El 27 de diciembre realizamos un presentación del libro “política noviolenta y lucha social” en el local de la librería Traficantes de Sueños, de Madrid.
Aqui aportamos el audio de esta presentación y el soporte que hicimos en Prezi para la misma:
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Fuente: Grupo Antimilitarista Tortuga
Activistas del Grupo Antimilitarista Tortuga han emprendido el miércoles 19 de diciembre una acción directa noviolenta de denuncia del gasto militar en el centro de Alicante.
La acción, a nuestro juicio con un marcado carácter pedagógico, ha tenido lugar en una zona de Alicante que concentra diversas instituciones emblemáticas de la ciudad y de un marcado simbolismo, como son la Delegación de Gobierno, Hacienda y el obispado alicantino.
El motivo de la convocatoria, según sus convocantes, era el de tratar de influir en la votación de los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso de los Diputados, prevista para el 20 de diciembre, con la intención de que cualquier tipo de gasto militar, explícito, camuflado u oculto, sea suprimido de dichos presupuestos.
Ningún gasto militar es necesario y sí, más bien, un elemento imprescindible para mantener un orden inmoral y violento.
Desde aquí nuestra enhorabuena a la iniciativa de los compañeros que han participado de esta acción ejemplar.
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Puedes acceder a un album fotográfico del evento en Facebook, en la ruta siguiente
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Fuente: Público.
Rajoy ha alabado a la España invertebrada que “no se manifiesta, que no sale en las portadas de los periódicos y que no abre los telediarios”. Están ahí, ha advertido, y son (somos, porque el tipo se identifica con ellos probablemente porque él mismo fue uno de esos que no salían a la calle tampoco cuando algunos cuantos se manifestaban para acabar con la dictadura de Franco y la aquiescencia y complicidad de las derechas) la mayoría.
Luego, para acabar de precisar su postura, se ha fumado un puro sin reparos (porque tal vez empieza a hacer guiños al dinero sucio que traerá desde Estados Unidos el tal Adelson que quiere cambiar las leyes antitabaco), como hacía cuando era ministro del interior y en un ataque de austeridad ejemplar mandó cambiar el blindaje de su cochazo oficial (varios miles de euros extra) para que las ventanillas se abrieran y cerraran automáticamente para dejar salir el humo de sus puracos.
Pero la admiración de Rajoy por los sumisos va mas allá, es parte de su ideario político. Es lo que los políticos extractivos, como el hoy Presidente, necesitan de la democracia: reducirla a un sistema de elección de una élite para que nos domine frente a otra élite durante un período de tiempo de cuatro años. La democracia como mero formalismo, como una plutocracia, para elegir amo, para que el amo, que siempre es el mismo, se sienta legitimado. Para darle una patente de corso por un período de cuatro años.
Rajoy sabe poco de democracia, porque todo lo que sabe lo aprendió en su manual de opositor a registrador de la propiedad (cargo del que por cierto ni ha renunciado aunque sigue cobrando por él).
A Rajoy no me gusta leer (salvo el Marca) y se pasó por alto eso de que la democracia no es sólo ni principalmente el sistema de votos que legitima al podercillo de turno (el iluso no acaba de comprender que el poder de verdad lo usa de títere), si no el sistema que quiere garantizar el pluralismo político y social, la participación real y proactiva de la gente en la toma de decisiones políticas, la lucha contra los privilegios y la injusticia, la ética, la dignidad de las personas y los derechos humanos por encima de los intereses de los que mandan y de las razones de Estado, la igualdad efectiva y la libertad real.
Los silenciosos muchas veces lo son por fatalismo, porque viendo lo que hay, creen que no vale la pena aspirar a sus derechos. Otros lo son por miedo, porque viendo lo que hay temen que los que son como Rajoy acaben haciendo rufiandades, como las que practicó la pasma el 25S por orden del gobierno de Don Mariano el del puro. Otros muchos, muchísimos, lo son porque ya se encargó la derecha nominal y la que está emboscada en otros disfraces de inyectarles la bacteria del servilismo, de la sumisión, de la obediencia ciega, de la delegación. Para ello degradaron la educación a adoctrinamiento, la ciudadanía a consumo, las metodologías de acción en la calle a autoritarismo y paternalismo.
Serán mayoría y serán silenciosos, pero también son la mayoría culpable del actual estado de cosas. Es su responsabilidad, tanto el silencio como la sumisión.
Mayoría silenciosa fue la que alzó al fascismo y la que permitió sus desmanes. La que elevó a la categoría de ley el racismo en Estados Unidos y en Sudáfrica, del silencio de muchísimos en las dictaduras de Argentina de Chile, de Paraguay, de España.
A la tontería de Rajoy deberemos responder con otra frase de un célebre ciudadano de Estados Unidos (donde Rajoy ha ido a insultarnos), M. Luther King, cuando dio que “no me preocupa tanto la gente mala, como el espantoso silencio de la gente buena”.
Pues eso, el silencio de los pasivos, aunque se estén tomando un puro, es cómplice de la injusticia de los poderosos, cómplice de Rajoy y sus matones, aunque luego, cuando se recuperen los derechos, seguro que muchos de éstos se apuntan al carro y nos cuentan que ellos estuvieron en primera fila.
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El pasado mes de septiembre se ha publicado por la editorial Libros en Acción de Ecologistas en Acción el libro de Utopía Contagiosa “Política de la noviolencia y lucha social. Alternativa noviolenta a la Defensa Militar“.
El texto analiza tanto el paradigma general que sustenta al militarismo (paradigma dominación-violencia), como los modelos teóricos y prácticos de “defensa” que han tenido lugar hasta ahora. Analiza también las relaciones del militarismo con la cultura, la economía, las relaciones sociales, los conflictos, las violencias y otros aspectos de nuestra sociedad y propone un enfoque alternativo de la visión de seguridad y defensa basado en la idea de desmilitarización y en la lucha social noviolenta. Ahonda en la construcción de un modelo de defensa alternativo y en la inserción de este en el proceso de cambio paradigmático hacia un paradigma “noviolencia-cooperación” y propone un proceso constante y coordinado de lucha social para conseguir gradualmente quitar poder a lo militar y dotar de poder a la alternativa (proceso de transarme), ejemplificando escenarios donde podemos ir realizando estos cambios graduales.
Como de muestra de las 300 páginas vale un botón, aquí está el índice:
Por otro lado, la Editorial Libros en Acción es la editorial de Ecologistas en Acción y tiene su de en la calle Marqués de Leganés, 12 de Madrid.
Si queréis hacer pedido de libros, os podéis dirigir a formacion@ecologistasenaccion.org
El libro cuenta con licencia Creative Commons. Su ISBN es el 975.61.939415.7.4 y su Depósito Legal M283662012.
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Fuente: Artículo publicado por Utopia Contagiosa en el periódico Es Hora del 7 de septiembre de 2012.
Hace unos días el Sindicato Andaluz de Trabajadores/as (SAT) promovió una acción directa consistente en entrar en varios supermercados, llenar unos carritos de productos alimenticios y salir del supermercado sin pagarlos, para entregarlos a varios comedores sociales o a ONG´s. La acción reivindicaba el rescate a las personas, y no a los bancos, según el comunicado de 8 de agosto del SAT1, y el propio sindicato la ha denominado “expropiación solidaria de alimentos de primera necesidad”.
Anteriormente, el SAT había desarrollado otra acción directa noviolenta en su línea de desobediencia civil, que no tuvo tanto eco mediático pero que demuestra su actuación coherente: ocuparon la finca militar de Las Turquillas2, en Osuna, Sevilla, denunciando que sus 1.200 hectáreas carecen de uso productivo en manos de los militares y reivindicando que la finca pase a manos de cooperativistas andaluces. Poco después ocupó una fina de una prima del rey en Hornachuelos, Córdoba3.
Desde entonces, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en los partidos políticos y sindicatos, ha arreciado el debate sobre las acciones directas noviolentas y la desobediencia civil. Incluso este debate y estas actuaciones han trascendido internacionalmente y el Guardian británico citaba a Gordillo, para enfurecimiento de nuestra derecha furibunda, como uno de los cinco ejemplos de desobediencia civil para recordar4.
