Los días 20 y 21 de Mayo, la Unidad de Emergencia Nacional (UME) ha organizado un simulacro de crisis para ver si los protocolos de emergencia nacional diseñados funcionan.
La hipótesis en que se ha basado el simulacro, en coherencia con la expansión de la visión militarista de las catástrofes a escenarios tradicionalmente civiles, es que por un accidente de un vehículo pesado en una carretera nacional se van desencadenando diversas situaciones críticas que gradualmente empeoran, hasta provocarse un incendio forestal que afecta directamente a la Comunidad Valenciana y a Castilla-La Mancha.
En este ejercicio participan la Unidad Militar de Emergencias, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, la Dirección General del Medio Natural y Política Forestal, el Consejo de Seguridad Nuclear, la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, el Estado Mayor Conjunto y la Dirección General de Política de Defensa. También intervendrán la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Generalitat Valenciana, así como las Delegaciones del Gobierno de ambas comunidades autónomas.
Desconocemos aún el coste del simulacro, pero por el despliegue de medios suponemos que no será nada barato. Lo penoso no es, sin embargo, esto, sino que el Estado, lejos de dotar suficientemente de medios civiles para responder a crisis civiles, haga esta dejación y ponga en manos de los ejércitos temas como apagar fuegos u otros que no deberán militarizarse.
