Fuente: Real Decreto Ley 19/2012 de medidas urgentes de liberalización del Comercio de 25 de mayo
Todos sabíamos que Morenés procede del sector de la venta de armas. El ministro tiene vocación de vendedor de armas y no de ministro.
Tal vez por esa razón ha impulsado que el pasado sábado 25 de mayo, el gobierno legisle la autorización de que el Estado, como Estado, venda a otros estados armamento.
La norma aparece en el contexto de los contratos encargados a España (al rey primero y a Morenés después) por Arabia Saudí para adquirir entre 200 y 300 tanques Leopard, aunque permitirá hacer contratos de este tipo con otros estados.
1 ¿Qué dice literalmente la norma que autoriza a España como estado a vender armas?
Según el artículo 6 de esta norma” El Ministerio de Defensa, en cumplimiento de los términos establecidos en un contrato celebrado entre el Gobierno de España y otro Gobierno extranjero, podrá llevar a cabo las actuaciones de contratación en nombre y representación de dicho Gobierno extranjero, supervisión, apoyo logístico y transferencia de tecnología necesarias para la entrega al mismo de un determinado material de defensa“.
El estado “comprador”, por su parte, debe (Artículo 7) garantizar todo lo que cueste esta labor de mediación económica: ”Las responsabilidades asumidas por el Ministerio de Defensa en virtud del contrato celebrado entre el Gobierno de España y un Gobierno extranjero deberán estar suficientemente garantizadas por este último“.
Ello quiere decir que un estado, supongamos un estado canalla, o un estado fallido, o un estado con un dictador al mando, encarga al ministerio de defensa que compre armas para él. El Ministerio las compra, el estado canalla las paga, el Ministerio de Defensa supervisa que todo esté bien y asunto resuelto. ¿Cómo ha previsto el gobierno que se controlen estas actividades suyas, cómo se informará en el Congreso y cómo se aprobarán estos turbios negocios armamentísticos?
¿Quiere decirse que hemos reconvertido este ministerio en una franquicia de las industrias militares? No estamos muy seguros. Sigamos leyendo.
Según parece deducirse de la norma, España no gana nada a cambio de todo esto. El artículo 9 dice que “En ningún caso el material de defensa, cuyo suministro fuere contratado por el Ministerio de Defensa, al que hace referencia el artículo 8.1 pasará a formar parte del patrimonio de las administraciones públicas”,
En cuanto a las condiciones y garantías para el Miniserio de Defensa por este favorcillo gratuito a otros Estados en sus negocios de compra de armamentos, los señala el artículo 11, bastante farragoso pero digno de lectura atenta (ponemos más adelante el texto del artículo) según las cuales España se garantiza que antes de dar un paso, tiene la pasta en una cuenta del Ministerio de Defensa, que si hay retrasos de pago o similares se los descuenta de otros contratillos o cuentas con dicho estado y que ante cualquier eventualidad saca partido. Veamos el texto:
Sin perjuicio de lo que se establezca en el contrato suscrito entre el Gobierno de España y otro Gobierno extranjero, y en todo lo no previsto en este título, la celebración de contratos para la ejecución de las actuaciones previstas en el artículo 8.1 se regirá por la normativa vigente en materia de contratos del sector público.
2. Se incorporará al expediente de contratación el documento que acredite la disponibilidad de los fondos necesarios para la adquisición de un compromiso de gasto, emitido por la entidad de crédito en que esté situada la cuenta de situación de fondos referida en el artículo 12.
3. Las garantías financieras a prestar en los contratos celebrados con el Ministerio de Defensa, serán depositadas en la misma entidad de crédito en la que se hubiere abierto una cuenta de situación de fondos. La responsabilidad en la gestión de dichas garantías corresponderá, en todo caso y con carácter exclusivo, al Ministerio de Defensa.
En caso de que la garantía se preste mediante aval, el mismo deberá constituirse con carácter solidario y con renuncia al beneficio de excusión.
En caso de que la garantía se constituya mediante contrato de seguro de caución, serán de aplicación las siguientes normas:
a) El Gobierno extranjero deberá tener la condición de asegurado.
b) En caso de incumplimiento del tomador del seguro, la indemnización que se derive del contrato de seguro de caución deberá ser ingresada en la cuenta a la que hace referencia el artículo 12.
c) El contrato deberá celebrarse con entidades aseguradoras habilitadas para operar en España en el ramo de seguro de caución.
4. La imposición de penalidades al contratista en caso de demora, se hará efectiva mediante la deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiere constituido, cuando no puedan deducirse de las retenciones practicadas sobre la cuenta de situación de fondos del Gobierno extranjero.
5. En los casos en los que, conforme al ordenamiento jurídico español, en el ejercicio de las actuaciones señaladas en el artículo 8.1, el Ministerio de Defensa sea responsable de daños y perjuicios ocasionados por el contratista a terceros como consecuencia inmediata y directa de una orden dada o como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por aquél mismo para el suministro de fabricación, las indemnizaciones por daños y perjuicios se ejecutarán contra la cuenta de situación de fondos del Gobierno extranjero.