Las respuestas oficiales y bienpensantes no se han hecho esperar: se trata, dicen, de un robo inadmisible y debe caer sobre los activistas todo el peso de la ley. Rechazo generalizado y predecible de los portavoces de los partidos políticos del régimen (lo que incluye en este caso también un moderado rechazo “a las formas” y no al fondo, del propio jefe de IU en Andalucía), opinantes y comentaristas variopintos de los medios de comunicación en boga (lo que incluye a los comentaristas de La Razón y otros especímenes de derechas ahora con mando en plaza en Radio Nacional y Televisión Española), sindicatos de los que frecuentan al Rey y hasta los principales portavoces del gremio de las grandes superficies y del Banco de Alimentos andaluz.
Incluso el Ministro del Interior, auxiliado por el intrigante Ministro de Justicia, ha ordenado la detención de los participantes de dicha acción del supermercado (de las otras no sabemos que hayan dicho nada), incluído el Alcalde de Marinaleda y diputado autonómico andaluz, Sánchez Gordillo, que se ha caracterizado en su dilatada vida pública por el uso de la acción directa noviolenta para conseguir reivindicaciones relacionadas con los derechos humanos y las conquistas sociales como se demuestra en el artículo “La economía según Sánchez Gordillo”5
Por el lado contrario, también se han dado variadas alabanzas a la acción, ya sea ensalzando el coraje de plantar cara a la actual situación y de salirse de nuestro encorsetado modelo de participación, ya recordándonos el refrán exculpatorio de que quien roba a un ladrón cien años de perdón, e incluso recordándonos a Robin Hood o a nuestro Curro Jiménez, o haciendo llamamientos a las barricadas y al uso de la violencia en respuesta a la violencia estructural del sistema.
A nosotros, que reivindicamos la legitimidad de la acción directa noviolenta como herramienta política legítima y eficaz frente a la injusticia, lo cierto es que los argumentos que hemos leído hasta ahora, a favor o en contra de los hechos del día 8 de agosto, no nos acaban de convencer y nos parecen demasiado pasionales y poco razonados y explicados. Preferimos analizarlos desde la propia perspectiva de la noviolencia. Veamos:
A continuación queremos abordar el maremagnum de ideas y de sentimientos que a mucha gente les ha supuesto este cúmulo de acciones (que se suman a las del 15 M y a los bloqueos contra los desahucios, etc.) desde las dos perspectivas opuestas que se concitan:
1.- El debate desde el poder y el status quo.
1.1.- Los intereses (que se pretenden ocultar) del poder.
En el argumentario formalista y leguleyo del poder, que una acción sea contra la ley implica su descalificación absoluta, la de sus actores y la de las propias ideas que la sustentan, salvo que la acción la ejerza el bando propio (ley del embudo político, muy al uso del cinismo político vigente). Por eso, bajo la acusación simplista de ilegalidad se esconde la anatemización de cualquier aspiración a preguntarse por el actual estado de cosas y, mucho más, de intentar cambiarlo.
El anatema hacia todo lo que sea desobedecer al sistema evita el análisis y el diálogo y sirve a los intereses (consustanciales al poder) de ningunear a todo el mundo. Esta posición no es, por lo tanto, imparcial, sino muy parcial e interesada: los poderosos defienden (con uñas y dientes disfrazados de legalidad vigente) sus egoístas intereses y privilegios y los problemas que ellos mismos provocan, pretenden eludirlos bajo una capa de silencio y mantenerlos como un conflicto “latente” o irreal. Sólo cuando saltan a la agenda mediática (provocando el escándalo) se ven obligados a abordar este conflicto.
Ahora bien, que una ley, o un conjunto de ellas, sea legal no quiere decir ni que sea la mejor, ni que sea justa, ni que sea legítima por el solo hecho de haber sido votada por el cauce legal. Hay una legitimidad “de ejercicio” que consiste en si sirve al bien común o no y en qué grado es justa o injusta y para quién o para qué intereses porque a todos no se puede contentar.
En nuestro caso, el poder pretende que se olvide o que pase desapercibido el verdadero trasunto de la cuestión: las políticas neoliberales y las leyes que se aplican y perjudican a la sociedad, favoreciendo claramente a los poderosos económicos (banqueros, ricos, empresarios, especuladores, …).
El poder pretende trasladar el focoen exclusiva en los jornaleros, en la supuesta violencia o ilegalidad de su acción, en la transgresión de las normas. La estrategia del poder es algo así como mirar para otro lado (los jornaleros y sus actuaciones) para evitar que se mire a sus responsabilidades, incumplimientos e injusticias. Si lo consiguen su victoria será doble: por un lado la gente se olvidará de que ellos son los causantes de la violencia estructural que genera la situación, por otro, conseguirán culpabilizar a los que se mueven de manera noviolenta para culpabilizarles de todo.
El supuesto pacto constitucional (que nunca existió en la medida que nos quieren hacer creer) predica que el fundamento de las leyes y de la acción política son la dignidad y la igualdad de las personas, los derechos humanos, la justicia y el pluralismo y no otras razones. Pero la ley la han hecho los de arriba para defender sus privilegios y les han blindado haciendo que el sistema de participación existente no permita los cambios que permitirían acercarnos a estos ideales. Es la violencia del cauce burocrático-institucional y formal establecido la que impone la noviolencia y la acción noviolenta como único medio coherente de cambiar las cosas.
El gobierno y sus partidarios pretenden eludir un conflicto real y que genera injusticia a millones de españoles, bajo la apariencia de que con el cumplimiento de la ley y el acatamiento del poder es suficiente, y la acción directa lo que busca es que ese conflicto oculto y latente se haga visible y salte a las agendas mediáticas, políticas y sociales, desvelando que donde aparentemente no pasaba nada, sí que pasa y provocando un cambio de relaciones de fuerza e, incluso, una dinámica en la que se pueden abrir nuevos escenarios de lucha social.
Por eso es comprensible que el poder reaccione bruscamente intentando apagar la llama del conflicto así encendida y amenazando con respuestas penales a quienes quieran llevar adelante actuaciones similares.
El verdadero vencedor de este pulso político será el que consiga que su enfoque sea aceptado por la mayoría de la sociedad y los medios de comunicación: o el acto ilícito que reivindica el poder, o la violencia estructural subyacente que reivindican los jornaleros, los participantes en el 15 M, etc.
1.2.- ¿Un delito u otra cosa?
En primer lugar no nos parece que los hechos puedan ser descritos, sin más, como un simple delito y, mucho menos, que tras de este argumento se intente silenciar y deslegitimar lo ocurrido, o eludir el asunto sobre el que la acción ha querido llamar la atención: la crisis y el rescate de las personas perjudicadas por las insolidarias medidas políticas impuestas por “los mercados” y sus cómplices políticos y privilegiados.
Menos aún que la invocación de delito se haga con la rotundidad similar a lo que pueden considerarse delitos graves, de alarma social y grave perjuicio a la sociedad, como puede ser un asesinato, un robo o estafar a miles de personas con la adquisición de “preferentes” de los bancos quebrados, pongamos por caso. Algunos ya han dicho que hay delitos y delitos y, desde luego, si estamos ante un delito, no podemos zanjar el asunto demonizando a los activistas y eludiendo su reivindicación.
En el presente caso, en el supuesto de estar ante un delito, lo cierto es que no estaríamos técnicamente ante un robo (que es de lo que se han aprestado a acusar al SAT el gobierno y sus auxiliares vocacionales), pues no ha habido ni violencia contra las personas ni fuerza contra las cosas (los rasgos que definen al robo) y la cuantía económica de lo que contenían los carritos, al parecer, es inferior a la que se considera incluso delito de hurto, con lo que, a lo sumo,estaríamos probablemente ante una mera “falta” que ni justifica las detenciones de los activistas, ni ninguna de las arbitrarias medidas policiales llevadas a cabo.
