicios básicos para la sociedad?, ¿en realidad el gasto militar asegura nuestros derechos y nuestra seguridad o sería mejor invertir esos 36.000 millones de deuda impagable en avances sociales?

Los objetivos del milenio son un fiasco. ¿podemos proponer objetivos alternativos?

Fuente: Público

Según ha dicho el relator de la ONU sobre el derecho a la alimentación, los objetivos del milenio que se plantearon a bombo y platillo hace diez años han sido un fiasco y se han centrado en abordar los síntomas de la pobreza, pero no sus causas.

Sin embargo, han servido para enfocar el destino de los recursos económicos movilizados por los gobiernos teóricamente en su lucha contra la pobreza, así como para alimentar los enfoques de las agencias de cooperación y de las oenegés que reciben recursos de éstas y en tantas ocasiones viven a su costa.

Enfocar la lucha contra la pobreza no desde las consecuencias visibles de ésta sino desde una óptica más profunda, exige abandonar en parte la visión asistencial predominante y luchar contra intereses bien elocuentes y que los estados, por razones de todos sabidas, protegen, tales como el armamentismo y el militarismo, la protección al sistema económico neocapitalista, la deuda externa impagable, la asimetría comercial y política mundial, el injusto reparto de recursos naturales y un largo etcétera que exige transformaciones radicales tanto en la lucha contra la pobreza como en la propia naturaleza de las sociedades y de los estados “donantes”.

Por lo que respecta a España será tal vez preciso revisar toda la retórica de la cooperación internacional y de la AECID y sus oenegés adjuntas (algunas de las cuales afirman luchar contra la pobreza en colaboración con las aventuras militares en Afganistán y otros lugares) y todo el plan director de la cooperación internacional, para enfocar más bien la lucha contra la violencia estructural, contra el militarismo interno y externo, la deuda externa, el empoderamiento de las sociedades y tantos otros aspectos que no son meros paliativos de un mal que tiene parte de su raíz en nosotros mismos.

Violencia estructural: negar el empadronamiento.

Hasta ahora dos ayuntamientos han alardeado de su política de criminalización a los inmigrantes irregulares. Al parecer el Ayuntamiento de Vic se propone negar el empadronamiento a los inmigrantes en situación administrativa irregular y el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ya viene practicando una política similar desde hace un par de meses (concretamente la revista municipal de este último ayuntamiento se ufana en ofrecer como cifra de sus logros el haber impedido el empadronamiento al 52% de personas respecto del año pasado).

El empadronamiento sirve en el Estado como puerta de acceso a los servicios sociales básicos: sanitarios, educación y escolarización, servicios sociales, etc. Quien no está empadronado no puede obtener ni tarjeta sanitaria, ni escolarizar los hijos, ni otros muchos servicios.

Hasta ahora se ha enfocado la crítica de las organizaciones sociales desde el punto de vista del derecho, centrando la discusión en una materia de si se tiene derecho o no, o si se viola un derecho humano, y en el discurso xenófobo y criminalizador que penetra con este tipo de medidas.

Sin negar estas críticas de índole ética, jurídica y discursiva, y apoyando la rotundidad a la condena de estos actos con que se han mostrado tantas organizaciones ya, creemos que podemos aportar otro enfoque más a la cuestión, tratando el tema desde el punto de vista de la violencia. Creemos que difundir pedagógicamente este enfoque tal vez sea más movilizador que quedarnos en el discurso cultural o en la confrontación de valores y de normas jurídicas.

Hablamos de una violencia institucional y estructural que se ejerce sobre los inmigrantes afectados en primer lugar, pero sobre el conjunto de la sociedad en segundo término, porque este tipo de medidas, lejos de ir destinadas a “echar” a los inmigrantes (qué más quisieran los racistas que poder cumplir una aspiración tan incumplible) viene destinada a consolidar un ingente grupo de personas empobrecidas (inmigrantes y autóctonos) como segundo plato, en engranaje de un sistema de dominaciones y de explotación.