6. En caso de que el Ministerio de Defensa, actuando en virtud de la representación asumida, demorase el abono del precio por realización total o parcial de un contrato, los intereses por tal demora y la indemnización por costes de cobro se ejecutarán contra la cuenta de situación de fondos del Gobierno extranjero.
7. En caso de suspensión del contrato a instancia del Gobierno extranjero, se abonarán al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos con cargo a la cuenta de situación de fondos del Gobierno extranjero.
8. En caso de extinción del contrato por cumplimiento, si se produjera demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho a percibir los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro con cargo a la cuenta de situación de fondos del Gobierno extranjero.
9. En caso de resolución del contrato por la causa prevista en el artículo 223.g) del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, los intereses de demora e indemnizaciones que correspondan se ejecutarán contra la cuenta de situación de fondos del Gobierno extranjero.
El siguiente artículo del texto legal dispone que para hacer estos trabajillos el Ministerio de Defensa tendrá cuentas abiertas para que metan ahi los fondos los gobiernos extranjeros y poder tirar de este dinerillo: “Artículo 12. Cuentas de situación de fondos destinadas a financiar la adquisición de material de defensa por un Gobierno extranjero.
1. Para la realización de las actividades previstas en el artículo 8.1 el Ministerio de Defensa podrá, actuando por cuenta de un Gobierno extranjero, en virtud de un contrato celebrado entre el Gobierno de España y otro Gobierno extranjero, administrar cuentas de situación de fondos abiertas por aquél en entidades de crédito con domicilio en territorio español, así como contratar su apertura.
2. La apertura de la cuenta de situación de fondos deberá contratarse de modo que únicamente el Ministerio de Defensa esté habilitado para extraer y retener fondos de la misma.
3. Para la apertura de la citada cuenta de situación de fondos por el Ministerio de Defensa, el expediente de contratación deberá ajustarse a lo dispuesto en la normativa sobre contratos del sector público, mediante procedimiento negociado con un mínimo de tres ofertas y sin necesidad de exigir prestación de garantía definitiva. Los contratos contendrán necesariamente una cláusula de exclusión de la facultad de compensación con otros fondos depositados por el Gobierno extranjero en la misma entidad de crédito.
Realizada la adjudicación y formalizado el contrato, se comunicarán tales extremos al Gobierno extranjero con expresión de la fecha a partir de la cual comience la ejecución del mismo.
4. El Ministerio de Defensa podrá suscribir convenios con las entidades de crédito, tendentes a determinar el régimen de funcionamiento de las cuentas abiertas para los fines expresados en este título en que se encuentren situados los fondos de Gobiernos extranjeros y, en especial, el tipo de interés al que serán retribuidas, las comisiones a pagar, en su caso, los medios de pago asociados a las mismas y las obligaciones de información asumidas por las entidades de crédito.
5. El Ministerio de Defensa, en relación con las referidas cuentas, podrá recabar, del órgano administrativo gestor o de la correspondiente entidad de crédito, cualesquiera datos tendentes a comprobar el cumplimiento de las condiciones en que se autorizó la apertura de la cuenta.
6. Semestralmente se remitirá a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, información sobre la evolución y situación de las cuentas de situación de fondos.
¿Quién y cómo se controlarán las actividades de la cuenta bancaria que dedique Defensa a estos negocios? ¿Podrá Defensa usar estos dineros (suponemos que muy cuantiosos) para otras actividades, por ejemplo, aliviar la deuda de los Programas Especiales de Armamento, 37.000 millones de euros?
2.- ¿Tiene este galimatías una explicación logica?
Según refieren varios de los medios militaristas que han comentado esta noticia, como Infodefensa y ateneadigital, España no gana nada de todo esto. Ahora bien ¿Por qué entonces lo hace?, ¿Que sentido tiene?
Diremos en primer lugar que no es cierto que no se saque beneficio económico por parte de Defensa. De hecho, Defensa cobra no sólo por el precio mondo y lirondo de las armas que compra para el Estado comprador, sino que a éste se añade el de los servicios de “verificación”, “control”, etc. que asume, así como que el estado amigo previamente le deposita en cuentas del Ministerio de Defensa pingues cantidades económicas con las que negocia estos contratos y que, como toda cuenta que se precie, dará réditos dados los volumenes de que estamos hablando (por ejemplo, la compra de entre 200 y 300 tanques leopard para Arabia Saudí, que es el primer encargo que tiene España, suponen 3.000 millones de euros de volumen mínimo por este negocio, dinero que los saudíes depositarán en esas cuentas gestionadas por Defensa).
El propio artículo 13 de la norma dice que “ Los costes derivados de las actividades previstas en el artículo 8 serán cargados directamente a la cuenta de situación de fondos del Gobierno extranjero.