Pero, siguiendo nuestra argumentación, ocurre que un delito es un acto contrario a una ley que, en general, tiene algunas características diferentes a las del presente supuesto:
Sin embargo, el acto del SAT, siendo ilícito (es decir, contrario a una norma jurídica):
Persigue un objetivo altruista
Mientras un particular que cometiera un delito o una falta de hurto (en este caso sería lo aplicable con nuestro código penal en mano y no un robo como pretende manipuladoramente el ministro del interior) intenta aprovechar en secreto su acción, los activistas aquí lo que han hecho es aprovechar el efecto publicitario de la ilicitud de su acción para reivindicar otro modo de repartir los costes de la crisis. El propósito es distinto.
De todo ello se desprende que aunque estamos ante una acción ilegal no estamos en principio ante el mismo tipo de ilícitos que constituyen los delitos o la consideración de los delitos usual. Estamos ante una acción con otra naturaleza y ante una actuación que persigue otros ánimos que ha hecho uso de la infracción de una norma penal para conseguir indirectamente cuestionar una situación estructural injusta y reparable pero que la maquinaria estatal ha blindado para que no cambie y nos ha metido en la cabeza que no se puede cambiar.
1.3.- Las exigencias del poder hacia los jornaleros y la complacencia con sus propias debilidades.
Es curioso el cinismo del poder que una y otra vez exige a los jornaleros o los activistas del 15 M una coherencia al 100 % y una noviolencia al 100 %. Si no es así, y molestan en la plaza de Sol o producen un daño a los militares o a unas grandes multinacionales, les condenan categóricamente y les descalifican en lo absoluto. Ya nada de lo que puedan proponer o hacer es válido.
A los activistas noviolentos se les exige noviolencia al 100 %, olvidando que las acciones noviolenta se desarrollan en una sociedad que es esencialmente conflictiva y en gran parte violenta, por lo tanto, la noviolencia total no existe. Siempre habrá alguien que reclame que le han violentado sus intereses o sus ideas. La humanidad nos desarrollamos en sociedades que siempre son conflictivas, siempre están en lucha y las diversas posiciones sociales, políticas o económicas se enfrentan. No se puede comparar la violencia estructural que ejerce el sistema en todos los ámbitos con la ejercida por los activistas. Tampoco se puede obligar que el sistema ejerce su violencia desde una postura de superioridad y fuerza, sin embargo, los activistas actúan desde una posición de inferioridad, desde el desamparo participativo en el que nos encontramos ya que se ven abocados por el propio sistema que les corta las vías para plantear sus reivindicaciones y que sean oídas y aprobadas con la actual democracia representativa y delegadora y con unos tribunales de justicias lentos y que juzgan con leyes impuestas por las elites.
Se pone, cínicamente, el grito en el cielo porque se han dañado los derechos de un tercero y la acción ya no es directa, en puridad, los derechos de un automovilista cuando se cortó una calle, o de un quiosquero en Sol, o de una cajera en Mercadona, o de la propia Mercadona. Hay que respetarles, son sagrados. Las protestas les deberían tener en cuenta y sólo se debería protestar cuando nadie sale perjudicado, nos dicen. Entonces no se debería protestar nunca. Realmente eso es lo que quieren, con el razonamiento anterior no buscan más que su propio interés. Sin embargo, ¿qué ocurre con todas las personas forzadas al hambre, a la falta de medicinas, a pagar hipotecas que les impiden sobrevivir, a los engañados por los bancos, a sobrevivir con casi nada, a la exclusión, en definitiva?, ¿dónde quedan sus derechos?, ¿no es posible luchar por ellos ni que ellos luchen por lograr justicia?
No nos equivoquemos, no nos dejemos engañar, el poder pretende, con sus exigencias de coherencia total hacia nosotros, llevarnos a la inacción. Buscan enredarnos en discusiones vanas para inactivarnos.
Es cierto que la coherencia medios/fines debe ser uno de los principales referentes de nuestra actuación, pero ello no puede llevaros a un purismo absoluto. Quien quiere cambiar el mundo debe mancharse los pies de barro, quiera o no quiera.
Sin embargo, los poderosos son muy permisivos con sus propias incoherencias: ¿dónde están los castigos a los banqueros que han hundido bancos, dónde el control a los especuladores que una y otra vez nos imponen sus intereses egoístas ante el bien común de países enteros, dónde el control de la corrupción política a nivel estatal, de comunidades o local, dónde las promesas de cambios en la ley electoral que hagan que la democracia deje de ser delegadora para ser participativa, dónde el reparto progresivo de las cargas sociales, …?
La estrategia del poder es clara, busca anatemizar a los que critican y, sobre todo, a aquellos que se atreven a actuar contra el sistema injusto. Su objetivo es conseguir que la obediencia ciega sea el paradigma cultural que nos constriña a sólo pretender cambios a las inquietantes injusticias que vivimos día a día por medio de las votaciones cada cuatro años y la delegación permanente.
Alguna gente, descontenta, harta, aboga por las acciones violentas. Y el sistema y los poderosos lo esperan como agua de mayo porque entonces todo sería meridianamente claro: no se puede admitir la violencia en las calles, hay que reprimir. Y lo harían con legitimidad legal e incluso con la que otorga una buena parte de la sociedad. La violencia de los activistas sería la llave que dejaría paso libre a más recortes legales y de libertades.
2.- Desde la sociedad que sufre y se activa.
2.1.- ¿Dónde ponen el foco los desobedientes?
¿Alguien puede pensar que lo que pretendían los activistas era quedarse para uso propio los productos del supermercado, o que querían hacer daño en los negocios a los quiosqueros de la Puerta del Sol, o que querían que ciertas personas no llegasen a sus lugares de destino cuando se interrumpió la circulación en una calle o carretera? No, ¿verdad? Todos tenemos claro que los activistas desobedientes no pretenden aquello de lo que cínicamente el poder les acusa. Sin embargo, el poder busca, por todos los medios, desplazar a la discusión de estas cuestiones sin sentido el debate.
Entonces, ¿qué es lo que pretendían los activistas desobedientes?
Hemos querido dejar claro que la postura de los desobedientes es políticamente complicada porque la legalidad no ofrece ninguna opción de oposición a eso que llamamos realidad y que, sin embargo, los activistas se sienten legitimados para oponerse a esa legalidad y a esa realidad proponiendo debates y medidas políticas, económicas y/o sociales que les parecen imprescindibles: en el caso del 15 M se proponía una lucha contra la corrupción, se pedía la reforma del sistema electoral, se aludía a la gente para convertir la democracia delegadora en participativa, etc; en el caso de los jornaleros reclamaban la atención social a los cientos de miles de personas que se encuentra, por los recortes del gobierno, en exclusión social y con muy pocas posibilidades de futuro en cuanto a empleo y calidad de vida, reclaman que algo hay que hacer a su favor y que hemos de dejarnos de hacer cosas en su contra. ¿Es esto incorrecto? No. ¿Es necesario? Sí.
Los desobedientes ponen el foco en el meollo del conflicto latente que supone una salida injusta de la crisis, que reparte desigual y arbitrariamente beneficios y costes entre unas clases pudientes y unas élites cada vez más enriquecidas y beneficiadas por las políticas de ajuste de corte neoliberal en marcha, y una inmensa mayoría de la sociedad cada vez más perjudicada en sus derechos, necesidades básicas y expectativas de futuro.
No se trata de un desigual reparto fruto de la casualidad o la fatalidad, sino, y ese es el meollo del asunto, de un desigual reparto fruto de políticas certeramente aplicadas para provocar desregulación, precarización, desmontaje de servicios básicos y de lo que hemos conocido como estado de bienestar, empobrecimiento de amplias capas sociales y, en definitiva, violencia (sobre todo estructural y cultural) y dominación: una agresión contra la propia seguridad humana.