Una persona no empadronada no deja de existir ni de vivir en el municipio donde se encuentra. Únicamente deja de tener acceso a oportunidades sociales que el sistema arbitra: Sigue viviendo en su casa pero no puede acceder al médico, con lo que deteriora su salud y la de su familia; no puede escolarizar a los hijos , con los que estos pasan a integrar el ingente número de desescolarizados y a ser carne de cañón hacia el futuro; no puede ir a cursos formativos, de reciclaje o similar, con lo que sólo pueden aspirar a empleos de bajo valor e ínfimo pago. No puede abrir una cartilla en un banco. No puede inscribirse en una organización de consumo, o vecinal, ni demandar ayudas sociales, ni puede acreditar “arraigo” social para instar la regularización de su situación administrativa y así obtener papeles legales, o ejercer los derechos de la ley de dependencia y así un largo etcétera.

Con ello, estas gentes no sólo viven de forma frágil porque no tiene coberturas, sino también vulnerable, porque son carne de cañón para someterse a cualquier chantaje personal, institucional o social (por ejemplo del casero para que pague más por miedo a la denuncia, o del empleador para permitir mejor su explotación, o de los vecinos y vecinas y así un largo etcétera).

Creemos que estos políticos tan listillos no son inocentes en su enfoque, sino que buscan directamente mantener un ejército de reserva (tanto de inmigrantes como de autóctonos en peores condiciones sociales) al servicio de la explotación social, mantener una economía sumergida que beneficia a los empresarios explotadores y a las familias insolidarias (muchas de ellas con inmigrantes en el llamado servicio doméstico irregular y en condiciones injustas soportando el bienestar a bajo coste de tantas familias españolas), sustraer parte de la riqueza de los tributos y de la contribución a los gastos sociales, asustar a la sociedad en su conjunto con la amenaza de caer en la peor de las situaciones y la aspiración de vivir en el mejor de los mundos posibles y perpetuar un modelo social injusto como es el español de siempre.

Todo esto forma parte de un programa oculto, asumido hoy en día tanto por el PP como por el PSOE y por el resto de los partidos y corporaciones que forman el status quo político, económico y social.  Un programa oculto que persigue construir una sociedad cada vez más escindida donde inmigrantes y no inmigrantes de las clases más bajas (algunos de ellos se comprenden a sí mismos como clases medias sin tener en cuenta factores como la diferencia de poder, riqueza, salud u otros rasgos que definen a las clases medias respecto de las bajas) se someten a las reglas de juego del sistema y viven con fatalidad este estado de cosas.

Ello también erosiona los servicios sociales porque, bajo la prédica ficticia de que hay menos demandantes, se hace “ahorro” del gasto y se dejan de prestar servicios necesarios, a la vez que se sigue profundizando en la creciente privatización tan lucrativa de todo tipo de servicios. el debate no es si hay poco gasto social, sino que los servicios existentes los ocupa gente indeseable que compite a los “legítimos” destinatarios de los mismos.

También genera una “necesaria” bolsa de fracaso, exclusión y conflictividad social larvada (y a veces no tan larvada) que, a su vez, justifica los medios de seguridad, “defensa” y reprersión de la “inseguridad/criminalidad” en beneficio de aquellos que precisamente atizaron este fuego.

Estas políticas, en suma, no aspiran a cumplir su propósito de expulsión (no buscan eso), sino a consolidar un interés violento de esclavismo, de sometimiento, de explotación social y de dominación, de un sector de personas que tienen la desgracia de no pintar nada en nuestra sociedad y de haber caído en un país culturalmente racista que legitima y aplaude este estado de cosas.

A su vez los inmigrantes “irregulares” y los pobres caen en una cadena de vulnerabilidades personales, sociales y culturales que van desde la enfermedad física a la estigmatización pasando por todo tipo de estados de fragilización social.

Frente a los que ponen el acento de la defensa en la existencia de “enemigos” externos que nos obligan a mandar soldados al exterior, o que nos imponen medidas cada vez más absurdas de control de la vida personal o de la capacidad de deambular por el mundo, con las políticas explotadoras que estamos señalando, asistimos a una verdadera agresión violenta a los intereses de todos y de un enemigo al que hay que combatir.

Todo ello son signos evidente de una violencia estructural que necesita ser enfrentada y abolida. Pero el grave problema es que los protagonistas que pueden reivindicar esta abolición (los propios perjudicados de la misma y el resto de la sociedad que piensa que los inmigrantes les compiten socialmente) están en otra cosa, atomizados y sin instrumentos para enfrentar este interesado modo de enfocar la convivencia social que tienen los que mandan.

Creemos que el abordaje de esta situación desde el punto de vista de la violencia estructural justifica la promoción de un movimiento de reivindicación y lucha social para boicotear e impedir estas actuaciones.