2. Los gastos ocasionados al Ministerio de Defensa por la prestación de servicios que se deriven de la realización de las actividades descritas en el artículo 8 serán reembolsados, con cargo a la citada cuenta, mediante ingreso a favor del Tesoro Público.”
Ahora bien, veamos otros efectos colaterales de este tipo de negocios:
Uno, ofrece dinero inmediato y líquido, fuera de los presupuestos generales y del control político, a un ministerio, el de Defensa, prácticamente quebrado.
Dos convierte al Ministerio de Defensa en un contratista privilegiado (sus negocios con otros estados tienen la naturaleza de tratados internacionales, a máximo nivel de seguridad jurídica internacional) de la venta de armas.
Tres, el Ministerio de Defensa privilegiará ciertas contrataciones de compraventa de armamentos, principalmente grandes sistemas de armas sofisticadas, con otros Estados, pudiendo con ello determinar políticamente relaciones internacionales, conflictos y otras tropelías en función de los intereses estratégicos que defiende el ejército. Por poner un ejemplo que aclara lo que queremos decir, esta fórmula de venta de armas “de estado a estado” se emplea en la actualidad por Estados Unidos, Alemania, Francia y Reino Unidos (ahora por España) y deja claro que privilegia los intereses geopolíticos de estos países.
Cuatro. Privilegiará a las industrias militares que España quiere consolidar como base de su estrategia de fortalecimiento de una industria de defensa estratégica y puntera y, también, como base de nuestra política comercial y de exportaciones.
Quinto. Por su posición dominante y su capacidad de distribuir ingentes prebendas entre las industrias militares, el Ministerio de Defensa se dota de la la fuerza precisa para imponer criterios y renegociar sus demandas de armamentos propios con dichas industrias: amor con amor se paga y el Ministerio de Defensa puede condicionar las compras de armas para otros países en función de lo que le ofrezcan por los contratos propios.
Sexto. Fomentará el armamntismo y el crecimiento de la venta de armas.
Septimo. España, como estado, tendrá un papel de exportador de armas, conflictos y guerras, lo que nos sitúa como potencial enemigo de estados que se puedan sentir amenazados por nuestras ventas de armas.
Octavo. En el corto plazo, el Ministerio de Defensa conseguirá plazos suplementarios para abordar su deuda militar propia.
Noveno. En concreto, en la actualidad este negocio se está pesando para vender entre 200 y 300 tanques Leopard a Arabia Saudí, por un precio superior a 3.000 millones de Euros, lo que supone una inyección para las fábricas de armas de Sevilla (donde se van a fabricar) de unos 3.000 millones de euros. Que esta venta incremente la conflictividad militar en la región árabe, que Arabia no se caracterice por su defensa de los derechos humanos precisamente y cualquier otra consideración ética no parecen importantes. Como además el Estado tiene acciones de estas industrias militares, la ganancia lo es por partida doble.
3.- ¿Qué ganan los países compradores con esta fórmula?
Principalmente ganan en que se quitan líos, simplifican los trámites y eluden los obstáculos para la venta de armas que en otro caso podrían tener.
Al contratar de estado a estado, aunque el precio a pagar será mayor, ahorran en que no tienen que montar instrumentos específicos para la verificación y puesta a punto, que son muy caros, y se aseguran los suministros durante un cierto tiempo previamente acordado, dado que las industrias militares seguramente nunca les dejarían hacer verdaderas transferencias de sus tecnologías ni producir en sus propios paises estos sistemas.
Pero, teniendo en cuenta los previsibles clientes de este tipo de operaciones, el ahorro es político al no tener que someterse a normas rígidas sobre los derechos humanos y otras lindezas, saltando un trámite de tener que disfrazar las verdaderas intenciones guerreristas que los llevan a comprar estos sistemas de armas.
¿Qué ganarán los pueblos? probablemente, como siempre, poco o nada. En principio la compra de armas empobrece a los pueblos y hace que el dinero público se destine a esto en vez de a desarrollo social. Por otra parte, la compra de armas no suele tener una intención decorativa y es evidente que pueden ser usadas para agredir a los de al lado o, según los casos, a los propios.
Tampoco la población de los países vendedores mejora mucho, por cuanto que la militarización del comercio es un perjuicio generalizado, los beneficios de las industrias militares o recen en la población, sino en los dueños de las patentes y en los accionistas de estas industrias.
En tercer lugar, las industrias militares tienen la mala fortuna de ser algo parecido al caballo de Atila, que done las ponen, no vuelve a crecer la hierba: efectivamente, el monocultivo militar empobrece a los pueblos, los convierte en dependientes absolutos de la exportación y venta de armas (por tanto de la constante producción de conflictos y justificaciones militares para vender más armas) y les impde un desarrollo humano y sostenible.
Escrito por utopiacontagiosa 
Por nuestra parte queda claro que la fabricación y venta de armas es un crimen contra la humanidad y ambos deberían prohibirse.
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