Los activistas desobedientes han pretendido, como en otras ocasiones:
Cuando los desobedientes realizan su acción conocen la ilegalidad de la misma y la utilizan pra su reivindicación. Pero, por encima de ella, apelan a valores socialmente compartidos y obviados en la actual receta neoliberal, como son la seguridad humana, la respuesta solidaria y redistributiva frente a la vulnerabilidad y la precariedad, la justicia social y los derechos tomados en serio, las promesas de dignidad, justicia, igualdad, libertad, derechos humanos y efectivo pluralismo que constituyen el núcleo de justificaciones de nuestro peculiar sistema político y legal, y que, según la Constitución que blanden como un catecismo los de arriba, obliga a los poderes públicos a remover todos los obstáculos para que se hagan efectivos.
También deberíamos fijarnos en otras características de la acción de los desobedientes, que en nuestra opinión potencian las cualidades positivas para la sociedad de la acción directa y de la desobediencia civil:
Incluso más, parece que la acción desarrollada ha buscado y cuidado los aspectos pedagógicos y de diálogo con la sociedad, apelando a sus valores y aspiraciones, y ofreciendo un horizonte de aspiraciones y reivindicaciones indudablemente necesarios. También ha buscado mostrar una cierta ejemplaridad (servir de ejemplo) y eficacia para la transformación (de hecho uno de los centros comerciales ha aceptado entregar semanalmente productos gratis a los comedores sociales de varios municipios y para paliar la situación). Y también, se han cuidado los aspectos de cohesión grupal y de cuidado interno del grupo, tan importantes como los objetivos políticos a conseguir con la acción.
2.2.- La llama de la acción directa y el cambio del modelo de participación
Es posible que la acción directa emprendida sea incompleta e imperfecta, pero tal vez su mayor potencialidad es que, a la vez, abre la vía a un ejercicio del propio poder y a la participación política diferente y desenmascara el rígido modelo actual basado en el cauce institucional de unas instituciones ocupadas principalmente por una élite política poliárquica y blindadas por mecanismos poco imparciales al efectivo pluralismo y a los intereses de las mayorías.
Por supuesto que llevándose la comida de los comercios no vamos a conseguir cambiar la situación y que los cambios tienen que ver más con cambios estructurales profundos y distintos. Por supuesto que el contendiente no es Mercadona o cualquier otro centro comercial, sino los intereses creados de ese híbrido financiero-político-social-burocrático neocapitalista y de su programa de ajustes duros.
Pero la acción desarrollada pretende aportar un contenido simbólico de escenificación de otra metodología de lucha y de confrontación directa entre opulencia y carencia injusta.
Ello permite abrir el debate en los movimientos sociales y en la sociedad sobre las metodologías de lucha a desarrollar y, desde nuestro punto de vista reclama mayor debate, mayor coordinación y pluralidad de actuaciones tanto de lucha como de alternativas al modelo actual.
Tal vez se acerca la oportunidad de elaborar colectivamente una verdadera campaña de desobediencia civil que englobe acciones directas noviolentas, acciones formativas y pedagógicas, y otras luchas sociales.
2.3.- La elección entre la acción violenta y la noviolenta.
En párrafos anteriores defendíamos que es imposible una acción directa noviolenta que sea al 100 % pura, que no contenga ni un miligramo de violencia. Pero nos es sumamente agradable y habla muy bien de la coherencia y de la honradez de los principios de los desobedientes que optan por la acción directa noviolenta y que renuncian a la violencia como arma de acción política.
También es lógica esta opción porque ya se ha visto en muchas ocasiones que la opción por la violencia lo único que logra es dar más argumentos a la represión y a las políticas de recorte de las libertades.
Es de resaltar la coherencia y la honda implicación que está logrando la sociedad española en su lucha por las libertades y contra los recortes: se ha optado por la acción aunque signifique desobediencia y se ha optado por la noviolencia. Ambas son señales de que la sociedad española está logrando una mayoría de edad política muy interesante y esperanzadora.
2.4.- ¿Con quién nos solidarizamos en el debate surgida con la expropiación-robo de alimentos básicos a varios supermercados para cederlos a comedores sociales?
Se están dando en dicho debate algunas de las claves para entender fenómenos como la desobediencia civil que supuso la objeción-insumisión hace años o lo que supuso tomar la plaza de Sol por el 15 M. Por un lado está lo legal y por otro lo político:
Y ahora todos tenemos la palabra. ¿Dónde se ha de situar el debate? ¿Qué ha de primar, lo legal o lo político?
Por otro lado, cuando se opta por la desobediencia civil es, también, porque el Estado y la sociedad no ofrecen vías políticas para mostrar desacuerdos a una parte de la sociedad. Pensamos que, entonces, la sociedad y la legalidad existente también son concausas de las actitudes desobedientes y que se les debe condenar en la misma medida. Así fue con la insumisión, el Estado, los políticos del momento, no dejaron a los jóvenes más opción que desobedecer y a ella se aferró la juventud y con ella hizo política. Ciertamente muchos fueron juzgados y condenados. Muchos cumplieron prisión, pero el movimiento buscó fuerzas y motivación en esos encarcelamientos y siguió en la lucha con ánimos y coherencia redoblada. Lo mismo ha ocurrido y ocurre con todas las manifestaciones del 15 M.
Si encarcelan a los que han robado-expropiado comida, lo más seguro es que haya más que sigan la misma senda y roben más comida porque saben que es necesaria para mucha gente que ya no tiene nada de donde tirar ni ninguna ayuda estatal para subsistir. ¿Preferimos el modelo de suicidios de Grecia? Ahora la gente nos vemos obligados a posicionarnos personal y socialmente. Muchos lo harán en charlas familiares, en debates de bar; pero otros irán un poco más allá y darán algún paso en una u otra línea.
Si queréis leer un poco más sobre las características de la acción directa noviolenta y sobre la desobediencia civil, podéis consultar: Manual de Acción Directa Noviolenta6.
2.5.- ¿E I.U.?
Pues parece que la mayor parte de sus dirigentes han optado por situarse en la parte legal del debate.
Pocos han entendido el verdadero y profundo trasfondo de las acciones del 15 M y de los jornaleros del SAT. Sus declaraciones así lo demuestran. Pero no es sólo lo que han dicho lo que nos preocupa, sino que también, y mucho más, nos preocupa su forma de vivir y de hacer política: en el fondo, muchos de los dirigentes se implican en el punto de vista legal y no en el légítimo y político.
Nos parece un craso error porque es en la parte política donde se pueden lograr las transformaciones sociales que anhelan sus bases.
Pero, ya se sabe, la poltrona apoltrona mucho y parece que a la mayoría de los diputados y dirigentes de I.U. les cuesta mucho entender y hacer suyas las ideas desobedientes y activistas prefieren condenar las formas y aprobar el fondo de los debates.
2http://utopiacontagiosa.wordpress.com/2012/08/05/el-ejercito-denuncia-a-agricultores-por-ocupar-una-finca-baldia/
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Por su amplitud, los ataques de infiltrados contra las fuerzas ocupantes en Afganistán, «ataques desde el interior» en el argot de la OTAN, son un fenómeno inédito en la historia de la guerra moderna y amenaza seriamente los planes de retirada, coinciden los analistas. Agosto ha sido de lejos el más aciago en este sentido en los cerca de once años de ocupación. Uno de cada tres soldados de la OTAN muertos ha caído bajo las balas de uniformados del Ejército afgano que Occidente se encarga de adiestrar. El fenómeno ha explotado este año, con una treintena de ataques que han matado a 45 soldados de la ISAF, el 14% del total de bajas militares aliadas. En 2011 fueron el 6%. Hace cuatro años, en 2008, solo supusieron el 1% de bajas, con dos soldados extranjeros aniquilados de ese modo. Los ataques ‘fratricidas’ se producen con mayor frecuencia en las provincias con una fuerte presencia de la Guerrilla Talibán, y sobre todo Helmand, que desde enero ha vivido 15 incidentes de ese tipo. En Kandahar se han registrado ocho. Semejante balance no ha sido registrado en ninguna de las guerras contemporáneas, desde Vietnam a Irak.
El Comando de Operaciones Especiales de las tropas norteamericanas en Afganistán ordenó el sábado la suspensión de las labores de entrenamiento de sus soldados a nuevos reclutas afganos, dado el reciente incremento de los ataques de operativos de la Guerrilla Talibán infiltrados entre las fuerzas de seguridad que dependen del Gobierno de Kabul. Mientras el Comando de Operaciones Especiales de EE UU reexamina a los 16.300 soldados afganos con los que coopera en el Cuerpo de Policía Local, dejará de entrenar temporalmente a 1.000 nuevos reclutas.
Parece ser que la OTAN y EE.UU. están preocupados por las bajas que puede causar este fuego fratricida o ataques desde el interior en la inminente retirada de efectivos. La OTAN ya ha cerrado 200 bases extranjeras y cedido el control de otras 282 a las tropas nacionales afganas.
Es decir, EE.UU. y la OTAN están recogiendo lo que han sembrado: han enseñado el uso de la violencia a los afganos y parece que ahora se sorprenden de que estos la estén usando también contra ellos. ¿Por qué no?, se preguntarán los talibán.
El que siembra vientos, recoge tempestades. Y el uso de la violencia o el abordaje violento de cualquier conflicto lleva a situaciones como esta. ¿No lo sabían? Pues que se agachen, que vuelve el boomerang que lanzaron ellos mismos.
Si hubiesen sembrado cooperación para el desarrollo les llovería cooperación para su propio desarrollo, pero …
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Escrito por utopiacontagiosa
Hace unos días el Sindicato Andaluz de Trabajadores/as (SAT) promovió una acción directa consistente en entrar en varios supermercados, llenar unos carritos de productos alimenticios y salir del supermercado sin pagarlos, para entregarlos a varios comedores sociales o a ONG´s.
La acción reivindicaba el rescate a las personas, y no a los bancos, según el comunicado de 8 de agosto del SAT, y el propio sindicato la ha denominado “expropiación solidaria de alimentos de primera necesidad”.
Las respuestas oficiales y bienpensantes no se han hecho esperar: se trata, dicen, de un robo inadmisible y debe caer sobre los activistas todo el peso de la ley. Rechazo generalizado y precedible de los portavoces de los partidos políticos del régimen (lo que incluye en este caso también un moderado rechazo “a las formas” y no al fondo, del propio jefe de IU en Andalucía), opinantes y comentaristas variopintos de los medios de comunicación en boga (lo que incluye a los comentaristas de La Razón y otos especímenes de derechas ahora con mando en plaza en Radio Nacional y Televisión Española), sindicatos de los que frecuentan al Rey y hasta los principales portavoces del gremio de las grandes superficies y del Banco de Alimentos andaluz.
Incluso el Ministro del Interior, auxiliado por el intrigante ministro de justicia, ha ordenado la detención de los participantes de dicha acción, incluído el Alcalde de Marinaleda y diputado autonómico andaluz, Sánchez Gordillo, que se ha caracterizado en su dilatada vida pública por el uso de la acción directa noviolenta para conseguir reivindicaciones relacionadas con los derechos humanos y las conquistas sociales.
Por el lado contrario, también se han dado variadas alabanzas a la acción, ya sea ensalzando el coraje de plantar cara a la actual situación y de salirse de nuestro encorsetado modelo de participación, ya recordándonos el refrán exculpatorio de que quien roba a un ladrón cien años de perdón, e incluso recordándonos a Robin Hood o a nuestro Curro Jiménez, o haciendo llamamientos a las barricadas y al uso de la violencia de respuesta frente a la violencia estructural del sistema.
A nosotros, que en principio reivindicamos la legitimidad de la acción directa noviolenta como herramienta política legítima y eficaz frente a la injusticia, lo cierto es que los argumentos que hemos leído hasta ahora, a favor o en contra de los hechos del día 8 de agosto, no nos acaban de convencer y nos parecen demasiado pasionales y poco razonados y explicados. Preferimos analizarlos desde la propia perspectiva de la noviolencia. veamos:
1) ¿Un delito u otra cosa?
En primer lugar no nos parece que los hechos puedan ser descritos, sin más, como un simple delito y, mucho menos, que tras de este argumento se intente silenciar y deslegitimar lo ocurrido, o eludir el asunto sobre el que la acción ha querido llamar la atención: la crisis y el recate de las personas perjudicadas por las insolidarias medidas políticas impuestas por “los mercados” y sus cómplices políticos y privilegiados.
Menos aún que la invocación de delito se haga con la rotundidad similar a lo que pueden considerarse delitos graves, de alarma social y grave perjuicio a la sociedad, como puede ser un asesinato, un robo o estafar a miles de personas con la adquisición de “preferentes” de los bancos quebrados, pongamos por caso. Algunos ya han dicho que hay delitos y delitos y, desde luego, si estamos ante un delito, no podemos zanjar el asunto demonizando a los activistas y eludiendo su reivindicación.
En el presente caso, en el supuesto de estar ante un delito, lo cierto es que no estaríamos técnicamente ante un robo (que es de lo que se han aprestado a acusar al SAT el gobierno y sus auxiliares vocacionales), pues no ha habido ni violencia contra las personas ni fuerza contra las cosas (los rasgos que definen al robo) y la cuantía económica de lo que contenían los carritos, al parecer, es inferior a la que se considera incluso delito de hurto, con lo que, a lo sumo, estaríamos probablemente ante una mera “falta” que ni justifica las detenciones de los activistas, ni ninguna de las arbitrarias medidas policiales llevadas a cabo.
Pero, siguiendo nuestra indagación, ocurre que un delito es un acto contrario a una ley que, en general, tiene algunas características diferentes a las del presente supuesto:
Sin embargo, el acto del SAT, siendo ilícito (es decir, contrario a una norma jurídica):
Mientras un particular que cometiera un delito o una falta de hurto (en este caso sería lo aplicable con nuestro código penal en mano y no un robo como pretende manipuladoramente el ministro del interior) intenta aprovechar en secreto su acción, los activistas aquí lo que han hecho es aprovechar el efecto publicitario de la ilicitud de su acción para reivindicar otro modo de repartir los costes de la crisis. El propósito es distinto.
De todo ello se desprende que aunque estamos ante una acción ilegal no estamos en principio ante el mismo tipo de ilícitos que constituyen los delitos o la consideración de los delitos usual.
Estamos ante una acción con otra naturaleza y ante una actuación que persigue otros ánimos que ha hecho uso de la infracción de una norma penal para conseguir indirectamente cuestionar una situación estructural injusta y reprable pero que la maquinaria estatal ha blindado para que no cambie y nos ha metido en la cabeza que no se puede cambiar.
2 ) ¿Es una acción noviolenta?
En este punto es donde, en nuestro criterio, más dudas pueden suscitarse y ello porque es un uso de la acción que perjudica (aunque en realidad muy relativamente por la cuantía de los productos que se han sacado sin pagar y el perjuicio generado a las grandes superficies son mínimos) a un tercero, que no es directamente el causante de la situación que se denuncia y reivindica.
Estaríamos ante una acción “indirecta” que genera perjuicios a un tercero (en este caso un tercero que tiene indudablemente otras cuentas pendientes por su responsabilidad en el modelo de acumulación existente, o por su participación en la negación del derecho humano a los alientos, o pos su trato explotador a los trabajadores y trabajadoras a sus órdenes, o por su papel de agentes económicos que impiden el desarrollo de economías de escala local, o por su papel en la contaminación, etcétera; pero que son cosa que no se dirimen directamente en este caso) “ajeno” al conflicto y, por más que la entidad de la violencia ejercida sea pequeña, sustraer bienes de otro supone un ejercicio en cierto modo violento.
El atentar contra intereses de los directos causantes del mal que se denuncia (por ejemplo ocupando ministerios, o bancos, o promoviendo la retirada masiva de fondos de estos, o desplegando campañas de desobediencia fiscal al pago de impuestos para rescatar a banqueros, o hacer objeción médica a la prohibición de atender a inmigrantes, impedir el lanzamiento de desahuciados mediante encadenamientos o concentraciones, y un largo etcétera) no tendría ningún inconveniente en cuanto a los requisitos de la acción noviolenta, pero al tratarse de un tercero “ajeno” y sólamente indirectamente implicado en el mal que se denuncia, no es tan claro que la acción pueda considerarse plenamente noviolenta.
En nuestra opinión, las acciones directas violentas (también se han reivindicado desde ciertos sectores ante esta situación y con la excusa de la actuación del SAT) no estarían justificadas y, a la larga, a la par que ineficaces y de la deslegitimación social que tendrian, implicarían una regresión de nuestros derechos y una amenaza para la sociedad.
Precisamente por ese riesgo de servir a los intereses de la multiplicación de la violencia espiral, es por lo que nos interesa tanto analizar la acción desde el punto de vista de la noviolencia y desmarcarla de una supuesta violencia legítima que, en realidad, no lo es.
3) ¿Es una acción directa noviolenta?
Hace no mucho escribimos un largo artículo sobre la acción directa noviolenta en el que exponíamos las características de este tipo de acción y las similitudes (y también diferencias) con otro tipo de actos sociales y políticos.
En principio no tenemos ninguna duda en afirmar el carácter de acción directa de la realizada el 8 de agosto. Se trata de una acción donde los activistas, sin delegación, de forma directa, desarrollan su acción para conseguir un fin concreto y planificado.
Tampoco en afirmar que, como la acción directa noviolenta, se trata de una acción política y politizada.
Restaría ver si ésta, en sus grandes rasgos, ha seguido las pautas de la metodología noviolenta, lo que va más allá de no haber ejercido violencia contra nadie durante la acción, y en este punto nos plateamos si sustraer bienes a un tercero ajeno al conflicto es violento.
A nuestro juicio, teniendo en cuenta que la violencia ejercida es mínima y que el perjuicio generado a un tercero es ínfimo, no tenemos incconveniente en calificar esta acción como una acción noviolenta y separarla nítidamente de los planteamientos de la violencia política.
También deberíamos fijarnos en otras características de la acción que son, a grandes rasgos,
Incluso más, parece que la acción desarrollada ha buscado y cuidado los aspectos pedagógicos y de diálogo con la sociedad, apelando a sus valores y aspiraciones, y ofreciendo un horizonte de aspiraciones y reivindicaciones indudablemente necesarios. También ha buscado mostrar una cierta ejemplaridad (servir de ejemplo) y eficacia para la transformacion (de hecho uno de los centros comerciales ha aceptado entregar semanalmente productos gratis a los comedores sociales de varios municipios y para paliar la situación).
Incluso más, se han cuidado los aspectos de cohesión grupal y de cuidado interno del grupo, tan importantes como los objetivos políticos a conseguir con la acción.
4) ¿Es una acción ilegítima?
Comencemos por señalar que, incluso desde el punto de vista juridico-penal, la entidad de esta acción es mínima y seguramente habrá sido estudiada en esta “nimiedad” por los activistas para decantarse por ella.
Pero, además, es que al tratarse de una acción que goza de características tn especificas que la separan de los delios comunes, nos sitúa en el ámbito de la actuación penal por convicciones, donde las justificaciones, incluso legales, caben y pueden ser apreciadas por un juez sin prejuicios.
Naturalmente desde el poder y desde la óptica del poder la acción siempre será ilegal. Hace poco nos hacíamos eco de la reflexión del profesor Peces Barba y su círculo de acólitos demonizando a un juez que justificó la insumision al ejército y absolvió del delito de negarse a colaborar con la prestación sustitutoria a un jóven insumiso. También conocemos una gran cantidad de sentencias, algunas incluso protagonizadas por las acciones noviolentas de Sanchez Gordillo y el SAT, en las que se absuelve de los delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad a activistas que se manifiestan, opinan e incluso ocupan fincas en apelación de valores superiores.
Y en este caso, por lo que a la apelación de estos valores y la finalidad de la acción se refiere, sobran argumentos para sostener la legitimidad de la acción e incluso su justificación jurídica.
5) ¿Por qué entonces la insistencia del ministro en la ilegalidad?
Por eso, bajo la acusación de ilegalidad se esconde la anatemización de cualquier aspiración a preguntarse por el actual estado de cosas y, mucho más, de intentar cambiarlo.
El anatema evita el análisis y el diálogo y sirve a los intereses (consustanciales al poder) de ningunear a todo el mundo.
Ahora bien, que una ley, o un conjunto de ellas, sea legal no quiere decir ni que sea la mejor, ni que sea justa, ni que sea legítima por el solo hecho de haber sido votada por el cauce legal para ello. Hay una legitimidad “de ejercicio” que consiste en si sirve al bien común o no y si es justa o injusta, que el poder suele olvidar. En nuestro caso, el supuesto estado de cosas y las políticas neoliberales y las leyes que se aplican perjudican a la sociedad y, precisamente ese es el debate que el ministro no quiere.
El supuesto pacto constitucional (que nunca existió en la medida que nos quieren hacer creer) predica que el fundamento de las leyes y de la acción política son la dignidad y la igualdad de las personas, los derechos humanos, la justicia y el pluralismo y no otras razones.
La ley la han hecho los de arriba para defender sus privilegios y han blindado estos haciendo que el sistema de participación existente no permita el cambio de esta situación. Es la violencia del cauce burocrático-institucional y formal establecido la que impone la noviolencia y la acción noviolenta como medio de cambiar las cosas (aunque la idea de que el estado con su violencia impone la noviolencia pueda parecer una ocurrencia, la idea se la debemos a uno de los filósofos del derecho más importantes del siglo XX).
El gobierno y sus partidarios pretende eludir un conflicto real y que genera injusticia, bajo la apariencia de que con el cumplimiento de la ley y el acatamiento del poder es suficiente, y la acción directa lo que ha pasado es que ese conflicto oculto y latente se ha hecho visible y ha saltado a las agendas mediáticas, políticas y sociales, desvelando que donde aparentemente no pasaba nada, sí que pasa y provocando un cambio de relaciones de fuerza e, incluso, una dinámica en la que se pueden abrir nuevos escenarios de lucha social.
Por eso es comprensible que el poder reaccione bruscamente intentando apagar la llama del conflicto así encendida y amenazando con respuestas penales a quienes quieran llevar adelante actuaciones similares.
La llama de la acción directa y el cambio del modelo de participación
Es posible que la acción directa emprendida sea incompleta e imperfecta, pero tal vez su mayor potencialidad es que, a la vez, abre la vía a un ejercicio del propio poder y a la participación política diferente y desenmascara el rígido modelo actual basado en el cauce institucional de unas instituciones ocupadas principalmente por una élite política poliárquica y blindadas por mecanismos poco imparciales al efectivo pluralismo y a los intereses de las mayorías.
Por supuesto que llevándose la comida de los comercios no vamos a conseguir cambiar la situación y que los cambios tienen que ver mas con cambios estructurales profundos y distintos. Por supuesto que el contendiente no es mercadona o cualquier otro centro comercial, sino los intereses creados de ese híbrido financiero-político-social-burocrático neocapitalista y de su programa de ajustes duros.
Pero la acción desarrollada pretende aportar un contenido simbólico de escenificación de otra metodologia de lucha y de confrontación directa entre opulencia y carencia injusta.
Ello permite abrir el debate en los movimientos sociales y en la sociedad sobre ls metodologías de lucha a desarrollar y, desde nuestro punto de vista reclama mayor debate, mayor coordinación y pluralidad de actuaciones tanto de lucha como de alternativas al modelo actual.
Tal vez se acerca la oportunidad de elaborar colectivamente una verdadera campaña de desobediencia civil que englobe acciones directas noviolentas, acciones formativas y pedagógicas, y otras luchas sociales.
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Escrito por utopiacontagiosa
Fuente: Publicado por Utopía Contgiosa en el núm. 11 del periódico semanal “es Hora”
En la actualidad el debate político se encuentra muy encorsetado en el formalismo de un parlamento (en el que supuestamente se delibera “en nuestro nombre” el quehacer político de nuestras sociedades) en el que se escenifica la confrontación de ideas y propuestas y se adoptan las decisiones por mayorías de diputados teóricamente representativas de las preferencias de la ciudadanía.
Sin embargo, el parlamentarismo de mesa camilla que se ha implantado, se encuentra cada vez más alejado de las preferencia y expectativas sociales y lo supuestos representantes, ayudados por un sistema electoral muy pintoresco, más bien sobr-representan a la sociedad, sirven a sus propios intereses por encima de cualquier otra consideración y no son expresión ni de la pluralidad ideológica práctica de la sociedad, ni de lal participación social que se da en la calle.
Esta distancia entre los instrumentos e instituciones de hacer la política y la sociedad ha generado la implantación de un despotismo semiilustrado, clientelar y elitista que tiene como principal instrumento de referencia política a partidos políticos burocratizados y a políticos profesionales e instalados, junto con una amalgama de instituciones sectoriales que, a imitación de estos partidos, pretenden representar a la sociedad y actuar en su nombre en los distintos campos sociales (corporaciones, entidades de consumidores, sindicatos, colegios profesionales, etc.), pero sin contar en realidad con la gente de carne y hueso.
Todo ello ha provocado tanto el malestar político actual y la indignación (cada vez más organizada) de la gente más consciente, así como el distanciamiento de los ciudadanos respecto de las instituciones que, al menos aparentemente, se pensaron para el ejercicio del poder por el pueblo.
Es por eso que, mientras en las expectativas sociales aparecen como los principales problemas los relacionados con la vida cotidiana, la disfuncionalidad que provoca un sistema cada vez menos eficaz, la ineficacia o la corrupción de partidos políticos o de personajes allegados al poder, la mejora de la calidad de los servicios públicos, el logro de una seguridad humana definida como protección contra el paro o la explotación, aseguramiento de la salud, calidad de vida, medioambiente sano o el avance en derechos, las agendas políticas oficiales se esfuerzan en responder a otras cuestiones que poco o nada tienen que ver con éstas.
La práctica uniformidad de las propuestas políticas institucionales, centradas en sostener el modelo neoliberal y en mantener el status quo, y la falta de verdaderas alternativas “desde arriba”, ha hecho que la sociedad, que aspira a otra política posible y más “felicitante”, ponga sus ojos en otras herramientas de la acción política que le permitan ser dueña de sus decisiones y de su destino y resistirse a esta imposición de recetas de refuerzo del sistema que tanto nos perjudican en la vida cotidiana. En realidad estas “otras” formas de participación y de intervención política siempre han estado ahí y han sido practicadas por movimientos sociales de talante más o menos transformador en sus reivindicaciones y propuestas, pero que habían sido habitualmente ocultados o despreciados.
La acción directa noviolenta es uno de estos instrumentos. Su práctica en nuestra sociedad cuenta ya con varias décadas a sus espaldas y una honda tradición en el movimiento pacifista y antimilitarista, en su lucha por la desmilitarización social y en campañas como la de la insumisión al reclutamiento, objeción fiscal al gasto militar o denuncia de la militarización social, por ejemplo; en el ecologismo, en campañas contra la degradación ambiental y la especulación, contra la energía nuclear o en favor de un modelo de vida sostenible y verde; en movimientos de reivindicación por el tercer mundo, como las reivindicaciones de solidaridad del movimiento del 0´7% en su día.
En la actualidad la acción directa noviolenta también se ha incorporado a las metodologías del movimiento de indignados y son crecientes los talleres y reflexiones que diversos colectivos y asambleas van realizando para profundizar en ésta filosofía y en sus metodologías de intervención.
Curiosamente, son muchos de los grupos que en anteriores décadas han practicado este tipo de acción, como colectivos de antimilitaristas, noviolentos, ecologistas, etc., los que ahora apoyan y “entrenan” a los nuevos activistas en la acción directa noviolenta, generando con ello un fructífero intercambio y transmisión de experiencias, adaptadas ahora al momento actual.
¿Qué es la acción directa noviolenta? Leer el resto de esta entrada »
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Escrito por utopiacontagiosa
Fuente: artículo publicado por utopía Contagiosa en el periódico semanal es hora.
Cada día que pasa nos vamos dando cuenta de una manera más evidente de que el sistema político, económico y de vida en que nos vemos inmerso es insostenible. Lo que antes parecían meras disfunciones y pequeños cortocircuitos que podían ser enmendados con leves retoques, hoy se nos muestran en su más descarnada realidad como síntomas de que es el modelo en su conjunto el que hace agua por los cuatro costados.
Si antes cualquier crítica a las instituciones era aplacada por los que deciden lo que se puede (o no) pensar y hacer, mediante su apelación a la legitimidad del sistema y a ese consenso social en cuya base estaba la Constitución que, decían, “nos hemos dado entre todos” y su reforzado sistema de garantías para los poderes y la oligarquía de siempre, hoy descubrimos que esos “todos” que se dieron la Constitución (los hoy mayores de 54 años) no son ni siquiera la mitad del censo y es el sistema, y no sus críticos, quien necesita justificarse en cada una de sus actuaciones, ante la avalancha de tropelías e injusticias que provoca.
Elitismo político, sobrerepresentación, oligarquización del poder, participación paternalista y clientelar, autoritarismo, falta de participación efectiva, ausencia de pluralismo real, manipulación política, creciente distancia entre los de arriba y los de abajo, aumento de la pobreza y la vulnerabilidad para amplias capas de la sociedad, recorte de derechos básicos, despilfarro, corrupción, gobierno de los banqueros, estafas, prevaricaciones, deuda impagable y sobreendeudamiento familiar sobrevenido, burbuja financiera e hipotecaria, despojo de la vivienda para las clases humildes, paro y precarización laboral, recortes en sanidad y educación, impuestos injustos, gasto militar e injerencia en guerras que ni nos van ni nos vienen, represión a los jóvenes y a quienes protestan, justicia parcial, prima de riesgo, intervención y ausencia de soberanía, el rey cazando elefantes y un largo etcétera, dan muestra de que es el sistema el que debe dar explicaciones de sus pasos y de sus razones.
En este contexto la acción directa noviolenta y la desobediencia civil aparecen hoy como dos herramientas de lucha social ineludibles. De hecho gran parte de la reflexión de los grupos surgidos a partir de las protestas de los indignados y de la acción con la que reivindican cambios reales en la conducción política, económica o social de la crisis tienen mucho que ver con ambas. Nosotros ya abordamos hace unos cuantos años estas dos herramentas en el libro “Manual de acción Directa Noviolenta” que se puede descargar con licencia creative commons en el enlace http://es.scribd.com/doc/16554150/manual-accion-directa-noviolenta
1.- Desobediencia civil
La desobediencia civil es una herramienta ya antigua y que goza en nuestro país de una amplia y rica literatura y lo que es más importante, de una reciente práctica política, la de los objetores de conciencia e insumisos frente a las leyes militares de reclutamiento forzoso.
De forma muy simplificada puede describirse como una lucha colectiva y organizada de incumplimiento consciente, público y político a una ley o política “obligatoria” e impuesta por el poder, cuya finalidad es obligar a un cambio de esa ley o política.
La desobediencia civil puede participar de varios de los elementos de otros tipos de desobediencia a las leyes, pero tiene características propias que la convierten en una metodología y en una práctica singular y de un innegable contenido político:
• Es una desobediencia; lo que comporta ilegalidad, enfrentamiento con la ley.
• Es una desobediencia pública, no oculta o escondida, que busca precisamente la publicidad como instrumento eficaz de desenmascaramiento de la perversidad que denuncia.
• Es una desobediencia colectiva, no privada ni individualista.
• Es una desobediencia organizada en campañas previamente diseñadas y evaluables, que intenta ser implicativa, es decir, atraer al mayor número de gente.
• Tiene una intencionalidad práctica: conseguir logros, no ser puramente testimonial o victimista.
• Debe ser respetuosa con los “derechos humanos”.
• Se asumen las consecuencias de la acción desobediente como una parte importante de la propia estrategia política desde la que aprovechar nuestras oportunidades de acción, sensibilización social y rechazo de las imposiciones legales o políticas que se combaten.
La idea de la desobediencia civil, desde nuestro punto de vista, ha contado con dos enfoques distintos y, a veces, enfrentados:
Para el primero de ellos es un modo de apelar a la opinión pública o a la sociedad con la intención de que se sensibilice y movilice contra determinadas leyes o políticas que se consideran injustas o para que muestre su rechazo a determinadas políticas gubernamentales, provocando con ello un cambio.
Dicha concepción tendría una vocación reformista y puntual, es decir, pretende cambiar leyes injustas dentro de un marco global de aceptación del sistema político. Desde este punto de vista, y puesto que apela a la perversión de determinadas políticas o leyes, sus justificaciones pueden ser legales (los valores principales de las constituciones), éticas (los valores comunes compartidos por la sociedad), políticas (los fines que persigue una sociedad política), filosóficas (los ideales de justicia y bien común compartidos), etc.
Para el segundo, la desobediencia civil tiene una característica diferente, y su apelación al incumplimiento de leyes no busca conseguir meras reformas legales o el cambio de políticas puntuales, sino servirse de la desobediencia para provocar transformaciones más profundas y movilizar a la gente a un cambio de postura política “más allá” del sistema.
Si utilizamos el símil de un teatro donde a cada protagonista le corresponde de antemano representar un papel, la primera desobediencia podría buscar cambiar algún párrafo del guión, o el papel de un/a protagonista del mismo, mientras que la segunda podría implicar la pretensión de, mediante la no colaboración, cambiar el guión de la obra, el escenario y l@s protagonistas o, incluso más, representarla en otro sitio diferente o fabricar una obra completamente nueva y antagónica con la primera.
En el momento actual, el debate sobre qué horizonte aspira a conseguir la desobediencia civil, está siendo rico dentro de los movimientos sociales que apoyan o se sienten parte del movimiento de indignados y, cómo no, dentro de la reflexión y la práctica del mismo movimiento de indignados.
2.- Desobediencia Civil desde el enfoque radical:
Nosotros creemos que la desobediencia civil donde, en la actualidad, tiene mayor densidad de contenido, es en el enfoque radical. Este conlleva otra serie de características que la definen más completamente:
• ES UNA DESOBEDIENCIA IDEOLÓGICA O POLITIZADA. Se encuadra dentro de un proyecto político alternativo al sistema mundial.
• BUSCA TRANSFORMACIONES RADICALES. Porque no se conforma con ir contra las consecuencias de un sistema global de injusticia y pretende incidir y atacar sus causas más profundas.
• ES POPULAR. Busca un trabajo asambleario, sin delegación y centrado en los intereses y posibilidades de la gente.
• ES ACTIVA. Promueve la implicación de la gente en todos los momentos de su desarrollo, desde el diseño hasta su ejecución y evaluación.
• ES PEDAGÓGICA. Quiere formar parte de un aprendizaje compartido de nuevas prácticas sociales.
• ES CONTINUADA. No aspira a atacar un hecho puntual ni se conforma con conseguir un logro concreto, sino que forma parte de una práctica continuada de resistencia frente al sistema
• DE BASE Y ASAMBLEARIA (horizontal). No hay una élite dirigente; no hay líderes, no busca la instrumentalización política ni generar nuevas jerarquías o especialistas revolucionarios o vanguardias.
3.- Desobediencia Civil desde un enfoque radical y alternativo.
Desde nuestro punto de vista existen dos condiciones más que convierte a la desobediencia civil en una herramienta útil desde un enfoque radical y alternativo:
• ES UNA DESOBEDIENCIA NOVIOLENTA. Busca la coherencia medios-fines, renuncia radicalmente a la violencia política y se propone frente a las violencias (directa, estructural, cultural, sinérgica) como un modelo alternativo de acción política y de práctica de “democracia directa”.
• ES UNA LUCHA PARALELA A LA CREACIÓN DE UNA ALTERNATIVA y no sólo se conforma con desobedecer, sino que propone y construye con la práctica política cotidiana un horizonte de sentido alternativo y posible.
4.- Desobediencia como política planificada o como marco referencial.
La inmensa mayoría de l@s desobedientes de carne y hueso ha insistido en la necesidad de organizar la desobediencia civil en campañas políticas amplias y coordinadas, que planteen objetivos y contenidos claros y pedagógicos, que aborden los aspectos de protesta, reivindicación, difusión y sensibilización, búsqueda de apoyos sociales y políticos, enfrentamiento de la represión, etc.; que pueda ser evaluada y reorientada si es necesario, etc.
Pero la desobediencia civil además de estar planificada en campañas políticas puede ser pensada en términos de marco referencial de las campañas políticas contra el sistema. En este marco referencial se incluye, además de la planificación, una ética política con hondas implicaciones:
• en la forma de organizarse: colectiva, de base y asamblearia.
• en la metodología de trabajo: noviolenta.
• en los objetivos: transformaciones radicales y con alternativas posibles.
Efectivamente, una lucha global contra el sistema, pretende utilizar una doble dinámica: de oposición y negación del orden vigente (marco referencial desobediente) y de construcción en paralelo de poder social y de contraste (marco global alternativo), con lo que, fijados en estos dos horizontes, las campañas deben articular instrumentos desobedientes y propuestas alternativas, pero sin perder nunca el horizonte de la doble dinámica: seguir desobedeciendo / seguir construyendo.
5.- La Desobediencia Civil debe plantearse como marco referencial activo.
Siguiendo con el ejemplo teatral que comentábamos más arriba, el marco referencial se podría asimilar con el decorado de la obra teatral. Este decorado podría ser un mero adorno estético, más o menos innecesario, más o menos intercambiable por cualquier otro relacionado (marco referencial pasivo), pero también podría ser un escenario que define la obra de teatro, que la condiciona en su desarrollo, en sus personajes, en su trama (marco referencial activo). En nuestra opinión, la D.C. debe ser un marco referencial activo porque tiene muchísimas implicaciones éticas y políticas que condicionan la actuación política.
Por ello, no compartimos la visión de la D.C. como una moda política más o menos efímera, sino como una construcción ideológica y práctica que caracteriza y enmarca la actuación de los grupos de base radicales y alternativos.
Desde esta concepción de la desobediencia como marco referencial activo es más difícil la manipulación de las luchas o que el poder “conceda” pequeños avances legales con el fin de lograr nuestra desmovilización.
6.- Desobediencia civil y movimientos alternativos.
Desde nuestro punto de vista esta concepción radical de la desobediencia civil puede muy bien incorporarse a las agendas contrarias al nuevo orden mundial y ser atractiva para movimientos y sensibilidades de tradiciones políticas diferentes (ecologismo, feminismo, pacifismo, sindicalismo, desarrollo solidario, educación, etc.), permitiendo extender nuestras luchas y resistencias más allá de las políticas gubernamentales y estatales, a otras instancias de poder “autónomas” o “transfronterizas”, tales como las multinacionales económicas, los grupos transnacionales de poder, los mass media, las alianzas militares, etc., que no están exclusivamente relacionados con el poder del Estado pero que tienen capacidad para influir en la construcción de un orden mundial injusto.
A su vez, una desobediencia radical como la que estamos señalando permite mejores condiciones para lanzar a la sociedad adormecida una práctica pedagógica de toma de conciencia y un posicionamiento activo frente a las imposiciones de los poderes de toda índole.
7) La a.d.n. y la desobediencia civil.
Según nuestro criterio, la desobediencia civil sería el marco referencial activo de la a.d.n. Así, con las acciones directas noviolentas no se pretenderían ejecutar posturas personalistas o simplemente desobedientes, sino que se buscaría una honda transformación social por medio de la conjunción de actos desobedientes y de actos en los que se construye una alternativa radical y posible al sistema. Por otra parte, las a.d.n. serían uno de los puntales prácticos con los que desarrollar la campañas de desobediencia civil. Con ello queda demostrado que la interrelación entre a.d.n. y desobediencia civil es íntima, necesaria y efectiva políticamente.
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